Hannan sí logró huir de su matrimonio forzoso: "Lo de las pakistaníes es cada vez más común en España"

El brutal asesinato de Uruj y Anissa Abbas en Pakistán ha puesto el foco en un fenómeno en España hasta ahora poco conocido: el auge de los matrimonios concertados y forzosos dentro de comunidades de inmigrantes -sobre todo islámicas- asentadas en el país. Hannan Serroukh, una mujer de origen marroquí residente en Barcelona, conoce de primera mano esta realidad: en 1987, con 14 años, su padrastro quiso obligarla a casarse con un hombre de Marruecos. Ella se negó, huyó de casa y sobrevivió. Tuvo más suerte que las hermanas Abbas.

Las dos jóvenes pakistaníes residían en Terrassa (Barcelona) y se habían casado con dos primos en su país natal, después de un acuerdo que alcanzaron sus familias. Sin embargo, quisieron romper su compromiso y vivir una vida libre junto a sus nuevas parejas en España. Aquello desató la ira de algunos miembros de su familia, que se las ingeniaron para engañarlas y atraerlas a Pakistán, donde, al no cambiar de opinión, las torturaron y asesinaron por "honor".

Serroukh, mediadora sociocomunitaria, se dedica a combatir esta lacra desde que se escapó de casa. Fue la primera mujer que denunció un matrimonio concertado en España. Señala que la "permisividad" del poder político -sobre todo con las comunidades islámicas en España- han creado el caldo de cultivo perfecto para que matrimonios forzados como por el que murieron las hermanas Abbas sean, por desgracia, cada vez más comunes.

Según datos del Ministerio del Interior aportados por la Policía Nacional, la Guardia Civil y los diferentes cuerpos policiales autonómicos de Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral, desde el año 2015 se han detectado al menos 27 matrimonios forzados en España. Es también a partir de ese año que el Código Penal castiga esta práctica a través de su artículo 172 bis, lo cual da cuenta de que es un fenómeno que ha comenzado a ser preocupante de forma reciente.

La cifra de los 27 casos es tan solo la superficie de un delito sobre el que no existen datos exactos y sobre el que apenas hay denuncias. Se produce principalmente en familias originarias de Senegal, Nigeria, Pakistán, Marruecos y en la comunidad gitana proveniente de Rumanía.

"Cuando yo me escapé a finales de los 80, vivíamos en una sociedad en la que los inmgrantes estábamos inegrados de una forma mucho más positiva. Yo tuve adónde ir y las autoridades se encargaron de protegerme. Ahora, como ha mostrado el caso de estas chicas, las cosas son mucho más difíciles para las que pasen por la misma situación. Las comunidades se han convertido en auténticos guetos, en grupos blindados de los que es imposible salir. Y esto se ha producido porque los políticos les dejan aislarse y permiten que rijan sus códigos de conducta. Los matrimonios forzosos se producen al amparo de una mala entendida multiculturalidad", explica Serroukh.

Sin alternativa

Serroukh nació en Barcelona en 1974, de padres inmigrantes del norte de Marruecos. Con seis años, su padre murió y su madre se casó con otro hombre de su país. Este resultó ser un fundamentalista religioso con vínculos con el grupo de los Hermanos Musulmanes. Cuando Hannan cumplió 14 años, quiso casarla con otro hombre de su entorno y con el mismo objetivo que tenían las familias de las jóvenes pakistaníes con sus primos: conseguirle los papeles para instalarse legalmente en España a través de un matrimonio concertado.

Horrorizada por lo que se le venía encima, Serroukh se escapó de Figueres (Girona) -donde vivía con su madre y su padrastro- y apareció en Barcelona. La Guardia Urbana la encontró de madrugada y la Generalitat la puso bajo su tutela por desamparo. "Entonces no había una comunidad cerrada ni controlada como la que vemos hoy en día", asegura. "Si huías accedías a una sociedad libre y podías esconderte", añade.

Por contra, en el contexto actual, Serroukh denuncia que "es muy difícil huir". "La presión es brutal y muchas chicas pagan el peaje y terminan cediendo. Si no, quedan condenadas al ostracismo. Otras huyen pero no denuncian. En todos los casos, sus familias y sus comunidades las repudian y, para ellas, eso es como morir en vida. No tienen una alternativa fuera de la comunidad", afirma.

Cuando una mujer rechaza un matrimonio concertado, la comunidad religiosa o de la misma nacionalidad ejerce una fuerte presión sobre la familia. Esta, para lavar de alguna manera su honor y no quedar excluida entre sus compatriotras o correligionarios en un país extranjero, persiguen y acosan a las mujeres para que cambien de opinión. En el más extremo de los casos, como el de las hermanas Abbas, terminan por matarlas.

Este sistema, según Serroukh, se ha recrudecido en España, especialmente por políticas de diversidad que toleran la coexistencia de códigos sociales particulares con las leyes del país, muchas veces irreconciliables.

"Los interlocutores islamistas tienen el reconocimiento de las autoridades", añade Serroukh, que señala en concreto la situación en Cataluña, donde nació y vive: "Cataluña reconoce la autoridad moral de dirigentes salafistas, los políticos se hacen fotos con ellos, participan en mítines en mezquitas y promueven acciones dirigidas únicamente a jóvenes musulmanes... Esto promueve una construcción identitaria que separa aún más a estas comunidades del resto de la sociedad. Los matrimonios forzosos solo son un indicador de todo esto", dice Serroukh.

Cataluña en el centro

En Cataluña se han producido 14 de los 27 matrimonios forzados conocidos en España desde 2015. Además, según el Departamento de Interior de la Generalitat, entre 2010 y 2019 los Mossos d'Esquadra atendieron en esa comunidad autónoma a 85 niñas y 68 mujeres por matrimonios concertados o por estar en riesgo de sufrirlos. El número de afectadas podría ser mucho mayor.

La policía catalana es la única que tiene un registro pormenorizado de todos estos casos y cuenta, desde el año 2020, con un protocolo específico de atuación. Este se centra en el "riesgo inminente" que presentan los viajes de las víctimas a sus países de origen para consumar las uniones matrimoniales. Tratan de evitar los desplazamientos con retiradas del pasaporte y con órdenes judiciales que impidan la salida de las mujeres afectadas del territorio español.

Sin embargo, para Serroukh, este encomiable trabajo policial y la severidad de la ley son solo parches a un problema que no se ataja de raíz. "Cataluña es el epicentro de esta lacra porque también es el epicentro de unas políticas que han resultado fatales y que están a punto de ser irreversibles. Las leyes brutales del islamismo -que no del Islam- se han normalizado en aras de conseguir votos, lo cual condena a una parte de la población a que le sean negados sus derechos fundamentales. Y esto, a la postre, afecta a toda la sociedad", asegura.

"Los líderes de las comunidades musulmanas en Cataluña crean un problema a los políticos y, al mismo tiempo, se ofrecen como solución; con lo que los políticos están atrapados. Conocen perfectamente el problema pero no harán nada para atajarlo. Mientras, el aislamiento y la segregación crece sin control. Y las realidad de mujeres en la situación de las hermanas pakistaníes se multiplica", concluye Serroukh.