Don Fernando no solo pecó a ojos de Dios al frente de la Parroquia de Santo Ángel, sino que también delinquió al expedir notificaciones falsas de matrimonios canónicos entre nigerianos que suelen creer en el Islam y gitanas cuyo culto más extendido es el Evangelismo. El páter ha reconocido tales hechos, por los que se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia, como principal acusado de una trama que organizaba bodas de conveniencia para que 'sin papeles' solicitasen el permiso de residencia en el país.
No le quedaba más remedio que alcanzar un acuerdo para no cambiar los hábitos por el traje de recluso, ya que la Fiscalía le solicitaba 5 años de cárcel y una multa de 22 meses, con cuota diaria de 6 euros, por un delito de falsificación de documento oficial. También se enfrentaba a otra sanción de 12 meses, a razón de 6 euros al día, por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Y lo ha reconocido todo: el escándalo en la Curia murciana está servido.
"Estoy muy bien y gracias a Dios todo ha terminado", tal y como ha subrayado el páter don Fernando a EL ESPAÑOL.
La condena dictada 'in voce' ha sido benevolente para el religioso porque no pasará una temporada a la sombra, a pesar de que el Código Penal recoge como agravante delinquir siendo responsable de una congregación religiosa. El motivo se debe a que ha prevalecido para la Audiencia y la Fiscalía el reconomiento de los hechos, así como las dilaciones indebidas muy cualificadas debido a que las bodas de conveniencia las ofició de 2001 a 2012, cuando fue párroco de Nuestra Señora del Carmen.
Iglesia del Puerto de Mazarrón donde estuvo destinado el padre Fernando.
El páter firmó y selló los expedientes de 16 bodas canónicas que jamás se celebraron físicamente en el templo de esta pedanía murciana de 6.300 habitantes. Don Fernando se limitaba a arreglar los papeles del novio y la novia, incluyendo domicilios que a veces se correspondían con direcciones falsas.
Los proveedores de los contrayentes a los que desposaba este religioso, eran Osaratin (Argelia, 1975) y Godfrey (Sierra Leona, 1975). Estos dos ciudadanos ejercían de intermediarios, contactando con hombres y mujeres, afincados en Murcia y Alicante, dispuestos a simular un matrimonio de conveniencia con 'sin papeles', a cambio de recibir una suma de dinero por entregar su DNI -entre otros documentos-.
Después del paso fictico por la vicaría, los contrayentes presentaban la notificación de matrimonio canónico en el Registro Civil de Murcia y los ciudadanos de Nigeria solicitaban el permiso de residencia por haberse casado con un español o española. En cada boda se movían de 300 a 7.000 euros: el negocio era redondo para todos.
Pide fraccionar las multas
Don Fernando ha reconocido los hechos para no entrar en prisión, y según fuentes letradas consultadas por EL ESPAÑOL, le han condenado a 20 meses de cárcel y una multa de 4 meses, con cuota diaria de 4 euros, por falsificación de documento oficial. Es decir, por expedir falsas notificaciones de enlaces. También le han caído 4 meses de multa, con cuota de 4 euros, por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Básicamente por favorecer la inmigración clandestina.
El religioso ha solicitado "el fraccionamiento de las multas" que suman 960 euros, según la citada fuente letrada, "argumentando que no puede abonarlas con su salario de cura". En la actualidad, don Fernando es coadjutor en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia en Cartagena.
- ¿Qué le han dicho en el Obispado sobre su situación en activo en una iglesia tras haber sido sentenciado por la Audiencia?
- Don Fernando: Nada.
Silencio en la Diócesis de Cartagena
La condena ha provocado un terremoto en la Diócesis de puertas para adentro. De momento, de cara al exterior, en el Obispado nadie aclara públicamente si don Fernando será apartado o seguirá en activo en Nuestra Señora de Gracia: el templo más importante de Cartagena porque de allí salen todas las procesiones de la Semana Santa -declarada de Interés Turístico Internacional-.
El obispo José Manuel Lorca Planes bendiciendo la iglesia de Nuestra Señora de Gracia.
Maximiliano Caballero, secretario del obispo, José Manuel Lorca Planes, se ha mostrado hasta molesto cuando EL ESPAÑOL le ha preguntado por el protocolo que siguen en la diócesis con los curas condenados y si tomarán alguna medida disciplinaria. "No vamos a hacer ninguna declaración al respecto, yo no tengo nada que decirle a usted", ha zanjado con tono elevado Caballero.
Malestar cofrade
El religioso no entrará en prisión al tratatarse de 20 meses de cárcel, pero la pena ha corrido como la pólvora por los destinos donde pasó Fernando: un cura nacido en Bullas, de corte clerical, que lanzaba mensajes de derechas desde el púlpito, y que ha sido condenado por un asunto de inmigración clandestina. El fallo judicial es la comidilla entre los feligreses del Puerto de Mazarrón, Moratalla, Santo Ángel o la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia de Cartagena: sede canónica de cuatro cofradías.
"Mi opinión es que en la Diócesis deberían apartarlo a una parroquia pequeña", subarayaba un cofrade pidiendo anonimato a este diario. El presidente de la Junta de Cofradías de Cartagena, Juan Carlos de la Cerra, zanjaba cualquier polémica de manera tajante: "Aceptamos la decisión que ha adoptado la Justicia, igual que aceptaremos cualquier decisión que tome el Obispado con el coadjutor".
Le toca trabajar a Interior
La vista se ha saldado con la condena a un año de prisión para Osaratin (Argelia, 1975) y Godfrey (Sierra Leona, 1975), como los encargados de localizar a los nigerianos, en situación irregular en el país, y a las mujeres españolas dispuestas a desposarse ilgalmente. Los dos han reconocido los hechos, de forma que no pisarán un centro penitenciario, a pesar de que se enfrentaban a sendas peticiones de 2 años y 6 meses de cárcel por los mismos delitos que el cura. En cuanto a sus multas, también se las han rebajado a 4 meses, por importe diario de 4 euros.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de Guadalajara.
Los contrayentes falsos han admitido que cobraron 1.000 euros por simular una boda con un 'sin papeles' y han sido condenados a 4 meses de prisión y otros 4 meses de multa, con el mínimo que marca la ley: 2 euros al día. El momento anecdótico de la vista oral ha sido la ausencia de varios de los maridos y esposas, todos nigerianos, que no han puesto un pie en la Audiencia Provincial porque estaban en paradero desconocido tras lograr el permiso de residencia en España.
De hecho, se les ha declarado en rebeldía a todos los ausentes en la Sala. Ahora le tocará mover ficha al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, ya que tras la celebración del juicio las 16 bodas de la parroquia de Santo Ángel serán anuladas en el Registro Civil de Murcia y con ello, los permisos de residencia de todos los contrayentes nigerianos. De forma que volverán a estar en situación irregular en el país.
Uno de los letrados, tras la celebración de la vista, aseguraba marcharse con una duda: "El cura no ha llegado a ejercer su última palabra y creo que iba a pedir perdón, a pesar de que parecía que todo lo hizo para ayudar a los 'negricos'".