El lunes por la mañana, alguien que dijo ser familiar de Ramón C. P. avisó de que el ujier no acudiría a trabajar. "Está de baja, no se encuentra bien", aseguró. En realidad estaba detenido por la muerte de su hijo. De hecho, decenas de periodistas se agolpaban a esa hora en la puerta de su casa para cubrir el presunto crimen. El joven de 21 años, Ramón C. S., padecía graves adicciones y era violento, hasta el punto que tenía una orden de alejamiento que incumplió el día de su muerte. Pero su padre, introvertido, nunca pidió ayuda en las Cortes Valencianas: "Tenía a su alcance a los políticos más poderosos y nunca dijo nada".
Así lo relataba este jueves a EL ESPAÑOL un integrante del equipo de Presidencia del parlamento, donde el funcionario pasaba el grueso de su jornada. El trágico suceso, como no podía ser de otra manera, es el asunto más comentado estos días en la cámara. "Estamos consternados. Sobre todo, nos parece estremecedor que tuviera un problema tan grave en casa y no buscara ayuda aquí para tratar de solucionarlo", manifiestan.
En efecto, su drama familiar era terrible. Su hijo, además de agredirle, había causado numerosos desperfectos en el edificio de la residencia familiar, ubicada en la calle José Aguilar de Valencia. "Esta noche vendrá a por mí la Policía", vaticinó minutos antes de morir en el bar de abajo. Pero a por quien acudieron los agentes ese sábado por la noche fue a por su padre, que se encuentra en la cárcel desde entonces.
Fuentes de la investigación trasladan a este periódico que el ujier, que hasta hace unos días atendía las necesidades de ilustres diputados como Ximo Puig o Mónica Oltra, se encuentra en estos momentos en prisión, abrumado, medicado y bajo un protocolo antisuicidios. Contra lo que suele ocurrir en estos casos, cuando fue detenido decidió declarar ante el juez de guardia. Explicó que el joven acudió fuera de sí, que volvió a sembrar el caos en la finca ignorando la orden judicial. Ante tales circunstancias, Ramón C. P. le permitió entrar en la vivienda.
Ramón, en el centro de la imagen, junto a uno de los accesos al hemiciclo.
Dentro, ambos pelearon. Y en la disputa el ujier asegura que le golpeó fuertemente y que se defendió. Trató de inmovilizarlo hasta que lo consiguió. Todavía no hay una autopsia definitiva que certifique la causa de la muerte, pero los primeros indicios apuntan a que fue por ahogamiento, a pesar de los graves golpes en la cabeza que también presentaba el cadáver.
Al parecer, Ramón C. P. no trató de auxiliar a su hijo ni pidió ayuda. Pasó un largo tiempo, alrededor de una hora, hasta que comunicó no con Emergencias, sino con la madre de la víctima, a quien envió un truculento mensaje: "Ya está todo arreglado". Fue ella quien, tras acudir al lugar, dio la voz de alarma. "Mi marido ha matado a mi hijo", le escucharon bramar los vecinos consultados por este periódico.
Sus compañeros de las Cortes Valencianas lo describen como un hombre serio, trabajador, pero introvertido y disperso. El problema de su hijo tan solo se lo había comentado a un grupo reducido de personas. "Sus compañeras están hundidas, sabían que tenía dificultades en casa, había tenido que cambiar algún turno de trabajo", explican.
Le vinculan al regionalismo valenciano. De hecho, explican, es sobrino de un miembro del equipo de Vicente González Lizondo cuando el líder de Unió Valenciana fue presidente de las Cortes. Sus redes sociales dan buena cuenta de su fervor valencianista y anticatalanista. Pero en el trabajo no hacía comentario alguno. "Así como otros trabajadores de ese perfil nos han hecho bromas a los de Compromís, Ramón era escrupuloso y correcto. Siempre fue muy formal", detallan.
"Un fallo del sistema"
La deriva violenta de su hijo parece haberse agudizado durante los últimos días. Tanto es así que, solo tres semanas antes, padre e hijo departían tranquilamente en el bar de debajo de su casa. Es por ello que los hechos han conmocionado a todo el vecindario. En general conocían los problemas de adicción del chico. Abusaba de la cocaína, los porros y el alcohol, según subrayan. Pero la mayoría no era consciente de que derivaron en agresiones y en una orden de alejamiento.
"Era un chico enfermo. Nadie, por graves problemas de adicción que padezca, merece una muerte como esta", relató a las puertas del edificio una mujer. Afectada, explicó a EL ESPAÑOL que fue su profesora. "Me enseñó los tranquilizantes que estaba tomando, él quería salir, superarlo", aseguró.
"Alguien con problemas de adicción que llega a tener una orden de alejamiento de sus padres debe ser atendido para tratarse. Su muerte es un fallo del sistema", lamentó esta maestra. En este caso, además, se da la trágica circunstancia de que su padre trabajaba para la cúpula del mismo.