La protesta de Inspección de Trabajo por los incumplimientos del Ministerio, ayer en Madrid E.E.
Los inspectores de Trabajo, contra Yolanda Díaz: tienen que demandar por discriminación salarial
Para alcanzar la categoría que les corresponde ejerciendo mismas funciones se ven obligados a recurrir a la Justicia e incluso llegar hasta el Supremo.
30 noviembre, 2022 02:59'A igual trabajo, igual salario'. El mantra repetido una y otra vez por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con respecto a la brecha salarial se desinfla cuando se aplica a un colectivo funcionarial que depende de su cartera, del que ha hecho bandera y que vela porque se ejecute fuera lo que promulga: la igualdad y el cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 28. Los inspectores de trabajo son poco más de mil, dentro de un colectivo que asciende a los 3.000 funcionarios para toda España entre inspectores, subinspectores y personal administrativo.
"Mientras nosotros ponemos sanciones a empresas por 7.500 euros, los inspectores que queremos ascender en nuestra categoría laboral de manera ordinaria nos vemos obligados a interponer un contencioso administrativo contra el Ministerio. Si no reclamas, te quedas de por vida en la categoría con la que entras". La Justicia lleva estimados "más de 200 contenciosos", explica a EL ESPAÑOL María, una inspectora que aprobó la oposición y logró plaza hace seis años.
Ella entró en el cuerpo en una categoría 26. "Yo entré ya, como todos, haciendo inspecciones, guardias, expedientes de regulación de empleo... desde el primer día". Trabajando lo mismo que compañeros que ya estaban en la categoría 27, que es la de jefe y está "mejor remunerada" en sus complementos de destino y el específico.
Fueron sus mismos compañeros quienes la alertaron de cómo proceder. Al año trabajado, se reclama el ascenso a la Subdirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Ocupación y Seguridad de Trabajo del Ministerio de Trabajo. La denegación es sistemática. "Y entonces hay que poner el contencioso administrativo", asumiendo el desgaste y los gastos jurídicos pertinentes en defensa de sus derechos laborales.
"En casa de herrero, cuchillo de palo", resume Patricia, otra inspectora de trabajo que ha accedido a hablar con EL ESPAÑOL. Su nombre es ficticio. Acaba de ganar este noviembre en el Tribunal Supremo el recurso de casación que presentó y que condena al Ministerio de Trabajo a reconocerle la categoría 27 y a abonarle los salarios que se le adeudan desde que entró como inspectora en Ibiza en 2017.
Extracto del recurso de casación estimado por el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las islas Baleares estimó parcialmente su demanda, presentó un recurso de casación y el Supremo ha unificado jurisprudencia. Su abogado se ha apoyado en la sentencia de otro inspector de trabajo, que como muchos ya había demandado y ganado. Se encontraba en la misma circunstancia que Patricia, pero él no tuvo que llegar hasta el Alto Tribunal porque el TSJ que estimó su demanda en su totalidad y se ejecutó. "Así que le pedí su sentencia, mi abogado la esgrimió en el recurso y el Supremo me ha dado la razón".
El sindiós no acaba aquí. Porque Patricia ha recibido la estimación ya estando en otro destino geográfico: en la Inspección de Trabajo de Cádiz. Allí lo pidió y se incorporó en la categoría 26. Pese a que el Supremo ha estimado ahora que debe ascender a la categoría 27 y recibir los complementos específicos y de destino que le corresponden, ahora tendrá que volver a empezar el mismo proceso para lograr lo mismo para su plaza en Cádiz, porque lo dictado para Baleares se refiere a una plaza concreta y no a la persona que desempeña.
María sostiene que este año el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha llevado a cabo una campaña por la igualdad salarial "cuando el propio ministerio no retribuye igual. Se trata de una discriminación clara que roza la prevaricación: con la misma titulación, las mismas funciones y distinto salario, a una empresa se la sanciona. En Hacienda, por ejemplo, a los inspectores no les pasa esto que nos pasa a nosotros: se les reconoce la categoría automáticamente, bien reclamándola o por concurso".
El acuerdo incumplido
No se trata de algo puntual. La anomalía viene de atrás con gobiernos de PSOE y PP, pero con el Ministerio de Yolanda Díaz se firmó un acuerdo en julio de 2021 que no se ha cumplido. Además de reforzar la plantilla con 200 interinos y de una dotación de 6 millones de euros, entre los puntos pactados figuraba una nueva Relación de Puestos de Trabajo, pues la actual tiene 20 años, además de una serie de mejoras. Entre ellas, "adaptar los puestos y las estructuras al nuevo marco normativo y a las competencias, funciones y cometidos que configuran en la actualidad el Plan Estratégico de las inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023". El plan se aprobó el 21 de noviembre de 2021 y se publicó en el BOE el 3 de diciembre del mismo año.
También se acordó "mejorar las condiciones económicas" para responder a las exigencias de los nuevos puestos de trabajo creados", así como "reforzar el volumen total de recursos humanos del sistema". También se recogía una nueva reclasificación de entrada: los inspectores entrarían directamente en la categoría 27, se crearía una nueva categoría, la 28, para los jefes de equipo, y los subinspectores laborales, también afectados, entrarían en la categoría 24.
Quienes trabajan porque se cumpla la legalidad en la Inspección de trabajo, se encuentran en pie de guerra. Ayer protagonizaron, ante la Dirección General de Función Pública, un acto de protesta para denunciar la "grave escasez de plantilla" y "déficit de recursos técnicos y materiales", según el sindicato CSIF. La protesta ha sido secundada también por Comisiones Obreras, UGT y otros sindicatos con representación, como el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS).
Su presidenta, Ana Ercoreca, cuenta a EL ESPAÑOL que ella, quien entró en el cuerpo de Inspectores de Trabajo en 2008, también tuvo que demandar para acceder a la categoría 27. "Esto se tendría que haber solucionado ya. Si bien lo han mantenido otros gobiernos, no hay derecho a que el Gobierno actual, que reconoce lo que está pasando, no retribuya a sus trabajadores con los mismos criterios que le exige a la empresa privada".
Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
"Es que si eres jefe de Madrid, estás en otra provincia y quieres volver a tu casa, vuelves pero a la categoría 26. Son 300 euros menos", ilustra Ercoreca. La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social recuerda el caso concreto de una inspectora jefe de Lérida, "con una plaza de categoría 27 en Zaragoza", que quiso volver a su provincia para estar más cerca de su familia. "Pues pasó de ser jefa a la categoría 26 desempeñando las mismas funciones y cobrando menos salario".
La inspectora denuncia además que "las guardias no las pagan", y para acudir a realizar una inspección por un accidente laboral "tenemos que ir en nuestro propio coche. Seamos serios. En los últimos tiempos se aprueban muchos reales decretos, la Reforma Laboral... muchas leyes controladas y supervisadas por nosotros. Lo que pedimos es una obligación legal. Aquí hay una falta de compromiso con la palabra dada. ¿A qué están esperando para aplicar dentro la receta que aplican fuera?"
El malestar ya es generalizado. Hace 8 meses el colectivo funcionarial convocó una huelga que se desconvocó "porque algunos sindicatos pidieron que les diéramos un voto de confianza". La protesta sindical de ayer se ha saldado ya con una convocatoria de huelga de todo el personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ya tiene fecha: el 21 de diciembre. Será la primera para Inspección de Trabajo, y también para Yolanda Díaz.
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