El infierno de Javier: tuvo que abandonar el Ejército al contagiarle hepatitis C en una colonoscopia

Acudió al médico. Los controles que le hicieron en la clínica privada revelaron lo que pasaba. Sus dolencias habían sido compatibles con haber contraído el virus de la hepatitis C aguda. El problema era adivinar cuándo había pasado el virus y cuándo se había podido contagiar. Era noviembre de 2014.

Javier no lo sabía. ¿Lo había podido pasar hacía años? Imposible, le dijo un amigo, por el hecho de que era aguda. Además, era donante de sangre y se lo habrían dicho anteriormente. El contagio de este virus se da cuando la sangre o los fluidos de la misma de la persona infectada acceden al cuerpo de la persona sana. Javier no sabía quién se lo podía haber pegado, pero entonces saltó la liebre: se percató de dónde podía haber ocurrido todo.

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Asegura que llegó a la Clínica Astarté, en Cádiz, para decir que a principios de año volvería a la seguridad social. Su intención era probar un nuevo tratamiento contra la enfermedad, por si el sistema público podía facilitarle el acceso.

Javier cuenta que trataron de convencerle en la clínica para que no se fuera. Incluso, comenta que habló con el doctor López Cano, quien da nombre al Grupo Médico López Cano del que depende la clínica. Ahí lo entendió todo: "Supe que el contagio sólo se podía haber producido en la colonoscopia que me habían hecho ellos meses antes, no entendía que quisiera que me quedara y que no me fuera a la pública con tanta insistencia". Ahí comenzó el infierno de Javier.

Preparación para una colonoscopia romaset iStock

El lío judicial

Javier se sometió a una colonoscopia el 31 de julio de 2014 en el centro médico Astarté de Cádiz. No hubo hallazgos reseñables, según el informe médico, pero fue a partir de entonces cuando comenzó a encontrarse mal en las distintas navegaciones que hacía como marino de la Armada Española.

Cuando se dio cuenta de que el contagio se pudo haber dado en aquella prueba, comenzó la batalla judicial. Javier asegura que en la clínica le negaron que eso pudiera ser demostrable. “Me decían que estaba loco, nadie me creía”, comenta a EL ESPAÑOL. Sin embargo, él decidió emprender la batalla judicial.

Junto al abogado José María Monzón, de Chiclana de la Frontera, acudieron a los juzgados de lo penal en Cádiz. La empresa que comenzaban era complicada, sobre todo porque en el ámbito penal es difícil condenar una negligencia médica difícil de demostrar. "Sabíamos que era una batalla que íbamos a perder, pero al menos teníamos que demostrar que el contagio se produjo en la colonoscopia", dice el exmilitar.

Un buque de la armada española, donde era marino Javier. Fincantieri

El objetivo estaba tan claro que Javier rechazó en todo momento cualquier acuerdo extrajudicial. Quería que se reconociera su infección durante la prueba en la clínica. Y así lo lograron. Los médicos fueron absueltos y las enfermeras también.

Era obvio: tanto tiempo después era imposible demostrar quién realizó cada labor y en qué momento de la intervención se produjo el contagio: si durante la introducción del aparato médico, en la utilización de las pinzas o durante el uso de cualquier material desechable.

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"Hay una serie de procedimientos médicos en los que intervienen incluso celadores, pero no hay una trazabilidad de según qué cosas. No se sabe quién es el que ha metido la pata. La responsabilidad civil será del centro sanitario, pero como no se puede concretar, pues no se puede poner una condena penal", explica el letrado Monzón.

De esta manera lo reflejó la sentencia. "No se ha actuado prueba de suficiente entidad que permita fundamentar una condena", recogía el fallo, que, sin embargo, daba la razón a Javier. "Sabíamos que era una batalla perdida y muy difícil que hubiera condena, pero conseguimos lo que queríamos", dice el afectado.

El objetivo era que se demostrara que el contagio se había dado en la Clínica Astarté del grupo médico López Cano. "Lo conseguimos, judicialmente la sentencia decía que me había contagiado durante la colonoscopia".

Lo siguiente se recoge en los hechos probados de la sentencia: "Javier se sometió a una serie de pruebas que confirmaron que había sido contagiado con el virus de la Hepatitis C genotipo B1, habiéndose producido dicho contagio en las pruebas que se le practicaron en la clínica Astarté el 31 de julio de 2014, sin que se haya podido acreditar cuál fue el mecanismo o modo en que dicho contagio se pudo producir".

Tras estas pruebas, Javier acudió al juzgado de lo civil, donde el grupo médico fue condenado a pagarle más de 90.000 euros por lo ocurrido. Tras recurrir a la Audiencia Provincial la parte acusada, la indemnización acabó siendo de poco más de 60.000 euros. El tribunal médico del Ejército incapacitó a Javier para continuar con sus labores después de sufrir la enfermedad.

Así se produjo el contagio

El día que se produjo el contagio, Javier fue a hacerse la colonoscopia. Accedió a las pruebas médicas justo después de otro paciente que era portador del virus, concretamente tras una persona que portaba el virus de la hepatitis C genotipo B1, el mismo del que se contagió Javier.

Recreación del virus de la Hepatitis C

Tal y como se recoge en sentencia, "el perjudicado y el portador del virus no formaban parte de ningún círculo cercano, eran personas desconocidas". Sólo habían estado en un sitio de manera conjunta: el centro médico y habiéndoseles realizado una colonoscopia a ambos en lapsos de tiempo muy similares.

El Centro Nacional de Microbiología concluyó que había un 99% de coincidencia entre uno y otro virus. La jueza cita un informe en el que se descarta otras vías de contagio como el contacto sexual u otras, "contacto que no pudo darse en el caso enjuiciado toda vez que eran personas desconocidas".

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"Es por ello por lo que no queda otra alternativa —recogen los fundamentos de derecho del fallo penal— lógica y plausible que no fuera el contagio como consecuencia de haberse practicado al perjudicado una prueba de pancolonoscopia e ileoscopia después de haberle realizado al portador del virus de una prueba invasiva anterior".

No se pudo conocer, y así lo refleja la sentencia, en qué momento se produjo el contagio. La falta de informes y el tiempo transcurrido entre la intervención y el momento en el que se descubre el contagio hacían imposible que las acusadas pudieran "acordarse con detalle de quien fue la encargada de la limpieza en cada prueba".

"No cabe duda de que algo se hizo mal en esa endoscopia", comenta Monzón, letrado al que Javier está muy agradecido por su trabajo. Se desconoce, eso sí, el qué.

No recurrirán

Después de todo, Javier anda hastiado de tanto peregrinaje con el objetivo de que la clínica reconozca que le contagiaron."Le han llegado a decir a mi madre que era imposible que eso hubiera pasado allí", comenta cansado el damnificado.

Los juzgados de Cádiz. E.E.

A lo largo de estos ocho años, Javier dice haber vivido en una película en la que se veía solo cuando trataba de luchar. Sólo su abogado se quedó a su lado. El letrado confirma que hay cosas que no entiende del caso. Por ejemplo, que uno de los informes de Salud Pública en el que se aportaba la forma de proceder de la clínica apareciera sólo parcialmente."Venía sin el anexo donde se comentaba la falta de seguimiento", dice Monzón.

También ve ilógico el letrado que la persona que realizó el informe de salud pública acabase acudiendo como perito de la parte acusada. Monzón entiende que "eso no es normal".

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Sea como fuere, el abogado asegura que ni siquiera recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial donde le rebajan la indemnización otorgada en primera instancia. "Nuestra inquietud es que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir", reconoce.

Para ello, piden que se tomen medidas desde el legislativo y haya más control sanitario por parte de las administraciones públicas. "Debería establecerse una protocolización de las tareas, con el nombre y el momento en el que ese profesional hace cada cosa. Eso es muy trascendente, debería implementarse en la legislación. Que cada acción que se haga quede reflejado cómo se hizo. A veces bastaría con una grabación, como se hace en los propios juicios. Que se grabe todo el procedimiento y que eso se guarde durante un número de años. O bien que se hagan grabaciones donde se pueda comprobar que hay ciertos grados de higiene y que se lleve esa trazabilidad. Esa lucha la estamos emprendiendo porque creemos que Sanidad pública debe tomar medidas en ese sentido".

Javier ya no volverá a su vida anterior y quieren que esto no se vuelva a repetir. Porque entienden que es algo evitable. Finaliza Monzón: "Esto tiene un coste enorme, social y humano. Esto es evitable, es un perjuicio que se podía haber evitado".