Francisco, el joven que detuvo al maltratador de su madre en Torrent (Valencia), se enfrenta a una pena de 3 años de cárcel y a una reclamación por responsabilidad civil de 220.000 euros. Es lo que solicita la Fiscalía por "un delito de lesiones" en concurso con otro de "homicidio por imprudencia". Su abogada, Silvia Moya, logró que se le juzgara por estos delitos y no por el de "homicidio", por el que le podrían haber reclamado 15 años. Pero esto no le ha librado de la abultada cantidad que le reclama el Ministerio Público. Y todo a pesar de que el maltratador murió tras rechazar una prueba médica que le habría salvado la vida.
Los hechos por los que está imputado Francisco se produjeron el 25 de noviembre de 2019, Día contra la Violencia de Género. Poco le importó la efeméride al exnovio de su madre. Primero la acosó por teléfono. Después acudió a su domicilio. Fundió el timbre del patio hasta lograr entrar a la finca. Aporreó la puerta del piso entre insultos. Ella alertó al 112 y al 016, pero llegó antes su hijo, que presenció cómo el agresor tomaba a su madre por el cuello.
La Fiscalía, en su informe provisional de conclusiones, hace suyo este relato. Según recoge en el mismo, Francisco le golpeó en el rostro y le propinó patadas para defender a su progenitora. Ambos forcejearon hasta que los separó un vecino, y el Ministerio Público atribuye a esta pelea una fractura en las costillas que causó la rotura del bazo del maltratador. No obstante, en el propio documento subraya que él mismo "se negó a que se le practicara una radiología en la parrilla costal" cuando fue examinado en el Hospital General de Valencia.
El día siguiente, 26 de noviembre de 2019, fue igual de frenético para el machista. Por la mañana fue condenado en un juicio rápido por agredir a la madre de Francisco. Y por la tarde murió por la lesión en el bazo. Ante tal escenario, la Justicia procesó inicialmente a Francisco por un presunto delito de "homicidio", si bien la juez instructora emitió un auto el pasado 10 de junio mediante el que estimó parcialmente el recurso de reforma presentado por la abogada defensora, del despacho Moya Abogados. Finalmente, será juzgado por "un delito de lesiones" en concurso con otro de "homicidio por imprudencia".
La conducta del fallecido fue condenada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrent. "Se personó en el domicilio de su expareja sentimental aporreando la puerta de la vivienda y gritando para que le abriera, cosa que al final hizo. Y tras ello, dirigiéndose a ella con ánimo de menoscabar su integridad física, la agarró fuertemente del cuello y la empujó", recogen los hechos probados de la sentencia de aquel juicio rápido.
Silvia y José Manuel, de Moya Abogados, en su despacho junto a Francisco y su madre.
Para mayor drama, todo ocurrió en presencia de la hija de 7 años del difunto, que acudió con ella a acosar a su expareja. Y el grueso de la elevada responsabilidad civil que solicita la Fiscalía iría precisamente a la niña. En concreto, 150.000 euros para "indemnizar a la Generalitat Valenciana, que ostenta la custodia de la hija menor". Los 70.000 euros restantes corresponden a 10.000 euros que pide para "cada uno de los hermanos del fallecido", que tenía siete. El total suma los mencionados 220.000 euros.
Pero la defensa de Francisco buscará su absolución. A su favor juegan varios argumentos, incluso presentes en el auto inicial de procesamiento. En la descripción de los hechos se expuso que Francisco "le requirió para que se marchase del lugar, iniciándose una discusión entre ambos en la que se enzarzaron y golpearon mutuamente". También relata que el fallecido se causó lesiones a sí mismo. "En un momento dado se golpeó varias veces con la cabeza en el suelo, autolesionándose al tiempo que decía que les iba a arruinar la vida", agregaba el documento.
Con el propósito de exculparlo, la defensa de Francisco ha encargado además un informe médico independiente sobre la muerte del agresor de su madre. El mismo considera "impensable que en nuestros días fallezca un paciente por una pérdida de sangre interna secundaria a una rotura del bazo no advertida en un servicio de urgencias hospitalario". "Dicha rotura presenta un elevado índice de mortalidad sin tratamiento, pero ínfimo con el pertinente tratamiento", asevera el facultativo.
"La pérdida de oportunidad que sufre el fallecido es más que evidente, entre otras cosas, por propia elección. De haberse actuado con la celeridad precisa, la situación clínica del paciente habría sido, sin duda, mucho mejor, con un elevado pronóstico de supervivencia", concluye.