El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga ha declarado insolvente a David Serrano, el dueño de la finca donde estaba el pozo en el que cayó y murió el pequeño Julen en enero de 2019. La resolución se ha producido porque el hombre no tiene capacidad económica para pagar la responsabilidad civil a los padres del menor, por lo que se ha archivado de forma provisional la ejecutoria de la sentencia condenatoria.
El juzgado, según han confirmado fuentes judiciales, acordó el pasado día 3 de junio la declaración de insolvencia "al haberse acreditado que carecía de bienes económicos o inmuebles para hacer frente al pago de la responsabilidad civil derivada de su condena por la muerte del menor", según consta en el escrito. La declaración ha contado con el respaldo del ministerio fiscal "después de que se constatara que, además de carecer de otros bienes, la finca donde se produjo el accidente mortal no se encuentra registrada y, por lo tanto, no se puede vender con las garantías legales exigibles", han señalado.
Asimismo, al haberse acreditado la insolvencia, el órgano judicial emitió el mismo día otra diligencia, esta vez de ordenación, acordando el archivo provisional de la ejecutoria de la sentencia contra el condenado. Este archivo, según confirman las mismas fuentes, fue decidido con el visto bueno del fiscal del caso.
Julen Roselló en la finca de Totalán (Málaga) en la que perdió la vida el 13 de enero de 2019.
Hasta el momento, el condenado había ido haciendo frente al pago mensual de la indemnización a favor de los padres del menor y ya había superado igualmente el periodo de suspensión de condena decretado sin cometer ningún delito, según han explicado las mismas fuentes.
Serrano fue condenado en enero de 2020 a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros, con una cuota mensual de 50 euros. La pena fue suspendida por dos años, por lo que no ha llegado a ingresar en prisión, aunque este beneficio ha estado condicionado a cuestiones como el pago de la responsabilidad civil, de la que inicialmente abonó 25.000 euros.
El pasado mes de marzo, el juzgado acordó la remisión o extinción de la pena de un año de prisión, pero mantuvo el abono de la responsabilidad civil. En un primer momento el juez consideró que no prescribiría, dado que Serrano tuvo varios incumplimientos y retrasos en los pagos después de un corto periodo de tiempo.