Después de que Pere Navarro, director general de Tráfico, cumpliera su sueño de reducir a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima genérica dentro las localidades de España, los controles han proliferado por doquier. Ya sabe, desde el pasado 11 de mayo ésa es la nueva velocidad máxima intramunicipal en las calles de un solo carril o de un único carril por sentido de circulación, una medida que afecta a entre un 60 y un 70 % de las calles de este país. Como consecuencia, las autoridades, tanto estatales como municipales, han sacado a la calle todo tipo de radares móviles para controlar que los conductores estén cumpliendo la nueva normativa.
De lo contrario, pueden ser sancionados. SocialDrive, una red social para conductores, desde el pasado 18 de mayo ha estado ojo avizor para avisar de varios puntos de hasta seis ciudades españolas en donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están poniendo diversos sistemas de control de velocidad. Así, la red social ha publicado que en el País Vasco hay tres puntos en los que se han visto radares en los últimos días. En Bilbao, en las zonas aledañas a la plaza del Sagrado Corazón, se estaciona un Peugeot plateado camuflado que controla su velocidad. En Álava, se ha detectado un trípode en la calle Gorbea y otro en la calle Burgos.
Si viajamos hasta la provincia de Barcelona, en los últimos días se ha visto un coche blanco camuflado largo que aparca cerca de puentes o túneles para controlar la velocidad. Según SocialDrive, ha sido avistado en la calle Enric Prat de la Riba, en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat. Y, sin salir de Cataluña, en Salou (Tarragona), los agentes de la Policía Local estos días han estado controlando la velocidad. Concretamente, fueron vistos en la calle Mayor.
En Zaragoza, en la calle Luis Lacambra, se ha visto un vehículo aparcado y escondido junto a un contenedor de basura el cual le podría multar si supera la velocidad máxima permitida. Y, si nos trasladamos al sur, las autoridades han puesto un veloláser escondido delante de un Toyota Auris blanco camuflado en la avenida Rocío Jurado, en Málaga.
Todos estos detectores de velocidad tienen el objetivo de controlar si los usuarios de la vía cumplen la nueva normativa de velocidad dentro de los municipios. Esta nueva medida nace tras la modificación del artículo 50 del Reglamento General de Circulación en lo que se refiere a los límites de velocidad en zona urbana. Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el objetivo que persigue la Dirección General de Tráfico (DGT) con la reducción del límite de velocidad máxima en ciudad es el de “bajar cinco veces el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello”. De hecho, el titular de Interior ha considerado que el nuevo límite “no generará más tráfico urbano”.
El texto fija, de esta manera, tres límites genéricos de velocidad en las vías urbanas: 20 kilómetros por hora para las calles de plataforma única de calzada y acera; 30 kilómetros por hora para las de un único carril por sentido de circulación y 50 kilómetros para las de dos o más carriles por sentido. En este último caso, 40 kilómetros por hora para los vehículos con mercancías peligrosas y para las travesías. Los carriles bus o reservados para taxis u otros usuarios no cuentan con estas limitaciones genéricas.
De 100 a 600 euros
Estas nuevas velocidades máximas han entrado en vigor, como se ha apuntado, este 11 de mayo. En consecuencia, si los conductores los incumplen podrán ser sancionados. En este sentido, saltarse el límite de velocidad podrá suponer una multa de entre 100 y 600 euros. En el caso de las infracciones menos graves no acarrerá la retirada de puntos. Por el contrario, en las muy graves se detraerán seis puntos de carnet. El baremo para establecer la sanción, como siempre, dependerá del exceso cometido.
Nuevos límites de velocidad dentro de los municipios de España.
Pese a ello, “esta nueva medida, ampliamente demandada por los ayuntamientos para poder tener un paraguas normativo bajo el que poder aplicar los 30 km/h en sus localidades, permitirá reducir en un 80% el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello. Se trata además de una medida necesaria a la vista de que el 82% de los fallecidos en ciudades en 2019 fueron usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motoristas”, ha explicado la propia DGT.
Para el ministro del Interior, Grande-Marlaska, además, esta reforma legal “sitúa a España a la vanguardia de un movimiento global que, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, quiere que nuestras ciudades sean más humanas, que nuestras calles sean calles de vida y para la vida”.
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