Los sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y de la Guardia Civil tienen dos citas calientes en los próximos días. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) que prepara el Gobierno con el apoyo de sus socios parlamentarios ha prendido la mecha para que los agentes salgan a la calle a protestar en una serie de concentraciones y una gran manifestación.
El próximo día 24 de noviembre están previstas concentraciones frente a las delegaciones del Gobierno de toda España como pistoletazo de salida a unas movilizaciones que culminarán el sábado 27. Las del 24 lo organizaron la mayoría de organizaciones y la última Jusapol, la plataforma mayoritaria entre la Policía y la Guardia Civil, aunque finalmente van “todos a una”.
Ese día, los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad confían en reunir a cerca de 100.000 personas en la Puerta del Sol de Madrid. “Con esta reforma están dejando las puertas abiertas para que los delincuentes lo sean más aún”, afirma Vanesa González, presidenta de Independientes de la Guardia Civil. "Provocarán un aumento de la violencia contra los agentes", apostilla, por otro lado, Ernesto Vilariño, portavoz de Justicia para la Guardia Civil (Jucil).
Adolfo Medina, de SPP.
La estadística no puede ser más preocupante, según José Francisco Silva, presidente de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASGC): "Las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han aumentado hasta el 42%, 32 agresiones al día, cada vez en condiciones más complicadas, cuando hace apenas un año eran del 26%".
El cambio en la legislación, una reivindicación de Unidas Podemos y de los apoyos parlamentarios del Ejecutivo como ERC o EH Bildu, plantea varios puntos que los policías ven conflictivo a la hora de realizar su trabajo: elimina la necesidad de comunicar una manifestación, les retira material antidisturbios, rebaja el tiempo que tienen para identificar a un detenido, iguala un acta policial a la declaración de un acusado o permite la grabación de imágenes de policías, entre otras.
“Este último punto es especialmente conflictivo en aquellas comunidades autónomas donde no somos bienvenidos. Hay que recordar que hijos de policías y guardias civiles han sido acosados en colegios de Cataluña”, apunta Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), apunta Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, una postura compartida por Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).
Y Juan Amado, portavoz nacional de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), añade al respecto: "Solo en estas últimas semanas se han agredido a policías o guardias al reconocerlos cuando están con sus familias o de ocio con compañeros y amigos".
Sobre la comunicación de las manifestaciones, Morales cree que se pierde operatividad “para proteger a los manifestantes y al resto de ciudadanos”. “No podemos tener a 3.000 efectivos de retén por si de repente hay una concentración”. A esto se le añade la intención de retirar el actual material antidisturbios, “por lo que perderemos capacidad disuasoria”.
Inseguridad ciudadana
Todos los entrevistados para este reportaje coinciden en un punto: los cambios que pretende el Gobierno sólo irán en detrimento de todos los ciudadanos y de los propios manifestantes.
"No solo es lacerante para las fuerzas y cuerpos de seguridad a los que deja sin recursos para llevar a cabo su trabajo, que no es otro que velar por los intereses y la seguridad de los ciudadanos... Es, si cabe, todavía más grave para la ciudadanía a la que va a impedir pasear por las calles en libertad, con seguridad. Supone en la práctica una perdida de sus derechos cívicos", dice Adolfo Medina, presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP).
Por su parte, Raúl Cuesta, portavoz nacional de la Alternativa Sindical de Policía (ASP) asegura: "Esta reforma traerá a nuestras ciudades, más delincuencia, menos presencia policial y una deslegitimación del Estado de derecho que costarán incalculables daños humanos y materiales al conjunto de la sociedad española". Y Mónica Gracia, del SUP, dice: "Los ciudadanos tienen que saber que erosiona sus derechos y libertades, en especial el derecho a su seguridad y a la de sus familias".
Víctor Duque, de UFP
Así, José Manuel Rodríguez Tovar, presidente de la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APCGC) llama a toda la ciudadanía a manifestarse y deja claro que las movilizaciones a final de este mes no es solo un asunto de derechos laborales de la policía: "[La reforma] no será un instrumento del Estado para garantizar la seguridad ciudadana, sino un instrumento de los alborotadores, delincuentes y enemigos del orden para acabar con todo aquello que precisamente debería garantizar una ley de este ámbito".
En el mismo sentido se pronuncia Pablo Pérez, de Jusapol: “Hablan de recuperar derechos fundamentales que se han perdido con la Ley, pero la realidad es que la reforma desprotege a todos y favorece a quienes agreden a la policía, tiran piedras o queman contenedores”. Y añade una de sus mayores preocupaciones. “Sin el material antidisturbios nos obligan a enfrentarnos en el cuerpo a cuerpo”, añade.
Antidisturbios e identificaciones
En cuanto a este último punto, el secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Víctor Duque, dice lo siguiente: "La larga experiencia de la UIP determina que la escopeta, y la pelota de goma en sus diferentes masas, es el único medio de marcar distancia entre un grupo agresivo y la línea policial".
"Prescindir de estos elementos, tal y como sucedió en las Marchas de la Dignidad, cuando el entonces comisario general de Seguridad Ciudadana dio la orden de reducir el número de escopetas de los grupos operativos de UIP, terminó con la mayor cantidad de antidisturbios heridos de la historia de la Unidad, algo más de 60", prosigue.
José Manuel Rodríguez Tovar, de APCGC.
En Cataluña, donde las pelotas de goma están prohibidas, las balas de foam que las han sustituido "han acreditado su lesividad" igualmente, pero son elementos de "menor eficacia que obligan a cambiar toda la forma de operar de las unidades antidisturbios", apunta Duque.
Otro punto caliente es el de la identificación de los arrestados. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere que el tiempo máximo pase de seis horas a dos. Aquí las opiniones difieren entre los sindicatos de Policía. Desde el SUP apuntan que en la mayoría de veces no se utiliza tanto tiempo, mientras que Jusapol defiende que, por la falta de efectivos, muchas veces se necesita más de esos 120 minutos, que empiezan desde la detención.
En lo que sí coinciden es que si se cumple ese tiempo, el arrestado se puede ir sin identificar y la víctima se queda sin los datos de su agresor para presentar una futura denuncia.
Y no solo eso. Los agentes denuncian que terminarán haciendo de "taxistas" de los delincuentes. La reforma prevé el traslado de los detenidos al lugar donde fueron arrestados: "Que las personas que se nieguen a identificarse, con el problema de seguridad que presentan y al tener que emplearse una patrulla en el traslado, deja a los ciudadanos con una unidad menos para la prevención de delitos. Nos van a poner como taxistas de estos individuos", subraya Juan Amado, de la AEGC.
Raúl Cuesta, de la ASP.
Otro cambio que enfada a los agentes, relacionado también con las identificaciones, es que se prevé rebajar la presunción de veracidad de las actas policiales. “Nos quieren poner a la altura de un violador o un terrorista”, dice Pérez. El nuevo texto explica que los escritos de los policías deberán ser “coherentes, lógicos y razonables” para contar con esa veracidad. “¿Qué pasa, que los jueces hasta ahora aceptaban actas no veraces? Pues claro que no”, subraya Carlos Morales.
Más violencia
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana llega en un momento que los sindicatos perciben como alarmante. Las escenas de violencia callejera vinculada al botellón y las agresiones a policías se han multiplicado: "Corremos el riesgo de que el principio de autoridad desaparezca con una reforma legal que llega en el peor de los momentos, en el que cada vez hay más violencia vinculada al ocio y a grupos juveniles violentos", advierte David Pola, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP).
"Si el Estado y la sociedad depositan en nosotros la confianza para proteger sus vidas y bienes, es necesario que nos respalden y nos proporcionen normas que no sitúen al policía en el espacio de la sospecha sino en la veracidad. Hay que dejar muy claro en esta manifestación que pedimos lo mismo que damos: seguridad", añade.
Por su parte, César Ruiz, secretario de Acción Sindical de Policía Local Asociada (PLA), se pronuncia de forma parecida: "La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en ciernes es toda una declaración de intenciones por parte de sus proponentes en la búsqueda de la impunidad de infractores y delincuentes. De prosperar la reforma pretendida debería de renombrarse Ley de Inseguridad Ciudadana".
José Francisco Silva, presidente de ASESGC
"Está irremediablemente abocada al fracaso estrepitoso y rotundo, con las consecuencias de inseguridad inherentes a dicho fracaso", asegura por su parte Carlos Padilla, vicepresidente de la asociación profesional Defensa Jurídica del Guardia Civil (DJGC).
Las asociaciones policiales de agentes jubilados también se unirán a la protesta. Las portavoces de la Asociación Nacional Jubilados Policía Nacional (AJPNE) y la Asociación Nacional Retirados de la Guardia Civil (RAGCE), aseguran en un comunicado conjunto remitido a EL ESPAÑOL: "Hemos llegado a un punto en el que debemos exigir la educación en valores y para ello hay que predicar con el ejemplo de leyes que sean exigentes y duras para quienes no saben vivir en paz y en sociedad. ¿A quién no le va a parecer bien una ley que nos proteja y a su vez salvaguardar a nuestra sociedad? Evidentemente, a quién sabe que vive por encima de ella".
Estas son las siglas que, de forma oficial, han anunciado su participación en las movilizaciones del 24 y 27 de noviembre: ASEGGC, SUP, AUGC, JUCIL, SPP, RAGCE, AJPNE, UO, PLA, UFP, ANGCR, APC, IGC, APROGC, AGGC, DJGC, PGC, UGC, UFGC, ASP, AMGC. Adolfo Medina, del SPP, asegura que la manifestación busca ir unificada para que quede más claro el mensaje de rechazo a la reforma que las reivindicaciones particulares de cada asociación. "En esto estamos todos unidos", concluye.