Piden prisión militar para María Serrano, la guardia civil que denunció corrupción en el Seprona

La situación en el Seprona de Sevilla se tornó tensa. Hasta el punto de que tuvo que denunciar por insubordinación a ese cabo primero. Y a él le abrieron un expediente disciplinario en el que propusieron una pérdida de destino. La resolución llegó poco después: sin responsabilidad. Nunca lo apartaron del servicio. 

A partir de entonces ha vivido "una represión brutal" por haber osado "denunciar la corrupción". Perdió el pabellón, el destino, y la despojaron de su especialidad. Ahora tiene que presentarse ante la Sala V del Tribunal Supremo tras ser demandada por el entonces jefe de la Comandancia de Sevilla, quien la llamó a su despacho antes de que todo estallara. Aquella reunión quedó resumida en un escrito en el que osó pedir que se le abriera un expediente disciplinario. 

Él la "humilló, vociferó, abroncó, insultó, abochornó y ofendió", todo ello "en el interior de su despacho, en un tono de lo más agresivo, fuera de sí, y a viva voz". Entre otras cosas, le dijo que era ella "quien no encajaba en la unidad", que "estuviera quieta de una puta vez, que no había ganado, que dejara de sacar mierda de la unidad, que hiciera las maletitas y que se largara del Seprona". "Tales improperios como pago por cumplir con el deber y la obligación de no tolerar actos corruptos en el seno de la unidad", añadía el escrito solicitando la apertura de un expediente disciplinario que la Justicia militar le acabó negando. El juez estimó que aquello fue una "riña paternal".

Hoy es general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, y la denunció en 2017 por acusación y denuncia falsa. Se enfrenta a un año de prisión militar, que, a diferencia de la vía civil, debe cumplir en caso de ser condenada. 

Su caso llegó en mayo de 2017 hasta el Congreso de los Diputados. Lo llevó Zaida Cantera, quien dejó su escaño en las últimas elecciones generales. Pero antes, de repente se tornó en "desaparecida total. Cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno dejó de cogerme el teléfono", cuenta a EL ESPAÑOL.

Incumplimiento 

Por quien sí ha estado apoyada "desde siempre" es por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Su secretario general, Germán Gómez, ha puesto de manifiesto que la Ley 2/2023, que traspone una directiva europea, "obliga a las administraciones a mantener unos canales internos de denuncias ante casos de corrupción". El abogado de María, Jesús Díaz, abunda además que esta ley "es una protección a los denunciantes frente a los denunciados. Y si la Policía Nacional se rige por la jurisdicción ordinaria, no ocurre así con la Guardia Civil, que se rige por un derecho militar concebido para ser aplicado en tiempos de guerra". 

Más de un año después de su aprobación, este canal de denuncias -y de protección al denunciante- no existe en la Guardia Civil. "Están en ello. hemos dicho por activa y por pasiva que abran ese canal, pero nos dan largas. Quieren establecer un órgano colegiado, pero compuesto únicamente por mandos de la Guardia Civil, es decir, de la propia Dirección General: ahí tienen que estar las asociaciones de la Guardia Civil en representación de los trabajadores". El asunto, indica Germán Gómez, lo elevarán nuevamente en la próxima reunión del Consejo General del instituto armado, prevista para octubre. 

María cuenta toda su situación porque es "una revelación pública conforme a esta ley". Considera que es "un sinsentido, porque se me quiere juzgar por lo militar un asunto que es estrictamente policial: investigué la corrupción y la denuncié, así como a los mandos que estaban presuntamente implicados". No se trata de un asunto personal mío. No. Yo estoy hoy aquí, pero mañana puede ser cualquiera. El tema de la corrupción está demasiado extendido. Esto es por el bien de todos".