El drama de Mar: pide en la calle porque debe 60.000 euros y no puede echar al okupa de su casa

Su casa está alquilada a través de una pequeña inmobiliaria del citado pueblo barcelonés. Mar contrató los servicios de esta empresa por haber tenido dos malas experiencias previas con otros dos inquilinos. “Uno que se retrasaba y luego otro que me destrozó la casa”, recuerda la afectada en conversación telefónica con este periódico. “Se me llevó hasta los marcos de las puertas. Tuve que arreglar el piso y fue cuando se lo dejé a la inmobiliaria”.

Pero ni contratar un intermediario hizo que se desencadenara un caso de okupación. Otro más. Este es otro ejemplo de cómo una persona arruina a su casero dejando de pagar su alquiler. Este fenómeno es ya la práctica más extendida para okupar una vivienda en España, muy por encima de la clásica patada en la puerta. Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, hasta el 70% de los casos de ocupación ilegítima se producen de esta manera. Esta práctica se extiende por toda la península, pero es especialmente acusada en los municipios del sur de Madrid, como ya documentó EL ESPAÑOL.

Falsa vulnerabilidad

En el momento en que suena el teléfono, Mar se está trasladando de tienda. Tiene un pequeño negocio de venta de ropa y complementos que, hablando en plata, va mal. Ahogada por las deudas que arrastra, se ve obligada a trasladar la tienda a un local más barato y peor ubicado. “Me he tenido que trasladar porque ya no podíamos pagar el alquiler”.

A 200 kilómetros de allí, en Sant Sadurní, Luis (59 años) y su hija (21) viven gratis. Los padres de Mar le tienen que ver a menudo, impotentes, tomando cañas en las terrazas del pueblo. No trabaja por haber sufrido un infarto, según relató el propio okupa al programa Cuatro al día.

Luis Sánchez, el okupa de Mar. Cuatro al día

Cuando entró al piso, Luis tenía a su cargo a su madre, dependiente. Pero, “a los tres o cuatro meses” de vivir en el piso de Mar, la mandó a una residencia. “La señora ya ha muerto, por cierto”, apunta Mar. Es decir, que ya no tiene ninguna persona dependiente a su cargo.

“Este señor pedía un piso gratuito para él a la Generalitat porque era vulnerable. ¡Pero es que este señor no es vulnerable! Soy yo más vulnerable que él. En medio de la pandemia me dejó de pagar. Y este tío ya me ha dicho a la cara que de ahí no se va hasta que no vaya un juez y lo saque de allí a patadas”, relata Mar, visiblemente alterada por esta situación.

Hace tres semanas, decidió plantarse en las calles de Sant Sadurní con una hucha, un cartel y un megáfono. Era su forma de protestar y de pedir ayuda a la desesperada. Tiene la hipoteca de su casa okupada pagada al día gracias a haber pedido un crédito ICO, préstamos personales y de lanzarse a las garras de empresas de créditos rápidos, conocidas por abusar con unos intereses desorbitados. Cualquier cosa con tal de que el banco no le embarguen su casa.

Mar protestando en las calles de Sant Sadurní. Cedida

Mar se divorció a los tres meses de nacer su hija y tiene una custodia compartida que la ata a Huesca, además de su tienda. Su maltrecho negocio no da para pagar los gastos que supone una menor a su cargo y una deuda que no para de crecer. Mientras tanto, Luis cobra una pensión de cerca de 700 euros, según contó él mismo. Y su hija, también cobra un sueldo, según le contaron a Mar en el ayuntamiento de Sant Sadurní.

Con este telón de fondo. En enero de este año se celebró un juicio por impago al que el acusado no acudió y se decretó la fecha de lanzamiento (o desahucio) para el 11 de febrero. “Mientras estaba de camino el día antes. Me llamó mi abogado y me dijo que se paraliza el desahucio. Y no sabe decirme ni por qué. Yo me presenté ahí porque tenía una sentencia en firme que dice que ese señor a las 12 del mediodía tiene que abandonar mi vivienda”.

La comitiva judicial, dependiente de los juzgados de Villafranca del Panadés, no se presentó. Sin la comitiva presente, da igual lo que diga la sentencia: Los Mossos d’Esquadra no pueden hacer nada. “El juzgado dijo que fue un error entre la comitiva y el juez. Aquí nadie nunca me ha aclarado nada. Si fue un error del juzgado, de mi abogado… Nadie sabe nada. Se paralizó mi desahucio”. Ahora, tiene fecha para un segundo juicio el 18 de mayo. Pero la Plataforma de Afectados por la Ocupación ya le ha advertido de que no se haga ilusiones. Hay quien lleva tres o cuatro lanzamientos fallidos.

Letra pequeña

En toda esta historia, Mar cometió un error: fiarse de la inmobiliaria y firmar sin leer. “Eso fue una cagada mía”, reconoce. En el momento en que contrató sus servicios, la inmobiliaria le ofreció un seguro de impagos, gestionado por una correduría de la propia inmobiliaria. Mar lo contrató, por miedo a sus malas experiencias anteriores. Pero ese seguro de impago solo cubría un año de pagos. “Nadie me lo dijo, ni una sola mención al tiempo”, recuerda.

Mar, durante su protesta. Cedida

El error, de nuevo, es de Mar por no leer. Pero resulta que ella misma había trabajado años atrás en la inmobiliaria. Era, como quien dice, de la casa. “Es la inmobiliaria del pueblo y bueno, esperas confianza”. Sus antiguos jefes no le explicaron que solo tendría 12 meses de cobertura por impago. Ese plazo, naturalmente, ya ha expirado y Mar ha dejado de cobrar.

La protagonista de esta historia llegó a suplicar personalmente a la hija del okupa que se fueran o, al menos, que pagaran. “Por favor, que no soy un banco ni un fondo buitre”. La respuesta fue un portazo en la cara.