Los 'becarios' de Nacho Cano en Malinche se marchan de España sin declarar ante la Justicia

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid les considera "personas perjudicadas" de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los extranjeros. Sin embargo, ellos no se sienten así: desde la detención de Nacho Cano el pasado 9 de julio han salido en defensa del productor, cumpliendo en todo momento las órdenes de una de las investigadas, como ya avanzó EL ESPAÑOL, Roxana Drexel.

"Participamos en Malinche voluntariamente", dijo Alina Ximena a este medio ese mismo día. Mientras hablaba le supervisaba uno de los abogados de Cremades y Calvo Sotelo, un cámara de la productora de Malinche, grababa lo que decía, y también la propia Roxana Drexel, a quien la Policía Nacional señaló como la persona que introdujo irregularmente a los 18 mexicanos en España, siendo imputada por ello.

Nacho Cano se muestra junto a tres de sus supuestos becarios. EFE.

Incluso en el supuesto de que los jóvenes mexicanos aceptaran sus condiciones (jornadas de 10 horas diarias, pago en metálico de 500 euros mensuales, sin alta en seguridad social) en el derecho penal español, aquellos delitos que protegen derechos fundamentales —como la trata de personas, la explotación laboral o los delitos contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros— no dependen de consentimiento de la víctima.

Es decir, aunque los "becarios " declararan ante la Justicia que estudiaban sin contrato de estudios o que trabajaban sin un contrato de prácticas de manera voluntaria, la ley presume que el consentimiento no es válido. Fuentes próximas a la investigación sostienen que si se prueba que los jóvenes mexicanos fueron engañados para entrar en España, el consentimiento previo o posterior es irrelevante para la tipificación del delito. 

Sin embargo, esa declaración no podrá realizarse después de que los 17 mexicanos, a quienes la Policía Nacional localizó este fin de semana en la isla de Ibiza y anteriormente en un hostal de Callao, hayan decidido abandonar el país. Lo hacen, recordemos, superando en siete meses lo estipulado por las leyes migratorias españolas, que dicen que los ciudadanos mexicanos que carecen de visado sólo pueden estar en territorio de la Unión Europea por un máximo de 90 días.

De hecho, en las diligencias policiales a las que EL ESPAÑOL tuvo acceso durante el mes de julio quedaba recogido que los mexicanos habían quedado en situación irregular hace meses, después que intentaran cambiar su situación migratoria argumentando participar en un curso "que no constaba". Aunque se les instó entonces a abandonar el país en un plazo de 15 días, la investigación policial y judicial frenó la expulsión inmediata.

Nacho Cano, a la entrada de su rueda de prensa en Madrid. EFE.

Un juez intentó citarles

Cuando el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid supo a través de las autoridades policiales que los 17 "becarios" tenían programado abandonar el territorio español, les citó para tomarles declaración. Lo hizo el juez Antonio Serrano-Arnal, en sustitución por vacaciones de la titular, Inmaculada Iglesias, que investiga la causa.

Esa declaración, programada para el pasado jueves 29 de agosto, tuvo que ser cancelada, precisamente, por la ausencia en territorio español de una de las principales investigadas, Roxana Drexel, quien se encuentra actualmente en México. Los otros imputados, entre los que se encuentran Nacho Cano, la catalana Susana Jove y la valenciana Cristina Karmiñe, esperan la nueva citación desde España.

Fuentes judiciales afirman que, aunque los falsos becarios no declaren, el proceso no se detendría bajo ningún concepto. "El atestado policial ya recoge una cantidad significativa de pruebas, incluyendo declaraciones previas, análisis de conversaciones de WhatsApp, y documentación aportada por los propios afectados", explican.

La magistrada podría continuar el proceso utilizando estas pruebas documentales y testimoniales recogidas por la policía. Además, si fuese necesario, se podría recurrir a la cooperación internacional para intentar obtener sus declaraciones desde México. No obstante, la abundancia de información ya recopilada en el atestado significa que el caso podría proceder hacia una fase procesal posterior, incluso si las supuestas víctimas no están presentes para declarar en el juicio. 

Roxana Drexler, durante la rueda de prensa posterior a su detención y la de Nacho Cano, el pasado mes en Madrid. E. E.

Se les indujo a mentir

Las pruebas recabadas por la jueza Iglesias Sánchez exponen irregularidades, en primer lugar, en la manera en la que entraron los falsos becarios en España. "Los investigados tuvieron ánimo de engañar o inducir error en las autoridades españolas a la hora de trasladar a los bailarines dentro de las fronteras nacionales", dice el auto resultado de las diligencias previas.

"Les recuerdo que viajarán en calidad de turistas. No deben mencionar en migración que van a estudiar", se desprende de uno de los mensajes enviados a los jóvenes mexicanos por parte de una de las investigadas. Una información que ya fue publicada en exclusiva por EL ESPAÑOL y que definen que la intención de la dirección de Malinche no era la de formar a los jóvenes en España de manera legal, sino que intentarían cambiar el estatus migratorio de los mexicanos meses después de participar en el supuesto programa de práctica.

Un programa junto a la Escuela de Artes Jana que en realidad nunca existió y que, según explicaron los investigadores a este medio, se intentó crear exprofeso para regularizar a los inmigrantes mexicanos. Razón por la que la Delegación de Gobierno en Madrid declinó las solicitudes el pasado mes de abril tras no poder comprobar la veracidad de la formación por "no quedar acreditado que los estudios objeto de la solicitud conduzcan a la obtención de un título o certificado de estudios".

Nacho Cano durante su llegada a la rueda de prensa convocada tras ser detenido en julio. Europa Press.

A los pocos días de entrar en España simulando ser turistas, los supuestos becarios comenzaron a realizar ensayos de canto y baile, siempre de acuerdo con las investigaciones judiciales, con el fin de participar formalmente en el musical. En el informe policial, fruto de una investigación que comenzó en enero, tras la denuncia de una de las bailarinas, se insertan imágenes en las que los jóvenes mexicanos forman parte del elenco de la misma manera que los trabajadores formales.

En las diligencias previas dictadas desde Plaza de Castilla hay más: un mensaje de la ya mencionada como encargada y supervisora de los jóvenes, Roxana Drexel: "Hola a todos. Dirección me acaba de decir que hasta el domingo que viene quiere que salgáis todos en función. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Gracias a todos". Hubo periodos, por tanto, en el que los falsos becarios formaban parte a diario del musical de Nacho Cano, a pesar de no tener contrato, ni visado de estudios o formación en vigor.

A los cuatro investigados se les acusa de estar lucrándose, a través de la compañía "Malinche The Musical Spain SL", de la actividad laboral de los mexicanos seleccionados. A quienes, tras un breve periodo de aprendizaje de canciones y coreografías, pasarían a trabajar en el musical, representado en el recinto ferial de IFEMA en Madrid, percibiendo una cantidad económica por ello (300 euros, primero; 500 euros, después) por debajo del convenio. Algunos de ellos han expresado que han tenido que recurrir a familiares y a ahorros personales para lograr subsistir cada mes.