Mikel Buesa, después de que el PSOE le conceda el tercer grado al etarra que mató a su hermano: "Es un pago a Bildu"

La consejera vasca del PSOE saca de la cárcel al asesino de Luis Portero y Martín Carpena de espaldas a las víctimas

No es el único tercer grado concedido en las últimas horas. También se ha beneficiado Harriet Iragi Gurrutxaga, miembro del Comando Andalucía y condenado a 128 años de cárcel por los asesinatos del concejal malagueño José María Martín Carpena, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero y de Antonio Muñoz Cariñanos, coronel médico. Su primera condena llegó en 2001. Ha cumplido 23 años de prisión. 

La decisión de que ambos etarras accedan al tercer grado, es decir, a la semilibertad, acontecen por primera vez bajo mandato socialista en el Gobierno vasco. Ha sido María Jesús San José, consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos (PSOE), quien, según Mikel Buesa, ha dado "un trato de favor", sin ninguna duda, "inclinados claramente hacia los acuerdos con Bildu para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso". Es, subraya, "un trato de favor" hacia los etarras. 

La medida ha cogido por sorpresa a las víctimas del terrorismo, pero no a Mikel Buesa. "No me ha sorprendido lo más mínimo". Asevera que son "concesiones del PSOE a los herederos de ETA" que, reitera, "no me extrañan lo más mínimo". 

Hasta ahora, el Gobierno vasco enviaba a las asociaciones de víctimas "una ficha con información" detallada con la que era posible comprobar "en qué basaban sus resoluciones", es decir, verificar si había o no arrepentimiento por parte del etarra, explican en un comunicado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite). En esta ocasión no lo ha hecho. 

E.P.

Marlaska asegura que el tercer grado del asesino de Portero está "avalado" por el juez pero admite no conocer el informe

La asociación que preside Consuelo Ordóñez abundó ayer a EL ESPAÑOL que ni Luis Mariñelarena ni Harriet Iragi "cumplen con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, que es el del arrepentimiento por sus crímenes" y la "colaboración con la Justicia".

"Me consta", prosigue Mikel Buesa, "que Daniel Portero, hijo de Luis Portero, [asesinado en Granada por Harriet Iragi, el segundo etarra que se va a beneficiar del tercer grado] también está indignado. En el mundo de las víctimas del terrorismo esto indigna. No al cien por cien, pero sí a la mayoría". 

-Covite ha anunciado que va a solicitar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la revocación de la concesión. ¿Confía en que lo haga?

-Teniendo en cuenta que el fiscal de la Audiencia Nacional está bajo el mando del Fiscal General del Estado, y que éste parece más un político que un agente de la justicia, no. 

Desde julio de 2021, las competencias en materia penitenciaria dependen del Gobierno vasco. En la anterior legislatura, del PNV. En esta, y tras el pacto PNV-PSE tras las elecciones vascas, la Consejería de Justicia y Derechos Humanos está en manos socialistas, y en concreto, de María Jesús San José. 

-Hace una semana la consejera de Justicia dijo en sede parlamentaria: "Que nadie espere de mí un trato especial a los presos de ETA".

-Que a Mariñelarena le concedan el tercer grado responde a una decisión de política penitenciaria. La consejera es la ejecutora, y podrá decir lo que quiera, pero eso es un trato de favor. Eso es lo que es.

Buesa, quien fue presidente del Foro de Ermua y patrono de la Fundación para la Libertad, también formó parte de Covite, aunque se desligó hace tiempo de la asociación. Afirma que la connivencia del PSOE con Bildu "no es solo la concesión del tercer grado". También se encuentran "en los progresivos traslados de etarras al País Vasco, en los pasos del primer al segundo grado...". 

Uno de esos traslados fue, precisamente, el de Harriet Iragi, ahora beneficiado por la decisión. Fue en marzo de 2021, cinco meses antes de que el Gobierno cediese las competencias penitenciarias al País Vasco. El Ministerio del Interior aprobó su traslado desde el centro penitenciario de Castellón II, en la localidad de Albocàsser, a la prisión de Logroño. Lo hizo pese a que la junta de tratamiento, el órgano integrado por profesionales penitenciarios, propuso mantenerlo en Castellón II por cinco votos contra dos.