Ni estaban de turismo ni viajaron para sumarse a las protestas que estallaron con la excusa de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Eran squatters (okupas) anarquistas que vivían desde hacía años cerca de Barcelona, instalados en el tejido del movimiento antisistema, del cual la Ciudad Condal es una meca mundial. Son los italianos Sara Caterina Casiccia, de 38 años, Luca Callegarini, de 35, Ermanno Cagnassone, de 30, Alberto Frisetti, de 25, Emanuele Agliano y Danilo Infantino. Uno de estos dos últimos tiene 23 años. Se les acusa de tentativa de homicidio después de que el pasado sábado 27 de febrero prendieran fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro. El policía escapó ileso por la puerta del copiloto. Casiccia fue la que arrojó el líquido incendiario. Los demás le aportaron cobertura.
“Como se puede ver en los vídeos del ataque a la furgoneta, están perfectamente organizados. No atacan todos a la vez, salen puntualmente del grupo y cada uno ejecuta una acción diferente, mientras hay otros que los coordinan”, apuntan fuentes de la Guardia Urbana a EL ESPAÑOL.
Junto a ellos, hay otras dos detenidas, de nacionalidad francesa y española. Son ocho en total, y están acusados, además, de reventar cinco sucursales bancarias, una tienda de Zara y la entrada de un hotel NH. Fuentes de los Mossos d’Esquadra no descartan que se trate de un grupo que alcance la docena y la investigación sigue en curso. En total, hay alrededor de 130 arrestados por las protestas. Los italianos son todos de Turín y de pueblos de alrededor, mientras que uno tiene origen toscano. Están en prisión preventiva sin fianza.
Los nombres, revelados hace unos días por el diario turinés La Repubblica, han puesto rostro nuevamente a un problema que Barcelona arrastra desde hace años: la impunidad con la que estos movimientos se han asentado en una ciudad que ahora arde sin sorpresa cada vez que hay protestas. Al problema se suma que sus socios antisistema en las instituciones, la CUP, tienen la llave del futuro Govern y exigen una revisión del modelo policial, entre otras demandas. La determinación de Junts y ERC por no abrirse a coaliciones que no sean independentistas puede poner al lobo a cuidar del gallinero.
Viejos conocidos
Los perfiles en redes sociales del grupo de italianos no esconden las representaciones anarquistas, referencias a personajes del movimiento como Bob Black o el odio hacia la policía. También compartían todo tipo de proclamas contra el sistema, entre ellas, publicaciones negacionistas de la pandemia o alegatos a favor de la violencia callejera en las manifestaciones de Chile de 2019. Casiccia se dedicaba a la producción audiovisual en círculos culturales undeground y alternativos. También al circo, al igual que parte del entorno de amistades del grupo.
Algunos conocidos suyos han hablado sobre su inocencia y apuntan a que todo se trata de un montaje policial contra el movimiento anarquista. “El contexto en el que conozco a esta gente no es el de un grupo anarquista organizado, sino el de la cultura clandestina”, aseguró una de las amigas de Casiccia a un portal italiano.
Sin embargo, eran viejos conocidos de las protestas que se desataron en Barcelona en otoño de 2019 después de la sentencia contra los líderes del referéndum independentista del 1 de octubre. Los detenidos habían sido identificados en varias ocasiones y uno de ellos tenía una causa pendiente en un tribunal de Valencia.
En otoño de 2019, como ahora, las calles de la Ciudad Condal se llenaron de pintadas anarquistas “1312” o “ACAB” (“Todos los Policías Son unos Bastardos”), algo que daba pistas de que el fenómeno iba mucho más allá del independentismo o el hartazgo de los jóvenes. En la furgoneta que ardió dejaron su impronta con una A anarquista. La misma simbología se ha encontrado en las casas okupas del Maresme, cerca de Barcelona, donde vivían y que esta semana han sido registradas por los Mossos.
En los squats -como se llama a estos centros en el léxico okupa- La Kanka, en Canet de Mar, y Nabat, en Mataró, la policía autonómica encontró material para participar en actos de guerrilla urbana. En su interior había otros seis individuos que no fueron detenidos. Las dos casas nacieron hace relativamente poco, en 2017 y 2018, respectivamente y, según recogieron medios locales, los vecinos no tenían relación con ellos. Estos relataron algún que otro incidente violento como que, en una ocasión, uno de ellos salió de una de las casas machete en mano en postura amenazante.
“Son grupos de ideologías muy diversas, donde no solo hay italianos, sino de todas las nacionalidades. Están organizados para conseguir su subsistencia a través del menudeo de drogas u otros trabajos precarios. Malviven y son nómadas, y cuentan con una amplia red internacional. También hay muchos que tienen adicciones y que son toxicómanos”, dicen las fuentes policiales de la Guardia Urbana a este periódico.
Las mismas fuentes apuntan que dentro de los grupos también se organizan para su defensa jurídica, tienen sus propios medios de contrainformación y se coordinan para llevar a cabo acciones como la ocurrida el pasado sábado contra el furgón de la Urbana. Tampoco es un secreto para la policía que, en esas casas, además de conciertos y actividades culturales, se da formación en tácticas de combate callejero.
Soporte institucional
La Kanka y Nabat son solo dos del aproximado centenar de “Centros Sociales Okupados y Autogestionados” activos -conocidos como CSOA- que se esparcen por la provincia de Barcelona. En uno de los vídeos de la intervención de los Mossos puede verse una pegatina del CSOA Terra di Nessuno de Génova. Ante la política dura de países como Italia o Francia hacia estos espacios, han encontrado en Barcelona un refugio del que pocos se quieren mover.
“Vienen aquí porque se vive bien y porque tienen un soporte desde las instituciones”, dicen las fuentes de la Guardia Urbana. “El apoyo se produce ahora mismo a los tres niveles: desde Madrid, donde hay un partido desde donde se alientan las protestas y con personajes como Jaume Asens, que ha desarrollado su carrera como abogado en la defensa del movimiento okupa en el barrio de Sants; desde la Generalitat, donde la CUP tiene la llave para gobernar, y desde el ayuntamiento de Barcelona dirigido por Ada Colau”, agregan.
El conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, señaló directamente a las juventudes de la CUP, Arran, por estar detrás de las protestas violentas de estos días. Los jóvenes antisistema lanzaron este tuit la noche que ardió la furgoneta: “Hasta que caigan todos aquellos responsables de nuestro malestar: los que nos dejan sin casa, sin trabajo, nos reprimen y nos quitan toda perspectiva de futuro”. El mensaje estaba acompañado por una foto de la furgoneta policial en llamas, cuando el agente todavía estaba dentro.
Sus representantes mayores tampoco han condenado la violencia, siendo el único partido catalán que no lo ha hecho. Su número uno, Dolors Sabaté, se negó nuevamente a adoptar una postura contraria a los manifestantes alegando que se criminaliza la protesta social, aunque reconoció que el incidente de la furgoneta marcó un límite: “Que pueda haber riesgo para la vida, marca un límite", dijo en declaraciones a RAC1. Pero, aun así, todas las intervenciones públicas de los políticos antisistema han justificado las escenas, al igual que Arran, por la “violencia estructural” que sufren los jóvenes y movimientos como de los que forman parte colectivos como el de Casiccia.
Según el investigador experto en grupos violentos Joan Caballero, no se puede establecer una relación directa entre Arran y grupos anarquistas como el de los detenidos. “Son un movimiento heterogéneo y clandestino, con líderes invisibles y una amalgama de ideologías. Cada uno tiene su tarada. Lo que comparten es su odio al sistema”, apunta el investigador. “No se muestran como una organización para no ser ilegalizados”, dice. Pero, de hecho, están organizados bajo un amplio paraguas: tienen modus operandi similares y comparten, por ejemplo, manuales de okupación y de defensa jurídica.
Sobre Arran, Caballero apunta que se trata de un grupo contra el que los fiscales han advertido por la “permisividad” con la que opera. Sus ataques han ido contra objetivos que van desde autobuses turísticos en Barcelona a medios de comunicación, como cuando reventaron la redacción de Crónica Global, socio de EL ESPAÑOL en Cataluña. “Si fuese un grupo neonazi estaría cortado de raíz”, asegura.
Oasis okupa
La explosión del movimiento okupa se remonta en Barcelona en 2014 con el desalojo del centro okupado de Can Vies, en el barrio de Sants. Entonces, según Caballero, “ya pueden observarse enfrentamientos duros, un movimiento totalmente internacionalizado con brazos armados con experiencia y preparados para la lucha en la calle”.
El conflicto, sin embargo, llevaba tiempo gestándose. Los okupas proliferaron en Barcelona a finales de los 80 y en la década de los 90, hasta convertirse en un referente para grupos de otros países. Las brigadas de información policiales ya alertaban a finales de los 2000 de una presencia extranjera que iba en aumento. El primero de mayo de 2004 y 2005, la capital catalana ya fue escenario de la celebración de la jornada reivindicativa antisistema “Mayday” que se reproduce en diferentes capitales europeas .
Ese mismo año, la celebración del Foro Social del Mediterráneo reunió a más de 5.000 miembros de diferentes movimientos de todo el mundo en la ciudad, que derivaron en “cinco manifestaciones y la explosión de dos artefactos de fabricación casera contra intereses italianos”, según relató el excomisario de los Mossos fallecido en 2016 Daniel Piqué i Batallé. Este es autor de la polémica táctica policial “El Síndrome de Sherwood”, denunciada por estos colectivos.
“Se ganan la vida aportando su experiencia en otras guerrillas urbanas, como es el caso de los Black Block de Hamburgo, cuya presencia y manual de lucha callejera se detectaron en las protestas en Barcelona en 2019”, apunta Caballero. Según el investigador, los más experimentados son recibidos en los CSOA barceloneses con un aura de “héroes”. “Desde allí captan a los más jóvenes, adolescentes de 13 y 14 años, a través de conciertos en las casas okupas, donde son atraídos con bebida barata y pueden sentirse transgresores”, afirma el experto.
Que Barcelona se haya convertido en un puerto seguro para el anarquismo internacional se debe también a que la policía ha estado centrada casi exclusivamente, en los últimos años, en la investigación de la amenaza yihadista. “Pero no de la interna”, dice Caballero.
El experto señala las conexiones del movimiento okupa y anarquista barcelonés con el de Burgos, en el barrio de Gamonal, o con nombres como el chileno Rodrigo Lanza o los miembros del Comando Insurreccional Mateo Morral, detrás de la colocación de bombas en las catedrales de la Almudena (Madrid) y el Pilar (Zaragoza) en 2013. Los últimos fueron detenidos en Barcelona y su causa posteriormente arcihvada, mientras que Lanza ya había sido condenado en 2008 por dejar tetraplégico a un guardia urbano en la Ciudad Condal, antes del homicidio de Víctor Láinez en Zaragoza en 2017.
Hooligans y políticos
La CUP siempre se ha relacionado, directa o indirectamente con todo este entramado. Miembros conocidos del partido como el exdiputado David Fernàndez, han sido asiduos del movimiento antisistema barcelonés. En concreto, Fernàndez, fue uno de los fundadores del Ateneu Independentista La Torna en el barrio de Gràcia, donde seis skinheads izquierdistas (SHARP) dieron una paliza a cinco ucranianos unionistas y anti-rusos en 2014, hechos por los cuales fueron condenados a cuatro años de prisión.
Uno de los skinheads pertenecía a “Desperdicis”, la facción hooligan del equipo de barrio Unió Esportiva Sant Andreu, que cuenta con un largo historial delictivo. La organización tiene lazos con otros grupos de extrema izquierda del entorno del fútbol como los “Biris” del Sevilla o los “Bukaneros” del Rayo Vallecano de Madrid. “Su objetivo es imponer sus ideas en la calle a través de la violencia”, señala Caballero.
“Los violentos y hooligans han tenido relación con personas que llegan a la política de primer nivel y siguen manteniendo discretas relaciones de cualquier tipo”, añade el investigador.
En la política de primer nivel, los principales partidos independentistas negocian ahora con la CUP la formación del gobierno en Cataluña. Los sindicatos policiales ven con preocupación que se hagan cesiones al partido antisistema en materia de gestión policial, “porque son ellos desde las instituciones quienes dan amparo al violento movimiento antisistema radicado en la ciudad”, dicen a este periódico desde SAPOL, un sindicato de la policía local de Barcelona.
Por su parte, el conseller d’Interior Sàmper ya ha lamentado que ERC se haya comprometido a firmar un acuerdo con los anticapitalistas que limitaría el uso de las balas de foam y gas pimienta por parte de la policía. “Estamos con el culo al aire”, concluyen las fuentes de la Urbana.
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