Radiografía del aborto en España: por qué no se practica en los hospitales públicos de cinco CCAA

Si una melillense quiere abortar debe tomar un ferri o un avión y recorrer 272 kilómetros hasta llegar a Málaga. Mismo transporte debe coger una ceutí si desea interrumpir su embarazo, aunque en dirección a Algeciras (Cádiz). En otras regiones de la península, la situación no es muy distinta. Si una turolense quiere llevar a cabo esta intervención, debe hacer 171 kilómetros por carretera hasta Zaragoza; una conquense, 143 hasta Albacete y una toledana, un viaje de 120 kilómetros a Ciudad Real. 

Esta es la situación en la que se encuentran, prácticamente cada día, cientos de mujeres en España que desean interrumpir voluntariamente su embarazo (IVE). Sin otra alternativa posible, deben enfrentarse a un peregrinaje de cientos de kilómetros porque no hay clínicas o servicios en ninguna de las provincias en las que residen. 

La cuestión, no obstante, no queda solo en algunas provincias. Se cuentan hasta cinco comunidades autónomas, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, junto a las ciudades de Ceuta y Melilla, donde no se practica ningún aborto en la sanidad pública desde hace varios años, según las últimas estadísticas del Gobierno. La pregunta es ¿por qué ocurre esto cuando la ley del aborto se aprobó hace casi 11 años?

La respuesta al interrogante es sencilla. La Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en 2010, no se cumple, al menos en algunos de sus puntos. Esta norma sustituyó a la anterior, de 1985, que permitía abortar a las mujeres en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, violación o malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto. De este modo, desde principios de la década pasada, cualquier mujer mayor de 18 años puede interrumpir por su propia voluntad su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. 

Objeción de conciencia 

No obstante, hay peros. Esta ley recoge que los profesionales sanitarios "directamente implicados" en la IVE [lo que en la práctica puede tratarse de una unidad hospitalaria al completo, desde un celador a un ginecólogo] tienen derecho a objeción de conciencia, es decir, a negarse a practicarla por un motivo ético o religioso "sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación pueden resultar menoscabadas". El rechazo, añade la norma, será "siempre una decisión individual, que deberá manifestarse anticipadamente y por escrito". 

Y es esto lo que ha motivado que, en la práctica, ningún hospital público de las siete regiones mencionadas realice abortos. Los médicos se niegan a realizarlos. Según explican desde las diferentes Consejerías de Sanidad, existe una objeción de conciencia generalizada entre todos los profesionales del sistema público de cada región. Aunque hay excepciones como Ceuta o Melilla, que simplemente no cuentan con medios disponibles, o Aragón, Madrid y Murcia, dónde sí se practican abortos terapéuticos [una interrupción por causas médicas hasta la semana 21 de embarazo] en algunos casos, según ha podido saber este periódico. 

Así que la solución de estas CCAA (y de otras muchas, aunque también tengan habilitados sus hospitales públicos) ha pasado por concertar el servicio en clínicas privadas, donde las mujeres deben acudir para interrumpir su embarazo. Centros repartidos por toda la geografía nacional pero que en muchos casos suponen un largo viaje para las implicadas, dependiendo de su lugar de residencia. Los datos, de hecho, hablan por sí solos: en 2019, el 84,5% de los abortos se practicaron en centros concertados o privados y sólo el 15,4% en centros públicos.

Una realidad que, en cierto modo, choca contra la propia norma del aborto, según reza su artículo 19 ["Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (...) Se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde vivan"] y que ha desembocado en un sistema caótico para la mujer a la hora de acogerse a un derecho que supuestamente estaba garantizado desde el año 2010. 

Para dar cuenta de ello, EL ESPAÑOL ha hecho un recorrido por las distintas comunidades autónomas que no realizan abortos en sus sistemas públicos para explicar cómo gestionan y garantizan la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). 

Aragón 

En la comunidad autónoma de Aragón, según admitió el departamento de Sanidad, ninguno médico aragonés de niega a practicar abortos. O mejor dicho, ningún profesional sanitario ha manifestado expresamente su objeción de conciencia —como exige la ley—. Y así lo corroboran fuentes de distintos hospitales del servicio público aragonés. "A nosotros nunca nos han preguntado si queríamos hacerlo o no, desde que se aprobó la ley en 2010", apuntan. 

Frente a esta realidad, lo sorprendente es que la totalidad de las interrupciones de embarazo —que escogen la vía pública—, se llevan a cabo en una única clínica concertada. La Clínica Actur, ubicada en Zaragoza. Hasta donde deben desplazarse todas las mujeres aragonesas que quieren abortar. También las de Huesca y Teruel, para lo que deben recorrer 80 y 171 kilómetros respectivamente, porque según apunta el Ejecutivo aragonés en estas provincias "no existen clínicas privadas con las que concertar la prestación".  

Las IVEs se llevan a cabo en clínicas concertadas para evitar conflictos de intereses entre paciente y médico en el centro y así asegurar una buena y rápida atención. Es una forma de evitar problemas para que tengan realmente acceso a este servicio

Pero ¿por qué ocurre esto si supuestamente ningún sanitario es objetor de conciencia? Tres especialistas aragoneses con los que habla EL ESPAÑOL coinciden en lo mismo. "Las IVEs se llevan a cabo en clínicas concertadas para evitar conflictos de intereses entre paciente y médico en el centro y así asegurar una buena y rápida atención. Es una forma de evitar problemas para que tengan realmente acceso a este servicio". 

Por contra, lo que sí se práctica en el sistema sanitario aragonés son los abortos terapéuticos, aquellos que no superan las 22 semanas y en los que existe riesgo grave de malformaciones fetales incompatibles con la vida o para la salud de la embarazada, siempre bajo la aprobación de un comité médico, formado por dos ginecólogos, un médico especialista en diagnóstico prenatal y un pediatra. Ellos tienen la última palabra. 

Estas intervenciones, en algunos casos, se practican en el Hospital Clínico Lozano Blesa, en Zaragoza, según cuenta una ginecóloga. Sin embargo, en el otro gran centro público de la capital aragonesa, el Hospital Universitario Miguel Servet, no suelen llevarse a cabo, cuenta otra médica. "Dependiendo de las semanas y de la patología se mandan a un hospital de Barcelona o a Madrid". De este modo, y con el riesgo añadido que supone, una mujer aragonesa debe hacer un viaje de ida y vuelta de 300 kilómetros para someterse a la intervención. 

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, no se practican IVEs durante las primeras 14 semanas de gestación en ninguno de los 37 centros hospitalarios que componen la Red del Servicio de Salud. El Ejecutivo madrileño tiene concertado este servicio —es decir, no supone gasto alguno para el paciente— en diferentes clínicas privadas repartidas por la región. 

Por otro lado, sí se hacen abortos por anomalías fetales o riesgo para la madre en al menos cinco hospitales públicos: en el 12 de Octubre, el año pasado 60; en el Severo Ochoa de Leganés; en el de Torrejón; en el de Fuenlabrada; o en el hospital de Alcorcón, según publicó la Cadena Ser. 

No los hace, y el miércoles pasado quedó reflejado, el Hospital Clínico San Carlos. Fue cuando este centro le negó a una paciente un aborto terapéutico a pesar de saber que la rotura de la bolsa de líquido amniótico ponía en riesgo tanto la vida de ella como la del feto. Según relato la propia afectada, Marta Vigara, en el hospital, en el que además trabaja como geriatra, le "dijeron que mientras hubiese latido fetal, no hacían abortos". 

Castilla-La Mancha 

Las castellanomanchegas solo pueden abortar en dos centros, y ninguno es público. La Clínica Iris, en Albacete, y la Clínica Cire, en Miguelturra (Ciudad Real), ambas concertadas. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) no realiza ninguna de las técnicas para la interrupción del embarazo ya que, según confirmó la portavoz del Gobierno y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, existe una objeción de conciencia generalizada en la región. 

"La objeción de conciencia es la que es en Castilla-La Mancha; y las interrupciones de embarazo que son conforme a la ley de plazos y están programadas, se derivan al sistema privado. No hemos tenido ningún problema que se pueda destacar o que nos haya llegado", afirmó la socialista. 

Sea así o no lo que profirió la política manchega, lo cierto es que si una conquense quiere abortar tiene que recorrer 143 kilómetros hasta Albacete y una toledana debe emprender un viaje de más 120 kilómetros hasta llegar a Ciudad Real. 

Extremadura 

En Extremadura, al igual que en las anteriores comunidades, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho más que se ofrece dentro de la cartera de la Seguridad Social. Pero eso solo es la teoría. En la práctica, ninguna intervención se lleva a cabo en los centros sanitarios del Sistema Extremeño de Salud (SES), porque todos ellos se acogen a la objeción de conciencia. Y por tanto, se derivan a clínicas privadas concertadas. 

En la comunidad autónoma, solo existe la clínica privada Guadiana Los Arcos, en Badajoz, para practicar abortos. No obstante, hay ocasiones en las que se envía a las pacientes fuera de Extremadura, en concreto a la Clínica Multimédica de Salamanca y a las clínicas Dator y Ginesur de Madrid, a 245 y 300 kilómetros, respectivamente, de la capital extremeña. 

Esto sucede cuando el embarazo es de más de 22 semanas y la intervención puede resultar más compleja. Según publicó El Periódico de Extremadura, la derivación de estos casos de aborto le cuesta de media al sistema público extremeño unos 460.000 euros. 

Región de Murcia

En Murcia, se encuentra el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, el centro sanitario con más nacimientos de España y dónde, en cambio, no se práctica ningún aborto, al igual que en el resto de hospitales de la comunidad. Todo el sistema sanitario se acoge a la objeción de conciencia. 

Cuando la interrupción del embarazo se produce antes de las 14 semanas, las murcianas son derivadas a clínicas privadas de la comunidad autónoma murciana y, si sobrepasa ese umbral, sobre todo a partir de la 20, tienen que abordar fuera de la Región, en clínicas de Alicante o Madrid, esta última a 400 kilómetros de distancia de sus hogares. Según los últimos datos, en 2019 fueron derivadas 85 mujeres por graves riesgos para la vida o la salud de la embarazada, 75 por anomalías en el feto y 10 por malformación extremadamente grave. 

No obstante, según publicó la Cadena Ser, en los dos últimos años se realizaron más de 30 abortos terapéuticos en hospitales públicos de Murcia. Aunque, según revelaron fuentes del ejecutivo autonómico, no se las comunicaron al Ministerio de Sanidad porque fueron intervenciones urgentes que por cuestiones médicas no dio tiempo a derivar a clínicas privadas de Madrid. 

Ceuta y Melilla 

En Ceuta y Melilla, las mujeres deben afrontar, posiblemente, la travesía más dura para poder abortar. Ninguna de las dos ciudades autónomas cuenta con servicios públicos ni privados que efectúen interrupciones voluntarias del embarazo. Lo que implica que si una melillense quiere abortar debe tomar un ferri o un avión y recorrer 272 kilómetros hasta llegar a Málaga. Lo mismo debe hacer una ceutí, solo que en dirección a Cádiz. 

Esta tesitura supone un gran problema sobre todo para migrantes en situación irregular que viven en Ceuta y Melilla, ya que no tienen otra opción que viajar a la península. Por lo que, según cuentan fuentes autonómicas a este periódico, muchas no lo hacen porque se arriesgan a ser detenidas por la Policía y terminar siendo encerradas en un CETI.