Mohamed Benhalima era soldado, pero le usaban más como el chófer personal de un oficial del ejército argelino. Servía a sus jefes, no a su país. Como él, cientos de soldados veían impotentes la vida de lujo que se dan los generales a costa del presupuesto del Ministerio de Defensa, cartera que ocupa el propio presidente del país magrebí, Abdelmadjid Tebboune. Benhalima, con madera de líder, no se quedó callado e hizo públicos esos abusos. Eso le costó un exilio a España, una persecución y una condena a muerte.
Marzo de 2022. Una patrulla de agentes de la Policía Nacional da el alto a un hombre con rasgos magrebíes en una calle de Zaragoza. Los agentes le piden al hombre que se identifique. Este solo puede mostrar su identidad argelina, un visado de turista caducado y una serie de papeles que muestran que está en proceso de pedir asilo político. Se llama Mohamed Benhalima y vive desde hace tres años en la capital maña. Huyó de Argelia temiendo por su vida. A los pocos días de este control, el 17 de marzo, Benhalima fue encerrado en el CIE de Zapadores de Valencia sin derecho a réplica.
“Oficialmente, fue una detención aleatoria [a una persona sin papeles]. Otra cosa es que te lo creas o no. La versión oficial es que le vieron pinta de extranjero y le pidieron la documentación. Pero no sé si la realidad es esa u otra”, explicó su abogado español, Eduardo Gómez, a este periódico cuando se conoció este episodio. Lo cierto es que las circunstancias, los precedentes, las fechas y la coyuntura política invitan a sospechar de la “aleatoriedad” de esta detención.
Mohamed Benhalima es exmilitar y activista. Huyó de Argelia tras denunciar la sangrante corrupción que corroe desde dentro a las fuerzas armadas argelinas y unirse al movimiento de disidencia Hirak. El 24 de marzo el Ministerio del Interior decretó su expulsión inmediata de vuelta a Argelia, donde actualmente está condenado a muerte. “Nos avisaron apenas una hora antes. No teníamos margen para hacer absolutamente nada. Es más, a Mohamed le habían quitado el móvil dos días antes, de manera que él tampoco nos podía avisar”, denunció su abogado, perteneciente a la cooperativa Red Jurídica.
Todo este episodio coincidió con el acercamiento del Gobierno de Pedro Sánchez al régimen de Marruecos y el reconocimiento del Sáhara Occidental como territorio perteneciente al reino de Mohamed VI. Este viraje en la política internacional española no le ha sentado nada bien a Argelia, enemigo tradicional de Marruecos y segundo proveedor de gas natural a España. La tensión se puede masticar.
Además de Benhalima, el Gobierno también expulsó en agosto de 2021 a Mohamed Abdellah, otro exmilitar y activista perteneciente al movimiento Hirak. Actualmente, se encuentra también encarcelado en Argelia, aunque no pesa sobre el una pena de muerte de manera oficial.
"Se sintió traicionado"
Benhalima nació el 19 de noviembre de 1989 en el seno de una familia modesta de un pequeño pueblo cerca de Mohammadia, en el oeste de Argelia. A los 15 años dejó la escuela para ponerse a trabajar. Terminó uniéndose al ejército para conseguir un trabajo mientras servía a su país, o eso es lo que imaginó. “Descubrió que estaba sirviendo a los generales, no a su país... Eso fue lo que lo empujó a hablar en contra de lo que estaba viendo. Se sintió traicionado”, explica Assia Guechoud, una reconocida activista del movimiento Hirak exiliada en Estrasburgo (Francia), en conversación con EL ESPAÑOL.
La organización Hirak es un movimiento de disidencia en Argelia, de carácter democrático no violento y defensor del establecimiento de un Gobierno civil en Argelia. Numerosos activistas de Hirak viven repartidos por países europeos porque están perseguidos por su país de origen. Benhalima y Abdellah son dos claros ejemplos.
“En 2009, se inscribió en el ejército -prosigue Guechoud- hizo sus 45 días de entrenamiento, obtuvo sus diferentes permisos de conducir en Mecheria [oeste del país] y comenzó a trabajar en Tebessa [este]. En 2010, su batallón fue trasladado a Tinduf donde las condiciones de vida son muy rudimentarias y extremadamente difíciles. Pasó seis años en el desierto de Argelia”. Precisamente en Tinduf es donde está, desde hace décadas, el principal campo de refugiados saharauis en Argelia y donde residen los mandatarios del Frente Polisario, como Brahim Ghali.
En sus años en el ejército, Benhalima se negó a mirar hacia otro lado al ver la sangrante corrupción del ministerio de Defensa argelino: “Apropiación indebida de fondos públicos, uso del presupuesto del ejército para beneficio personal, el uso de la infraestructura del ejército en beneficio de las esposas e hijos de los oficiales, en particular los generales...”, enumera la activista exiliada.
“Los coches militares no se detienen en los controles policiales que están en todas partes y arruinan la vida de los ciudadanos comunes. Usan el sistema militar para aplastar a los soldados con leyes injustas en materia de pensiones, asignaciones, cobertura social y médica. Cada general tiene su propio suboficial jefe para servirle como sirviente. El suboficial les compra en las tiendas más lujosas a cargo del Ministerio de Defensa. Los generales compran los últimos iPhones para sus familias con dinero público”.
El propio Benhalima llegó a ser el chófer particular de un oficial superior y de sus hijos. “Le trataban como a un sirviente”, asegura Guechoud. Lo que quizás no se esperaban sus superiores es que Benhalima tiene madera de líder y supo captar la indignación de sus compañeros rápidamente. “Tuvo una gran influencia en los soldados. Es un desafío insostenible para el régimen que no tiene legitimidad popular”. Eso lo hace tan peligroso para el régimen de Tebboune que, recoredemos, es tanto presidente como ministro de Defensa de Argelia.
Por si esto fuera poco, el movimiento Hirak también denuncia el uso de las fuerzas armadas como instrumento para dar pucherazos electorales: “Los soldados son transportados desde los cuarteles en autobuses y llevados a los colegios electorales para que todos voten por la persona elegida por la institución militar, el voto es obligatorio. A veces el mismo autobús recorre varios colegios electorales y los soldados votan varias veces sin verificación posible”.
Por su parte, Mohamed Abdellah denunció la gravísima corrupción de los controles fronterizos en la frontera con Túnez. El exmilitar y activista operaba las cámaras de vigilancia en el puesto fronterizo y pudo constatar un constante contrabando de armas y petróleo con el beneplácito de sus mandos superiores.
Tal y como relató en su canal de YouTube y su perfil de Facebook -donde suma 265.000 y 130.000 seguidores, respectivamente-, al denunciar la situación a los altos mandos, le invitaron a mirar para otro lado o, directamente, a entrar en la rueda de corrupción. Abdellah desertó y huyó a España en noviembre de 2018. Fue deportado unos meses antes que Benhalima, cuando la tensión entre España y Argelia daba sus primeros compases.
Silencio de Interior
Aunque Benhalima está en una prisión militar condenado a muerte -ya lo estaba cuando Marlaska decidió expulsarle-, lo cierto es que hace más de dos décadas que Argelia no ejecuta de manera oficial una sentencia de muerte, aunque las imponga.
Actualmente, la familia del joven "no quiere hablar con medios por si Mohamed pudiera sufrir represalias", señalaron recientemente fuentes próximas a sus allegados. Interior, por su parte, se niega a "hacer comentarios" sobre esta situación.
El ministro Marlaska había sido advertido por Amnistía Internacional de que "al menos cuatro activistas" con acusaciones similares a las de Benhalima habían "sufrido torturas y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad argelinas en los últimos tres años por su participación en movimiento de protesta Hirak, que pedía una reforma del sistema político".
La condena a muerte de Benhalima se dictó en el año 2020, pese a que no se ha conocido hasta ahora. Es decir, que Mohamed ya estaba sentenciado en el momento en que Marlaska ordenó su expulsión. La sentencia, sin embargo, se conoció la semana pasada.
“Todas las personas actualmente detenidas por su pertenencia al movimiento pacífico Hirak son presos de conciencia que han expresado su opinión en las redes sociales o se han manifestado pacíficamente”, apunta Guechoud. Marlaska desoyó a Amnistía Internacional y hasta a ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) al no conceder asilo político a Benhalima. Ahora, el hombre vive en una celda a la espera de recibir la pena capital.