Reformas en negro: por qué si llamas a 20 empresas de construcción, 16 aceptan pagos en 'B'

A falta de datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Hacienda que demuestren la cantidad de dinero negro que mueve este sector -se trata de una economía invisible, así que es difícil de comprobar-, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con 20 empresas de reformas de viviendas para poder constatar si estas prácticas son frecuentes en este ámbito comunmente acusado de estar acostumbrado a las 'facturas B'.

La muestra revela lo siguiente: de las 20 empresas contactadas para que nos hiciese una supuesta reforma del hogar, 7 han aceptado “sin problemas” el pago en efectivo y sin factura; 9 han dejado la puerta abierta para poder hablarlo en otro momento ya que, conocedores de estar cometiendo un fraude, expresan que “es algo de lo que no se puede hablar por teléfono”. Tan sólo 4 nos han exigido cobrar el trabajo realizado con su correspondiente factura. Por tanto, podemos afirmar que 16 de las 20 empresas están dispuestas a realizar la obra sin facturas de por medio y a espaldas de la Administración. 

Una reforma en una vivienda. iStock

"Ningún problema"

A una de estas empresas contactadas, con sede en el centro de Madrid, le pedimos presupuesto para hacer una reforma en el cuarto de baño: cambiar la bañera por un plato de ducha. Una obra sencilla cuyo coste ronda los 1.500 euros. Para ello, nos ofrecen realizar dos pagos: la mitad al comienzo de la reforma y la otra mitad una vez concluida. Proponemos poder hacerlo sin factura con el fin de ahorrarnos el IVA. La respuesta es clara: “No hay ningún problema. Nosotros queremos ayudar al cliente a que pueda pagar sin problemas y abaratando los costes. Nos adaptamos a lo que sea”, expresan. 

La realidad es que el cobro con dinero negro favorece a las dos partes. Al cliente porque se ahorra pagar el 10% de IVA -en el caso de personas físicas es de tipo reducido, el 21% sería sólo para sociedades- y a la empresa le permite poder abaratar sus costes, lo que supone una competencia desleal. Esto ocurre porque siempre ofrecerán un precio más económico que empresas que opten por la vía legal, las cuales se ven obligadas a reducir su margen de beneficios si quieren competir con las que hacen trabajos en B.

En el caso de reformas pequeñas, como la expuesta anteriormente, el pago en B es aún más frecuente. En España es legal poder efectuar un pago en efectivo si este no supera los 1.000 euros, evitando así realizar una transferencia bancaria. Asimismo, si una obra supera los 1.000 euros pero se fracciona el pago en dos cuotas (como en el caso real anterior), el cliente podrá abonar el importe en mano, exista o no una factura con su correspondiente IVA. Sin embargo, cuando se trata de operaciones superiores a los 1.000 euros en efectivo, es más fácil que sean detectadas. “Algunas empresas del sector han sido sancionadas recientemente por la utilización del efectivo por encima de las limitaciones cuantitativas legalmente establecidas”, confirman a este medio desde la Agencia Tributaria (AEAT).

Grandes reformas en B

Así, cuanto más elevada sea la cuantía económica, más riesgo asume la empresa. Aunque, como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, algunas empresas también están dispuestas a hacerlo en B cuando se trata de trabajos de gran envergadura. De las empresas contactadas, dos de ellas aceptaron realizar en negro una reforma integral de una vivienda. 

Una reforma en un altillo. Getty

En el primer caso, preguntamos por el presupuesto de una reforma de un piso de 90 metros cuadrados, nos comentan que el coste sería de entre 35.000 y 40.000 euros, “dependiendo de los materiales que se utilizaran”, nos dice un trabajador al otro lado del teléfono. También nos informa que se pagaría en tres veces: el 30% al comienzo, el 20% a mitad de obra y el 50% restante al final. Acto seguido le preguntamos por la posibilidad de hacerlo sin factura para ahorrarnos el IVA. “No pasaría nada“, responde. “Ahí le puedo ayudar”, añade. 

En el segundo caso, por un piso de 70 metros cuadrados y un presupuesto que ronda los 25.000 euros, nos comentan que tampoco habría inconveniente en que hiciésemos el pago sin factura. “Si usted desea, podemos hacerlo de esta manera. Nosotros no tenemos problema en hacerlo así”, asegura amablemente una trabajadora por teléfono. 

Sin embargo, más allá de esa competencia desleal de la que hablamos como consecuencia de ahorrar el IVA a los clientes, uno de los beneficios principales que obtienen las empresas que cometen este tipo de fraudes es el de “utilizar las formas societarias con el objeto de minorar de forma improcedente la tributación correcta de la actividad desarrollada”, explican desde la Agencia Tributaria. Es decir, reducir el impuesto sobre sociedades para incluir, por ejemplo, gastos que no son de la sociedad sino de los socios de forma particular. Además, hay personas físicas que, en vez de tributar como autónomos (con las cuotas abusivas tan criticadas), eligen constituir una sociedad ya que los topes en cuanto a tributación son más bajos.

De igual manera, ese dinero abonado en efectivo también es utilizado para satisfacer compras a proveedores o pagos a trabajadores en B. Con lo cual, ese caudal de dinero negro termina recalando en los propios sueldos o en la compra de materiales, con el perjuicio en cuestiones laborales que esto supone.

Imagen de archivo de las dependencias de la Agencia Tributaria.

Para intentar evitar que este tipo de fraudes se cometan, la AEAT utiliza sistemas de control que vigilan la contabilidad de las empresas y realizan inspecciones fiscales que concluyen en una regularización administrativa que pueden conllevar sanción, o incluso pueden derivar en un delito fiscal. Sin embargo, “se denuncian muy pocos delitos en cuestión de todas las regularizaciones que se hacen. Muy pocas acaban en un juzgado”, revelan desde la propia AEAT.

A pesar de que haya indicios suficientes sobre fraude fiscal en un sector determinado -como el de las reformas de viviendas, donde esta problemática suele ser más común que en otro tipo de sectores-, Hacienda no se enfoca en un sector en particular sino que trabaja por perfiles de riesgo. “Es muy raro que Hacienda realice una actuación sobre un colectivo determinado, salvo casos muy puntuales y de manera específica. Lo que ocurre en la construcción puede ocurrir en otros sectores, por tanto no hay datos específicos. Tampoco nos gusta estigmatizar un sector entero diciendo que existe esta problemática”, explican desde la AEAT.

Trabajar en B o cerrar

Sin embargo, la llegada de la pandemia y las crisis económicas que tanto afectan a la construcción están ocasionando que muchos empresarios del sector de las reformas de viviendas se vean obligados a trabajar en B si no quieren cerrar su negocio. De igual forma, el incremento de los precios de los materiales de obra ha provocado que se reduzcan también los márgenes de beneficio, lo cual afecta principalmente a las empresas más pequeñas. Según datos de la Confederación Nacional de la Construcción, en lo que llevamos de año, los costes de materiales se han encarecido un 22,2%. Como consecuencia de eso, casi un 25% de las empresas han tenido que subir los precios.

Para algunos empresarios la situación es límite y han tenido que prescindir de trabajadores al no poder pagar sus sueldos. Una de las empresas contactadas por este periódico nos revela que ha tenido que posponer las obras que tenía y que, por el momento, no puede realizar dos obras al mismo tiempo ya que no tienen mano de obra suficiente, lo cual le obliga a tener que rechazar proyectos o posponer las obras hasta un período de seis meses. 

Una reforma en una casa.

A pesar de todo, se vaticina que después de haber atravesado lo más crudo de la pandemia, la situación mejore este año 2022. Según la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), el año pasado se realizaron en torno a 1,4 millones de reformas en viviendas en España, lo que significa un crecimiento de entre el 10% y el 12% respecto a 2020.

Premiar la economía legal

Si algo queda claro es que la economía sumergida se reduce en momentos de bonanza y se eleva en tiempos de crisis. Y, para reducir su impacto, “se deben generar incentivos que premien la economía legal”, explica a este periódico Sebastián Molinero, secretario general de Andimac. “Las mismas empresas necesitan que todos los procesos estén claramente ‘fiscalizados’ ya que representan una garantía para ellos”. En ese sentido, “las ayudas directas -subvenciones- como indirectas -deducción fiscal-, deben incitar a la economía legal”, añade Molinero. 

Precisamente, una de las empresas contactadas por EL ESPAÑOL, advierte que ellos no admiten pagos en B ya que “necesitan estar respaldados ante la ley, por seguridad jurídica”. Lo cual conlleva que si existe algún problema con la obra, deben tener un contrato legal que respalde tanto al usuario como a la propia empresa y a los trabajadores que la componen. Sin embargo, esa idea de optar por lo legal queda lejos de estar generalizada.

Por este motivo, se debe incentivar al usuario a premiar la economía legal para que la ilegalidad se vea relegada a un porcentaje ínfimo. Para ello, Molinero cree que es “fundamental conseguir una deducción fiscal del 15% por obras de reforma que mejoren las condiciones de habitabilidad, así como el IVA reducido en la reforma”. A pesar de que la aplicación del IVA reducido al 10% esté en marcha, el secretario general de la patronal piensa que “falta un refuerzo fiscal para que se rompan las tensiones hacia el ‘sin IVA’. Si eso se lograra, se incrementarían los ingresos por IRPF”, añade Molinero. 

Ya en 2010, Andimac planteó a la Comisión de Vivienda del Congreso que el Gobierno subvencionase el 20% del coste de la obra sobre facturas de hasta 4.500 euros. De esta forma, el cliente que pagase sus reformas por la vía legal se beneficiaría, y el que optase por la ilegalidad, se vería perjudicado: aunque se ahorrase un 10% de IVA, no recibiría el 20% de la subvención. Una medida que nunca se llevó a cabo.

En definitiva, la causa principal de que exista esta economía sumergida es que tanto el consumidor como el empresario salen beneficiados, aunque esto conlleve riesgos tales como renunciar a una posible reclamación y a la falta de cobertura de una póliza de seguros. Con lo cual, “medidas como las que propone Andimac dignificarían a la profesión de los gremios de la construcción y provocarían un impulso hacia la competencia en calidad”, concluye Molinero.