Podemos, de las promesas a la realidad: "Más difícil alquilar" y sólo el 42% cobra el Ingreso Mínimo

Yolanda Díaz camina al lado de Pedro Sánchez por los jardines de Moncloa. Presidente y vicepresidenta lo hacen para escenificar el acuerdo alcanzado para sacar adelante los Presupuestos de 2022. Ha sido posible gracias al entendimiento en materia de vivienda anunciado en la última semana. Un nuevo avance social se suma al marcador de Unidas Podemos en el ejecutivo de coalición. La formación morada ha forzado la máquina una vez más para conseguir una victoria en pro de los derechos sociales.

El último pulso ha sido sobre materia de vivienda. Anteriormente, se dieron otros muchos. Como ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, también en liza en los últimos días, o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.

Sin embargo, estas medidas concretas no terminan de dar respuesta a los problemas sociales sufridos por los españoles. Si bien las medidas son progresistas, en pro de las clases más obreras, lo cierto es que en la práctica sus efectos son discutibles.

Para empezar, tres ejemplos centrados en las tres victorias anteriormente mencionadas que, a la hora de la verdad, albergan lagunas.

Yolanda Díaz es firme defensora de la subida del SMI, cueste lo que cueste. "La principal herramienta para combatir la pobreza se llama SMI". Con él, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social entiende que la vida de "1,5 millones de personas va a mejorar un poquito más".

Sin embargo, hace apenas un mes, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, advertía: la subida del SMI podía ayudar a arreglar las desigualdades sociales, pero su aplicación también podía lastrar la recuperación de las empresas más pequeñas y la inclusión de los jóvenes en el mercado de trabajo. En esta línea también se muestra Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos) y vicepresidente de la CEOE, que piensa que la subida del SMI "no es para estar muy satisfecho".

Con respecto al Ingreso Mínimo Vital, la medida no ha llegado, ni de lejos, a lo que se esperaba. "El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha aprobado 336.933 prestaciones de Ingreso Mínimo Vital, con prácticamente 800.000 personas beneficiarias". Sin embargo, aunque la cifra no sea nada desdeñable, el objetivo era llegar a 850.000 familias, integradas por 2,3 millones de personas.

Esto significa que sólo se ha dado cabida al 42,2% de las familias estimadas en un principio. De hecho, se han rechazado más de 888.000 solicitudes, según el ejecutivo. "Más del 60%", exponen, "por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa". El resto, por otros motivos.

Por último, el turno de vivienda. Las medidas no son todas las que pretendía Unidas Podemos, pero están más cerca de su propósito que de lo esperado por el PSOE. Habrá medidas para ayudar a pagar el alquiler, pero las más importantes se centran en sesgar el precio de la oferta. Esto último ya se ha hecho, por ejemplo, en Barcelona, Berlín o París. Y no ha funcionado. Además, tal y como ya contó EL ESPAÑOL, la aplicación de la nueva legislación sólo rebajará el precio al 2% del parque en alquiler (3,4 millones de viviendas) y lo hará dentro de tres años.

Que del dicho al hecho hay un trecho también lo piensan, por ejemplo, en el Partido Comunista de los Trabajadores de España. En una nota enviada a los medios, aseguran que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 proponen una salida de la crisis a costa de la clase obrera.

"Los discursos del “nadie va a quedar atrás” y el “escudo social” chocan con una realidad que arroja estancamiento de los salarios, deterioro de las condiciones laborales con hasta un 90% de temporalidad en los nuevos contratos, ERTEs que se transforman en EREs… al tiempo que aumenta el IPC un 4%, fruto especialmente del aumento de la tarifa eléctrica, dejando en riesgo severo de exclusión social a 6 millones de personas", expone la nota del PCTE.

Es decir, las medidas propuestas pueden ir con la mejor intención del mundo. Sobre el papel están bien. Muy bien incluso. Ahora bien, llevarlo a la práctica es harto complicado y así lo demuestran las lagunas que dejan las conquistas sociales de Unidas Podemos.

Vivienda

María Matos es directora de estudios y portavoz de Fotocasa. Se congratula por el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición en materia de vivienda. "Era necesario para el sector", dice en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. Ahora bien, "en cuanto a las medidas que se han ido filtrando, lo único que podemos hacer es decir que escuchen la voz del mercado inmobiliario y repiensen las que son más penetrantes dentro del mercado. Las que son intervencionistas".

Es decir, aplauden el bono social anunciado por el presidente Pedro Sánchez, pero creen que controlar el precio de la oferta es un craso error. "No tiene sentido el control de los alquileres. Lo único que encontramos es una contracción de la oferta", apunta Matos.

La medida ha sido celebrada en Unidas Podemos como una victoria propia. En el tira y afloja, 'vencían' al PSOE. La medalla era suya. 

Tal y como ya explicó EL ESPAÑOL, la medida acordada para la rebaja del alquiler sólo afectaría al 2% del parque de viviendas, ya que sólo se aplica a grandes tenedores que sean personas jurídicas y sólo se hará efectiva, a priori, en Comunidades Autónomas donde gobierne el PSOE. El Partido Popular ya ha dicho que no la pondrá en liza.

A esto hay que sumarle otro dato: para que les afecte la medida, deberán estar dentro de una zona tensionada. Es decir, que ni siquiera el 2% de los alquileres se verían afectados por esa rebaja.

Explican igualmente desde Fotocasa que atacar la oferta supone quedarse sin mercado. "Las casas pasarían a la compra. Las personas más vulnerables así lo tendrían más difícil porque habría más gente pujando por el alquiler. Esto fue lo que ocurrió en Berlín".

Advierten desde el portal inmobiliario que "estas medidas no son eficientes a largo plazo". Lo compara con la capital alemana de nuevo, donde no funcionó este ataque a la oferta y tendrán que rectificar su normativa de vivienda.

No obstante, no hace falta irse tan lejos. Cataluña ya intervino el mercado del alquiler y los resultados después de un año no han sido los esperados. Si bien la rebaja del precio se ha dado, muchos la achacan a la crisis de la Covid-19. Y, eso sí, se ha contraído la oferta. "No hemos visto que esté teniendo resultado", dice María Matos.

"La limitación de los grandes propietarios va contra los inversores", explica Matos. "Va a hacer que perciban esto como un desincentivo y una inseguridad jurídica", expone la portavoz de Fotocasa, que además advierte: "Estos grandes propietarios tienen un mercado ridículo en las zonas tensionadas. Entre todos son un 4%. En Madrid, por ejemplo, Blackstone tiene unas 2.000 de las 600.000 viviendas. Es muy poco".

La ley de vivienda también incluye otros aspectos que no sólo van en contra de la oferta de alquiler. Por ejemplo, se anunció un paquete de ayudas destinado al arrendamiento joven, que dotará con 3.000 euros anuales (250 euros al mes) a los jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan rentas inferiores a los 23.725 euros.

Desde Fotocasa ven positiva esta medida. A pesar de que en lugares como Madrid, esta ayuda seguiría siendo insuficiente para poder emanciparse sin compartir piso. María Matos apunta que el aplauso se dirige a "que haya centrado la mirada en los jóvenes. Para tratar de frenar el retardo a la hora de independizarse".

Pero va más allá con la ley acordada para aprobar los Presupuestos. Hay otro aspecto a debatir. "Una de las cosas más llamativas es el recargo en el IBI a los inmuebles vacíos. Por lo menos no se está expropiando el 30% de la vivienda como se dijo que se iba a hacer. Esta es una decisión 'descafeinada'", afirma, haciendo alusión a que "es punitiva, en vez de incentivadora". "Estamos pensando que se penalice en vez de mirar el por qué esa vivienda está vacía. Quizás está vacía por algo".

Lo cierto es que la designación de una vivienda vacía no es fácil. Lo primero será delimitar esto y establecer una seguridad jurídica al respecto. ¿Es una vivienda okupada una vivienda vacía? ¿Lo es una que está reservada para familiares que acuden a la ciudad de visita y no de forma asidua? ¿Se llamará a las puertas de cada casa para comprobar cuánto tiempo lleva vacía? ¿Se pedirán los registros del consumo de luz?

"El INE tiene un censo de 2011 de viviendas vacías", explica Matos. "Sabemos que ahora está trabajando en un nuevo censo a través del consumo eléctrico. Sí que es cierto que sobre vivienda vacía hubo una especie de filtro. Se habló de la que estuviese dos años sin utilizarse. Otra de las cuestiones es que esa vivienda suele estar en la periferia".

En definitiva, todo está por ver. De momento, parece que algunos puntos de esta ley pueden quedar en agua de borrajas. "Nosotros esperamos que se pueda perfilar la ley y que se escuche al sector. Hay que dar facilidad para acceder a la vivienda y seguridad jurídica a los pequeños y grandes propietarios", finaliza Matos.

La subida del SMI

La batalla de vivienda no es la única que ha librado Yolanda Díaz. La vicepresidenta del Gobierno siempre ha estado empeñada en la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Hace escaso un mes, el SMI subía de nuevo y las negociaciones con la Patronal eran tirantes. ¿Pero a quién afecta la subida? ¿Qué ha conseguido en estos momentos?

"La subida del salario mínimo es una buena noticia para el 1,5 millones de personas a quienes afectará directamente. También es un acuerdo de país, que reducirá la desigualdad y dinamizará la economía. Este Gobierno va a seguir mejorando la vida de la gente", exponía Yolanda Díaz en Twitter.

Sin embargo, Lorenzo Amor, presidente de ATA, no lo tiene tan claro. "Tenemos más paro juvenil y se ha dejado de crear mucho empleo. No es para estar muy satisfechos con lo que ha ocurrido", apunta.

Es importante explicar a quién afecta la subida del SMI. El Gobierno suele hacer hincapié en que los beneficiados son 1,5 millones de personas. Sin embargo, Jesús Cruz, catedrático de Derecho del Trabajo y presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, advierte que no son tantos.

Lo explica de manera sencilla. La cifra no es nada fácil de calcular, pero el impacto está por debajo de lo mencionado por Díaz en un lugar donde hay más de 16 millones de asalariados. "Puede estar más cerca del millón que del millón y medio. El segundo dato proviene de, más o menos, los trabajadores no conveniados. Pero esa cifra probablemente está inflada por dos razones", expone.

A priori no son tantos los conveniados. Además, dentro de los no conveniados, hay trabajadores que tienen un salario muy superior. "Y por eso no tienen convenio", dice Cruz. 

Entiende Amor que "subir el Salario Mínimo es fácil desde el Gobierno porque no tiene que pagarlo". Asimismo, apunta que la economía no está preparada para esta subida, que aflorará el mercado sumergido.

Los datos que apoyan las palabras de Amor son del Banco de España. El pasado mes de junio, el organismo apuntó que la subida de un 22% de 2019 había tenido un impacto negativo total en el empleo de en torno a 174.000 puestos.

"La estimación del impacto del incremento del SMI en el empleo para el episodio analizado en España sería consistente con una pérdida de empleo neta de los trabajadores directamente afectados de entre 6 y 11 pp, lo que equivaldría en este caso a un impacto en el empleo asalariado total de entre 0,6 y 1,1 pp", dice el informe del Banco de España.

Eso sí, todo lo que tiene que ver con el empleo y el SMI debe ser cogido con pinzas. El motivo es que por sí mismo no es una medida capaz de influir en los indicadores de empleo, dependientes de distintos factores.

Lo explica Jesús Cruz. "Lo que hace el SMI es empujar a los salarios, pero no a todos los trabajadores, sino a los que están en un nivel más bajo. En España hay alrededor de 16 millones de asalariados y la mayoría está sujeto a un convenio colectivo". 

Cruz entiende que estas subidas son buenas para la economía. "El impacto negativo para la economía no está demostrado. Tiene, sin embargo, dos efectos positivos. La gente que recibe el salario mínimo, su nivel de ingresos no es muy importante. Por lo tanto, consumen y compran. Tiene efecto inmediato para el consumo. En el medio y largo plazo, las empresas tienen que incrementar la productividad y acelerar el cambio tecnológico".

Nuevamente, el problema vuelve a estar en las pequeñas empresas que no pueden soportar la subida del SMI ante sus trabajadores. Las grandes corporaciones no tendrán problemas. Amor señala el sector agrícola como ejemplo de esto. Cruz, por su parte, avisa de que España tiene "un problema con las microempresas".

"Tenemos que hacer empresas mucho más fuertes y grandes", señala el catedrático con respecto a la escasa resistencia de las compañías a la subida del SMI. "Eso acaba siendo beneficioso para el conjunto. Nosotros no podemos implantar un sistema de FP dual, por ejemplo, porque no tenemos grandes empresas. Si no tenemos empresas de tamaño más elevado, no podemos competir internacionalmente".

Este es el verdadero problema. La subida del SMI atacará a corto plazo a los más vulnerables. Ya lo advirtió el Banco de España. Los más perjudicados por la última subida del SMI serán los más rezagados en la recuperación económica tras la crisis de la Covid-19: el turismo y el comercio.

El IMV no llega al objetivo

Fue la medida estrella de Unidas Podemos. Corría el 29 de mayo de 2020 cuando Pablo Iglesias celebraba "un día histórico para la democracia". Y puede que llevara razón. Sin embargo, el Ingreso Mínimo Vital no tomó el cielo por asalto.

"Para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital que explicaremos a continuación en detalle y que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la ley de dependencia (en 2006)", decía el por entonces vicepresidente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la medida. 

El objetivo inicial del Gobierno era ambicioso: reducir la pobreza extrema en un 80%. 800.000 hogares recibirían este Ingreso Mínimo Vital en un principio. Esto suponía, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alcanzar los 2,3 millones de personas en España.

Lo cierto es que la medida ha quedado un poco descafeinada a fin de cuentas. De llegar a 800.000 hogares se ha quedado en alcanzar las 800.000 personas. 

Según datos publicados por el Gobierno el pasado viernes, hasta el 13 de septiembre se habían tramitado "1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, el 94% de las válidas recibidas".

Sin embargo, sólo 336.933 fueron aprobadas y 888.000 fueron denegadas. Más del 60% de las denegadas, aunque no se dice la cifra exacta, fueron por superar renta y patrimonio. En proceso de subsanación, 18.000 solicitudes. 

Por terminar de desgranar los últimos datos ofrecidos por el propio ejecutivo, 2 de cada 3 receptores del Ingreso Mínimo Vital son mujeres. La cuantía media de la prestación es de 436 euros y la edad media de los receptores es de 45 años.