Toda la verdad sobre los 'bebés robados' de Franco: no fueron 300.000 y se han archivado las denuncias

Si bien es cierto que numerosos niños y niñas fueron sustraídos al nacer entre los años cincuenta y ochenta –ahí están los casos de Clara Alfonsa Renoso, Irene Meca, María Luisa Torres, Gema Armedo, Laura Pedales, Maria José Picó y el centenar de víctimas recopiladas por Amnistía Internacional en un informe publicado en marzo de 2021– nadie sabe a ciencia cierta cuántos fueron y mucho menos si existió detrás un mefistofélico modus operandi organizado. Afirmarlo sin pruebas es dejarse arrastrar al delirio de la conspiración y asumir la leyenda negra; decir que es fabulación implica contradecir la evidencia. Hubo bebés robados, pero nadie sabe cuántos fueron ni cómo ocurrió, ya que apenas hay documentación. 

¿Por qué no la hay? Según Paco Alarcón, secretario de la Asociación de Víctimas de Alicante Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA), "es porque la legislación no obliga a investigar y abrir los casos. La Ley de Amnistía del 75 ha sido un impedimento para poder investigar los anteriores a esa etapa. Como no están reconocidos como crímenes de lesa humanidad, la justicia necesita dos actores: víctima y delincuente, pero si uno no existe porque ha fallecido, no hay caso", lamenta. Lo que reclaman asociaciones como la suya es el desarrollo de una legislación, como la Ley de Bebés Robados (proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado Español, del 6 de marzo de 2020) para que, precisamente, se pueda investigar.

Paco Alarcón, secretario de la Asociación de Víctimas de Alicante Bebés Robados y Adopciones Irregulares, tomando notas de libro de registro de inhumaciones. Imagen cedida

"Nosotros lo que queremos es ser reconocidas como víctimas, que se cree un banco de ADN a nivel estatal, establecer una Fiscalía de sala para bebés robados y una institución que se haga cargo de la publicidad del relato", continúa Alarcón. "Un poco a imagen de cómo se ha hecho en Argentina, donde se cuenta a la ciudadanía que estos casos pasaron y que hay muchos indicios de robos de bebés. Demostrados, es cierto, hay pocos. De momento, si hay familias que se están encontrando en España, ha sido gracias a los estudios de ADN en laboratorios norteamericanos, y el problema es que eso no garantiza la oficialidad de los datos. Por eso necesitamos que el Estado se haga cargo y cree un banco de ADN al que puedan acudir padres e hijos". 

Alarcón recuerda que asociaciones como la suya llevan dos legislaturas registrando esta ley en el Congreso de los Diputados y aún no han visto la luz. "En el primer registro hubo unanimidad para la admisión a trámite. La primera vez se cayó por las elecciones anticipadas, antes de formarse gobierno, y en esta segunda legislatura, donde sólo Vox se opuso, la proposición de ley estaba avanzada y prevista para que entrara a trámite parlamentario a final de la legislatura, pero al adelantarse las elecciones volvió a decaer". Por eso es un requisito indispensable del pacto entre PSOE y Sumar, que, para Alarcón, "no deja de ser un título de buenas intenciones". 

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Entonces, ¿de dónde surge la polémica? El perjuicio para la verdad reside en replicar medias verdades como fuentes de conocimiento. Desde 2010, numerosos medios de comunicación y asociaciones de víctimas del franquismo han venido asegurando que alrededor de 300.000 niños y niñas fueron robados a sus progenitores durante la dictadura franquista y los primeros años de la democracia. El malentendido, empero, surgió a raíz de una investigación auspiciada hace más de una década por el abogado Enrique Vila Torres, jurista especializado en la búsqueda administrativa y judicial de padres, madres e hijos biológicos. Su bufete, aseguró en su día, fue el primero en destapar lo que denominó "el drama de los niños robados de España". 

"Son miles de casos, aunque hay más abogados y asociaciones dedicadas a ello y se ha repartido el trabajo", indicó Vila a este periódico en 2022, añadiendo que calculó que en España había cerca de 300.000 personas inscritas con falsa identidad porque no eran hijos de sus padres: "Pero eso no es lo mismo que ser un bebé robado. Saber la cifra real de niños robados es realmente difícil porque no todos los inscritos falsos son robados, igual que no todos los adoptados son, somos [él mismo lo fue], entregados voluntariamente". Ese dato, no obstante, se tergiversó, y comenzó a propagarse el bulo de que durante el franquismo se habían robado 300.000 niños.

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"La prensa aprovechó entre el 2010 y el 2012, cuando se destapó el escándalo, para hacer un espectáculo sensacionalista gigantesco, y se utilizó a las víctimas de muchas maneras", asegura Alarcón. Eso, considera, les hizo un flaco favor. "Este tema no se ha tratado bien. Se han emitido muchas medias verdades y los hechos reales se han distorsionado. Ha habido robos de bebés. Nosotros lo hemos demostrado. Sólo en Alicante, donde opera nuestra asociación, tenemos cuatro casos evidentes. ¿Cuántos son en toda España? Es imposible saberlo. Por eso reclamamos una investigación, una Ley de Bebés Robados, y que se investigue y se aclare todo el asunto". 

Cualquier cifra que trate de confirmar cuántos hubo no es más que un remusgo; arqueología literaria o especulación histórica. "En cualquier caso, creo que ya nadie habla oficialmente de que haya 300.000", asegura a EL ESPAÑOL Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y principal nexo entre las asociaciones de víctimas y el Gobierno. Fue ella, precisamente, quien se reunió la pasada legislatura con la Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, de Unidas Podemos, para impulsar una nueva legislación en esta materia, pero el anticipo electoral frenó la medida y trastocó los planes de tramitación parlamentaria.

Varias personas sostienen pancartas durante una manifestación contra los bebés robados. Imagen cedida

Preguntada por la espinosa entrevista publicada por El País a Antonio Alonso, Soledad Luque se muestra visiblemente irritada y decepcionada. "Argumentar a estas alturas que decimos que hubo 300.000 bebés robados... En fin, eso fue una estimación hecha en su momento. No entiendo por qué siguen sacándolo. Es cierto que cuando fue el boom ese era el único número que se manejaba. Ahora bien, hoy en día la mayoría de asociaciones venimos avisando de que hay que tener cuidado con números sin base científica ni estadística. Muchos medios de comunicación y políticos lo han aceptado sin más, y nos hace un flaco favor".

La letanía de los '300.000 bebés robados' resultó ser una evaluación inflada por los medios de comunicación e instrumentalizada por el sectarismo ideológico con fines políticos, además de una manipulación de la realidad. Cuando estalló la polémica, la bola de nieve se convirtió en psicosis colectiva, muchos la dieron por válida, y cientos de madres y padres que habían perdido a sus hijos tras el parto entre los años 50 y 90 sin haber visto los cuerpos de sus pequeños acudieron a los juzgados con la legítima duda de qué pasó realmente con sus bebés. ¿No habrían sido ellos también engañados por sus médicos y, sus hijos, secuestrados y vendidos a personas dispuestas a pagar una considerable suma por ellos? ¿No serían ellos víctimas de un complot de malvadas monjas católicas y perversos ginecólogos con espurios intereses pecuniarios imbricados en el poder? Una vez más, la leyenda negra. 

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"Nuestras asociaciones no dan cifras", sentencia Paco Alarcón. "Esos números salen de un abogado que tiene un despacho de abogacía y estimó una cifra que, como víctimas, no damos por válida porque no se ha hecho ninguna investigación. ¿Fueron 1.000, 2.000, 300.000? No tenemos ni idea. Nosotros hemos hecho un censo en el cementerio de Alicante y desde 1951 hasta 1990 hemos logrado tres exhumaciones judiciales en las que el bebé en cuestión no estaba. En un caso había una caja vacía, en otro el brazo de un adulto y, en el tercero, un bebé cambiado por el original. En otra fosa, en busca de represaliados del franquismo, apareció un ataúd de un bebé lleno de ladrillos. Uno de ellos está en el juzgado, dos archivados, y se ha dado a las personas como desaparecidas. Pero nadie lo investiga".

En un lapso de ocho años, de 2011 a 2019, la Fiscalía recibió hasta 2.000 denuncias, de las cuales 500 fueron judicializadas y sólo una, la interpuesta por Inés Madrigal, que aseguraba que era una niña robada, llegó a culminar en una condena que acabó recurrida al Tribunal Supremo. El médico involucrado, Eduardo Vela, acusado de falsificación documental, entre otros cargos derivados de su mala praxis fue declarado culpable pero absuelto, ya que los hechos delictivos estaban prescritos. Dos años después, no obstante, Madrigal confesó que su madre la había entregado voluntariamente a Vela, aunque nadie sabe si hubo coacción previa o no, porque la progenitora había fallecido antes de que Madrigal diese con su familia biológica. "Lo que sí se sabía es que su madre quería buscarla", asegura Luque.

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"Lo que reflejan todos estos testimonios es que hubo casos de adopciones irregulares, con o sin pago, donde muchas veces no se firmaban consentimientos y se registraba como madre biológica a la mujer que recibía al bebé", argumenta Soledad Luque. "Hasta 1987, las adopciones se realizaban como acuerdos privados entre dos partes y muchas veces las entidades religiosas servían como intermediarias porque justamente a ellas acudían mujeres que no deseaban o no podían hacerse cargo de los hijos". Y Alarcón añade: "En los años 50, 60 y 70, ¿acaso la mujer tenía derechos? ¿No eran los embarazos no deseados fuente de estigma?". Muchos embarazos 'voluntarios', argumenta el secretario de AVA, "fueron separaciones forzosas y violentas utilizando medios no humanísticos".

"Lo único que sabemos es que hay una investigación realizada por Montse Armengou en la que participó el historiador Ángel Viñas, entre otros, que se llamó Los niños perdidos del franquismo. Es la fuente que el juez Baltasar Garzón tomó de referencia en su auto de 2008 cuando habló de que había más de 30.000 [la cifra bajó en 270.000] niños tutelados por el Estado hasta el año 54", continúa Soledad Luque. "¿Eran robados? No todos. Había huérfanos de guerra, niños robados a mujeres antifranquistas, otros que estaban perdidos".

presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Imagen cedida

Garzón aseguró que en su instrucción encontró documentos que permitieron arrojar luz sobre unos acontecimientos que, en sus propias palabras, "durante 60 años no han sido objeto de la más mínima investigación", y aseguraba que durante décadas, al menos entre 1937 y 1950, las autoridades franquistas desarrollaron un plan "sistemático, preconcebido y con verdadera voluntad criminal" para robar niños a madres republicanas encarceladas, fallecidas o exiliadas. "Bajo todo un entramado de normas legales, pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40, situación que, en gran medida, podría haberse prolongado hasta hoy".

Es a partir de ahí donde las investigaciones entran en terreno pantanoso, ya que la mayoría de las 2.000 denuncias son posteriores a los hechos a los que se refiere Garzón, los cuales se referían esencialmente a la represión franquista durante la posguerra. Cuando el abogado Vila reavivó las especulaciones en 2011, las denuncias se dispararon. "Creemos que después de los años cincuenta se continuó el robo en clínicas de maternidades, incluso en los años 60 y 70. Según los casos que llegan a las asociaciones de víctimas, hay centenares de denuncias. El número de diligencias abiertas entre 2011 y 2019 es de 2.136. Generalmente, las diligencias son de denuncias de hechos que ocurrieron en los años 50, 60, 70. Y alguno en los 80 y 90. Pero siempre decimos lo mismo: debemos actuar con prudencia y rigor". Nadie sabe qué pasó y, salvo una, todas las denuncias han sido archivadas.

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Si existieron casos de robos de bebés durante el franquismo, independientemente de su número, ¿cómo es posible que tras la Transición siguiesen ocurriendo? "El negocio ya estaba establecido", explicó a este periódico Neus Roig, autora de No llores que vas a ser feliz, una investigación pormenorizada y detallada de los archivos de hospitales, entrevistas con los afectados y documentación judicial que pretende reflejar todos los abusos cometidos en este período. "Cuando muere Franco todo sigue igual porque las leyes no se empiezan a cambiar hasta que se descubre lo que había pasado".

"El Estado adaptó leyes para que esto pudiera ocurrir, la Iglesia católica, según qué ordenes religiosas y según qué estamentos, lo utilizaron y les sirvió para represaliar a las mujeres embarazadas solteras y para vender a los niños…", explicó Roig. "Las adopciones en España son privadas hasta 1987. Si tenemos en cuenta que en todos los hospitales españoles públicos y privados había una orden religiosa que los dirigía, que las adopciones eran privadas y que para conseguir un niño se tenia que demostrar que la familia era de reconocidísma catolicidad… blanco y en botella". Y señala como máxima responsable del contubernio al religioso Patronato de Protección de la Mujer.

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Ante el centenar de casos y estudios que desvelan que existieron posibles casos de robos de bebés en plena dictadura surge la duda: ¿hubo una red mafiosa perfectamente orquestada e imbricada en el poder? Además de una teoría sin fundamento, como señalaba el propio Antonio Alonso, es una hipótesis difícil de comprobar a posteriori, ya que la mayoría de personas involucradas ha fallecido, y las pocas familias que han conseguido reencontrarse con sus seres queridos y demostrar que son hijos robados, o madres y padres de niños 'secuestrados', no quieren relatar su caso por miedo a estigmatizar a sus familias adoptivas, con las que, lógicamente, mantienen un vínculo familiar y afectivo. 

Antonio Alonso, director del Instituto Nacional de Toxicología, en la mentada entrevista con El País, aseguraba que el centro que dirige, dependiente del ministerio de Justicia, realizó, en 2017, 120 exhumaciones entre Madrid, Sevilla y Barcelona para recuperar restos óseos de niños recién nacidos a raíz de denuncias de presuntos casos de bebés robados. "En 117 de 120 conseguimos recuperarlos: el 97%. Pudimos obtener ADN en 90 casos y en el 90% logramos identificar a los bebés como hijos de los padres que los buscaban, con lo cual se cerraron las investigaciones".

La entrega en el Congreso de la recogida de firmas en apoyo de la ley; en la imagen están Lilith Verstrynge y Enrique Santiago Imagen cedida

"Que yo conozca, no hay ningún caso confirmado de bebés robados, entendiendo por esto un modus operandi en el que se simulaba la muerte de un bebé, en un hospital privado o público, para sustraerlo y venderlo a la mafia que sea. Es más bien al contrario", aseguraba el experto, reconociendo que, sin embargo, debería existir consenso a la hora de desarrollar una Ley de Bebés Robados por parte de todo el espectro político. Consultado por este periódico, ni el ministerio de Justicia ni el propio Antonio Alonso han querido hacer declaraciones.