La lucha de los periodistas en el México que mata la verdad: acoso, amenazas y 11 asesinatos en 5 meses

Las amenazas se han convertido casi en parte del día a día de numerosos periodistas en México, como es el caso de Alberto Escorcia. Desde que en enero de 2017 revelase operaciones con bots en redes sociales que alentaron una serie de disturbios, las intimidaciones se han repetido hasta en cinco ocasiones. La última amenaza se produjo hace cerca de un mes, en medio de un momento crítico para la libertad de prensa en méxico: el número de periodistas asesinados en el país ya asciende a 11. En solo cinco meses de 2022, la cifra está a un muerto de igualar el año con más periodistas asesinados de la historia de México, 2017, cuando 12 informadores fueron víctimas de estos brutales crímenes. La cifra supera a la de periodistas muertos en casi tres meses de guerra abierta en Ucrania, donde han fallecido nueve profesionales.

Los últimos nombres en incorporarse a este recuento del terror fueron los de Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal de noticias El Veraz de Veracruz y la fotógrafa del mismo medio Sheila Johana García Olivera. Ambas fueron disparadas en un estacionamiento de la ciudad caribeña el 9 de mayo. El asesinato anterior fue apenas cinco días antes, el 4 de mayo, contra Luis Enrique Ramírez Ramos.

“Parecía que con un gobierno de izquierdas cambiaría la situación, pero solo ha ido a peor”, lamenta Escorcia en conversación telefónica con EL ESPAÑOL, en referencia al mandato de Andrés Manuel López Obrador. 

Escorcia es conocido dentro y fuera de México por haber denunciado las operaciones de información del gobierno contra periodistas y activistas. También puso el foco sobre escuchas ilegales, espionaje, censura en las redes sociales y en la injerencia del poder político en estas durante procesos electorales o detrás de disturbios. Su trabajo se ha desarrollado, sobre todo, de forma independiente y en medios como el estadounidense BuzzFeed News y Lo Que Sigue. Le ha causado amenazas de muerte continuas.

Desde entonces ha vivido en México y refugiado entre Costa Rica y en España, donde ha pasado diferentes temporadas. Pero siempre ha terminado regresando a su país. Cuando se produjo la última amenaza, Escorcia no estaba detrás de ninguna investigación importante, ni iba a destapar un caso de corrupción que implicase a políticos  de primer nivel, o a exponer un negocio criminal de un cartel del narcotráfico. Escorcia fue intimidado por un motivo que pone de manifiesto la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los informadores mexicanos en pleno año 2022.

“Los periodistas en México estamos muy mal pagados, de tal forma que no podemos trabajar exclusivamente como reporteros. Tenemos que buscar otros trabajos simultáneos porque el sueldo medio de un periodista no llega a los 200 euros al mes”, explica Escorcia. “Entre otras cosas, me especialicé en posicionamiento SEO y me contrató un grupo de empresarios para que colocase su nombre arriba en los resultados de Google. Cuando descubrí que estaban siendo investigados por lavado de dinero paré la colaboración. Es por eso que me han amenazado”, prosigue.

No es el 'narco'

En el que va camino de convertirse en el año con más asesinatos de periodistas y contra la libertad de expresión en México, el peligro principal no es el narco, ni los gobernadores o el Estado profundo. La amenaza son las decenas de mandatarios locales, municipales, pequeños empresarios e incluso trabajadores rasos que ven un peligro en quienes osen destapar la verdad detrás de suculentos negocios de los que dependen centenares de personas. Por ejemplo, con los grandes proyectos de minería que se extienden por diferentes estados del país.

“Fuera de México se atribuye todo al narcotráfico. Pero estamos ahora mismo en una situación en la que la amenaza más grande es la minería y los asuntos ambientales. No por la implicación de las empresas canadienses o estadounidenses que desarrollan estos proyectos, que seguramente no tienen nada que ver, si no por todo el entramado de quienes se benefician de ello a nivel local. Hay muchos intereses comprometidos”, explica Escorcia.

El caso de la periodista Laura Barranco es un ejemplo. En mayo de 2018 denunció, a través de un pequeño reportaje en el portal Arístegui Noticias, las invasiones que durante décadas han reducido el 80% del área original del Parque Natural de Los Remedios en en Naucalpan de Juárez, Estado de México. "Desde entonces, uno de los principales invasores comenzó a presentar denuncias falsas contra mí y contra el padre de mis hijas por delitos que no habíamos cometido, con tal de hundirnos", relata por teléfono a EL ESPAÑOL.

Junto a las denuncias, llegaron también las campañas de desprestigio en redes sociales, y también las amenazas de muerte. Tras aquello, Barranco dejó el periodismo y se integró en la Secretaría de Medioambiente de Naucalpan, para trabajar desde la administración contra "los ecocidas del Estado mexicano", en sus palabras. La vida de Barranco no ha mejorado: forma parte del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ál igual que Escorcia- e incluso han entrado a la fuerza en su despacho. "La estructura del país está muy deteriorada", lamenta.

Además de los asuntos ambientales, otros temas peligrosos para informar, aún por delante del narco, son la prostitución infantil y la trata de personas, según Escorcia. “Quienes ordenan los asesinatos no son los carteles o el presidente de la República, sino mandos medios, un jefe de oficinas, el asistente del gobernador, la regidora de un ayuntamiento… Todo esto ha creado un importante sicariato, un negocio del asesinato tercerizado en el que la vida de una persona vale apenas entre 3.000 y 12.000 pesos, unos 500 euros de media”, advierte el periodista.

Sus víctimas, además, no son periodistas de grandes periódicos o cadenas de televisión, si no más bien líderes comunitarios locales; personas corrientes que, horrorizadas por lo que ven en su día a día, un día se ponen a investigar, y comienzan a publicar los trapos sucios de los caciques locales, delitos ambientales o corruptelas varias. Son blogueros o usuarios de Facebook -en México esta red social tiene una gran aceptación- que comienzan a tejer una red de fuentes y de contactos y, con el tiempo, terminan llevando pequeños medios que, a nivel local, destapan escándalos mayores que los grandes medios nacionales.

Así lo demuestra la lista de los informadores muertos en lo que va de año: Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, asesinadas del 9 de mayo, eran de El Veraz de Veracruz. Luis Enrique Ramírez Ramos, asesinado el 4 de mayo, era articulista del diario local El Debate de Sinaloa y fundó el sitio de noticias Fuentes Fidedignas. Armando Linares, asesinado el 15 de marzo, dirigía el director del portal Monitor Michoacán. Juan Carlos Muñiz, asesinado el 4 de marzo, trabajaba en Testigo Minero de Zacatecas. Jorge Camero, asesinado el 24 de febrero, dirigía el portal de noticias El Informativo, en el estado de Sonora. Heber López Vázquez, asesinado el 10 de febrero, estaba al frente de Noticias Web en Oaxaca, Roberto Toledo, asesinado el 31 de enero de 2022, también trabajaba en el Monitor Michoacán (al igual que Armando Linares). Lourdes Maldonado, asesinada el 23 de enero, presentaba un programa en la emisora local Sintoniza sin Fronteras, en Baja California. Margarito Martínez Esquivel, asesinado el 17 de enero, era reportero gráfico independiente, también en Baja California. Por último, José Luis Gamboa Arenas, asesinado el 10 de enero, dirigía el medio digital Inforegio, en Veracruz. 

“Son personas que tienen un puesto en el mercado o que trabajan como taxistas. Pero comienzan a informar, les apasiona lo que hacen y acaban encontrando la muerte por molestar a políticos y delincuentes. A veces, ni siquiera a los delincuentes. A veces es el propio minero o trabajador de la construcción cuyo salario depende de que salga adelante un proyecto ilegal o fraudulento el que mata al periodista. Son pobres contra pobres, eso es lo peor de todo”, apunta Escorcia.

"México es como la URSS"

Las muertes de periodistas se enmarcan dentro de un problema de hondas raíces que parece no tener solución en México. Escorcia lo relaciona con las estructuras del Estado mexicano creadas por el régimen del PRI desde que llegara al poder en 1917. “México es un país como la Unión Soviética, en el sentido de que se ha construido sobre un fuerte nacionalismo por el que nadie es capaz de reconocer públicamente que hay cosas que no funcionan. Ni el PRI ni los otros partidos, que son derivados de este, reconocerán que algo va mal en México porque eso se considera traicionar a la patria”, dice el periodista.

“En México no dejarán de morir periodistas hasta que no cambie la sociedad; cuando el vecino no vea como algo malo que alguien pueda decir la verdad. México, lamentablemente es un país de apariencias, donde existe una hipernormalización de todo. Incluso de los asesinatos, de periodistas o de no periodistas, que se cuentan en lo que llevamos de año por un promedio de más de 2.000 al mes. Parece que todo siempre está bien”, añade.

Por su parte, el periodista y documentalista Témoris Grecko, activo en la denuncia de los crímenes contra la libertad de expresión, dice a este periódico que los poderes públicos “se niegan a ver el asunto”. “Se utiliza al narcotráfico como cajón de sastre para todos los problemas del país, pero cuando nos referimos a asesinatos de periodistas hablamos de que la mitad están relacionados con personas con vínculos con el Estado y de intereses privados que usan grupos criminales para quitarse periodistas de en medio”, denuncia.

Grecko escribió el libro "No se mata la verdad. El peligro de ser periodista en México" en 2018, donde relata la crónica de lo que, hasta entonces, él consideró los años más sangrientos para el periodismo en México. Con la tendencia que se está registrando en lo que va de año, teme que aquellos años queden incluso en algo menor.  “Si la tendencia sigue, podríamos terminar el año con 30 periodistas muertos”, advierte. “Es una cifra inaceptable”, añade.

El periodista pide cautela en el momento de instrumentalizar las muertes de periodistas: “Hay que distinguir entre quien muere por investigar algo, lo cual es un crimen contra la libertad de expresión y contra la sociedad, de quien muere por circunstancia de la violencia generalizada, como en un tiroteo en un supermercado”. A pesar de la distinción necesaria, el problema no es menor.

“El poder solo tiene en cuenta el asesinato de periodistas cuando los casos se vuelven mediáticos. Si no, nadie hace nada. El perfil de los muertos de este año y la repercusión que han tenido ha forzado a que las investigaciones policiales vayan más allá y haya, de nueve casos, siete casos con detenidos y personas en búsqueda y captura”, señala Grecko.

Las soluciones, para el periodista, pasan por terminar con la impunidad y por no transmitir a los delincuentes que matar periodistas “sale gratis”. Por eso, él considera que es "fundamental" que la justicia funcione. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solo ha logrado un 2% de condenas en todos los asesinatos contra informadores desde su creación en 2010. “Con estas cifras, si denunciamos nos hacemos el harakiri, porque los criminales ven que no pasa nada”, apunta Grecko.

Por su parte, para Escorcia el remedio pasa por desprecarizar la profesión, y por que que se garantice el reconocimiento como periodistas a las personas que informan a nivel local. “Se minimiza el problema porque, precisamente, al ser muchos blogueros o periodistas de portales digitales pequeños, no se les considera periodistas”, dice Escorcia. Para él, parte de la solución también está en un cambio social y “de mucha profundidad” en México. Sobre esto se muestra más escéptico.