Jordi llamó a la policía por las amenazas de 'okupas' en su casa en Girona y casi acaba detenido por "allanamiento de morada"

Cuando Jordi Riera entró en su casa en Girona el pasado 2 de enero no pensó encontrarse la vivienda en tan mal estado. "Un vecino me llamó para avisarme de que había unos ruidos raros", explica a EL ESPAÑOL. Era una vivienda familiar, cerrada durante meses mientras esperaban una licencia del Ayuntamiento para poder comenzar a hacer unas obras. Durante ese tiempo, explica, la propiedad había estado vacía pero protegida. O al menos eso creían.

Al llegar a la propiedad, él y su padre se encontraron una pared destrozada, evidencia de un intento de intrusión. "La teníamos tapiada. Dentro no había nadie pero las paredes estaban rotas y veíamos basura por todos lados", prosigue. Mientras inspeccionaban los daños, un grupo de hombres apareció de repente. "Se presentaron como si la casa fuera suya", recuerda Jordi.

Intentaron entrar y, ante la resistencia de los dos propietarios comenzaron las amenazas. La tensión escaló rápidamente. Jordi llamó al 112 y pidió ayuda, porque sintió miedo al estar con su padre mayor. Minutos después, una unidad de la Policía Municipal llegó, pero lo que debía ser el inicio de una solución se convirtió en el principio del problema.

La policía municipal reteniendo a los okupas antes de permitirles entrar en la vivienda. Cedida.

Llamada sin respuesta

"Pensé que la policía vendría a protegernos", dice Jordi. Pero cuando los agentes llegaron, la situación dio un giro inesperado. Los hombres insistieron en que la vivienda les pertenecía, y su única prueba fue un vídeo en el que cocinaban en el interior con unas ollas. "No presentaron contrato ni escrituras", incide Jordi. Incluso admitieron haber forzado la puerta para entrar. La familia Riera mostró, incrédulos, las escrituras de propiedad. "No fue suficiente", cuenta.

La policía tomó una decisión que desconcertó a todos: permitieron la entrada de los hombres. Desde la puerta, los nuevos ocupantes aplaudieron y celebraron su victoria. La familia Riera, mientras tanto, tuvo que salir. "Nos dijeron que mejor los dejáramos pasar, que si insistíamos podríamos ser detenidos por allanamiento de morada… de nuestra propia casa", explica Jordi.

Esa misma noche, los vecinos escucharon golpes y movimientos dentro de la vivienda. Según los testigos, no sólo se reorganizaban los ocupantes, sino que probablemente más personas entraron en la propiedad. "Ahora mismo no sabemos qué pasa dentro", afirma Jordi. Las pocas pertenencias que tenían allí se volvieron inalcanzables. La casa, construida con años de esfuerzo, ya no les pertenecía.

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Las trabas del sistema

El día siguiente, Jordi y su familia acudieron al juzgado de guardia en Girona. Allí se encontraron con un sistema lento, cargado de trámites. "Después de 24 horas, el juzgado aún no había recibido el atestado policial", dice Jordi. Descubrieron también que los Mossos d'Esquadra, encargados de tramitar las denuncias de ocupación, sólo llevan los casos a los juzgados los miércoles. Eso añadía días de espera a un proceso ya de por sí lento y frustrante.

En la Policía Municipal de la ciudad catalana, que fueron quienes acudieron al suceso por proximidad, tampoco obtuvieron respuestas claras. Se les informó de que primero tendrían que declarar, un paso que nadie les había explicado antes. "Es una cadena de burocracias que hace que el propietario siempre pierda tiempo y recursos", continúa Jordi.

Fuentes judiciales explican a EL ESPAÑOL que, si bien el propietario tiene derecho a recuperar su propiedad cuando una vivienda está siendo ocupada, el procedimiento para hacerlo no siempre es inmediato. "La actuación policial está limitada por la interpretación del concepto de 'morada', ya que si los okupas consiguen demostrar una apariencia de permanencia —por mínima que sea—, los agentes suelen evitar el desalojo inmediato para no incurrir en una violación de derechos fundamentales", sostienen.

En este caso particular, el desalojo no se llevó a cabo porque los okupas habrían argumentado que la vivienda era su domicilio, aunque carecieran de documentos que lo acreditaran. Esta situación genera una paradoja jurídica: el propietario debe acudir a un procedimiento judicial para recuperar su inmueble, que puede extenderse durante semanas o incluso meses. Mientras tanto, los okupas pueden permanecer en la vivienda sin consecuencias inmediatas.

Europa Press

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La indiferencia

Mientras enfrentan la lucha legal, Jordi también tiene que lidiar, según denuncia, con la indiferencia de algunos vecinos. "Nos decían que mientras los okupas no molestaran, no habría problema. Pero ¿qué significa 'molestar' cuando te quitan tu casa?", se pregunta. Otros comentarios, como el que aseguraba que no debieron llamar a la policía, sólo incrementaron la sensación de aislamiento.

A través de las redes sociales, principalmente X (antes, Twitter) Jordi pidió ayuda a la comunidad: "Si alguien sabe cómo proceder, agradeceríamos cualquier apoyo". Aunque recibió mensajes de solidaridad, también fue testigo de la polarización que genera el tema de las ocupaciones en España.

Jordi insiste en que el problema no es sólo suyo, sino de un sistema legal que, según él, prioriza los derechos de los okupas por encima de los propietarios. "Es absurdo. No sólo no podremos reclamar daños, sino que además tendremos que asumir todos los costes legales", explica. El procedimiento, lento y lleno de obstáculos, hace que muchos casos de ocupación terminen sin consecuencias reales para los okupas.

Varios políticos, principalmente de Junts y Aliança Catalana, han mostrado su apoyo a Jordi y han pedido cambios legislativos. Por su parte, el alcalde de Girona, Lluc Salellas, de la CUP, se comprometió a investigar la actuación policial y anunció la redacción de un protocolo sobre ocupaciones. Sin embargo, aclaró que los cambios "tardarán en llegar".

Mientras tanto, la familia Riera espera, atrapada entre la lentitud de la justicia y el vacío de una casa que ya no siente como propia. Una posible medida cautelar del juez podría acelerar el proceso. Si no, tendrán que esperar entre 18 y 24 meses, según la media. "Lo único que queremos es recuperar una casa que es nuestra, trabajamos para construirla y ahora ni siquiera podemos entrar", concluye Jordi.