Si tu comunidad de vecinos tiene ascensor, prepara hasta 65.000€: las obras que debes hacer desde hoy

Que España sea el país europeo que más ascensores tiene lo constatan sus 1,1 millones de elevadores en funcionamiento. Ahora, con la nueva normativa de ascensores, que entró en vigor este lunes 1 de julio, la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA) calcula que hasta un 40% de ellos (en torno a 400.000) tendrán que adaptarse a esta Instrucción Técnica Complementaria (ITC AEM 1).

Esta normativa, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 2 de abril, pretende reforzar la seguridad de los ascensores, suponiendo un nuevo gasto para las distintas comunidades de vecinos españolas, que puede llegar hasta los 65.000 euros en caso de ser necesario un cambio de cabina completo.

Para resolver todas las dudas al respecto de esta nueva ITC AEM 1, EL ESPAÑOL ha contactado con Pablo Abascal González, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, que considera esta normativa como "un avance muy importante". 

Un aumento en la seguridad

Esta nueva normativa, aprobada por Real Decreto y conocida como 'la ITV de los ascensores', pretende un importante refuerzo de la seguridad. Incluye medidas como la instalación de un pesa cargas en cabina, para evitar que arranque si detecta que se supera la carga máxima.

En el caso de los ascensores que cuenten con puertas automáticas, deberán incluir una barrera fotoeléctrica, situada en la parte superior del acceso, que tiene la función de bloquear el cierre de puertas cuando detecte objetos a media altura.

También exigirá una precisión de nivelación y parada en todas sus plantas de 10 milímetros para casos de atrapamiento y añadir un sistema de comunicación bidireccional entre cabina y centro de 24 horas, según aclara el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. 

Un gasto "asumible"

Se calcula que estas adecuaciones a la nueva normativa, que afectarán en torno al 40% de los ascensores en España, oscilarán entre los 100 y los 65.000 euros, en los casos más extremos como, por ejemplo, en los que sea necesario un cambio completo de la cabina. 

Pablo Abascal González, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. Cedida

Sin embargo, Abascal cree que estos casos serán "los menos", y que el coste de estas reformas para el cumplimiento de la ITC AEM 1 será "asumible". Aunque no se atreve a hablar de cifras exactas, ya que es una cuestión "que depende mucho de cada caso particular", se aventura a decir que "no serán cifras para asustar".

"Hay que tener en cuenta que los ascensores pasan una inspección cada cuatro años, así que cuesta encontrar un ascensor que no haya requerido reforma desde su instalación. Lo más caro puede ser la instalación de un nuevo motor, que rondará unos 6.000 euros más la mano de obra, más lo que quiera cargar el mantenedor, pero no es mucho dinero si hablamos de una comunidad de entre 14 o 24 vecinos", explica.

Los plazos para la adaptación

Aunque la normativa haya entrador en vigor el pasado lunes 1 de julio, la adaptación no tendrá por qué ser inmediata, y podrá demorarse hasta cuatro años, es decir, hasta el año 2028, "dependiendo del plazo que tenga la próxima inspección correspondiente".

Para entenderlo, Abascal pone un sencillo ejemplo. "Si la última inspección, que resultara en todo caso favorable, fue, por ejemplo, en abril de 2024, la siguiente no sería hasta abril de 2028. Por ello, la comunidad dispone de todo ese tiempo para realizar las debidas mejoras, que sí deben de estar cubiertas de cara a esa siguiente revisión de mantenimiento", puntualiza. 

Posibles sanciones

La normativa contempla que las comunidades de vecinos que no se adapten a la ITC AEM 1 se exponen a sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros, conforme a las expuestas en el título V de la Ley 21/1992 del 16 de julio.

Sin embargo, desde la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA), apuntan a que la propia ITC dispone de la flexibilidad suficiente para que estas multas no lleguen a producirse. 

Para facilitar estas adaptaciones, las distintas comunidades autónomas podrán impulsar subvenciones públicas, aunque los vecindarios podrán optar también por la opción de sufragar los gastos de forma privada.