El Cádiz de Kichi: 6.000 viviendas vacías y 6.000 familias sin techo

“Esta casa se lleva por delante a mi marido, y a mí con él”, sostiene Carmen entre lágrimas. Llora desconsolada, de forma arrebatada, cada vez que recuerda cada crujido, cada gotera o cada rata vista corretear por su edificio. Vive en una de las tantas infraviviendas que alberga el centro de Cádiz.

Al menos hasta ayer sábado, fecha en la que le cumplió el contrato de alquiler y día en el que, si nadie lo remediaba, debía abandonar la que ha sido su casa desde hace más de 60 años. Todavía no sabe dónde vivirá a partir de mañana. Ni ella ni su marido Florencio, de 72 años, que hace ya un par de abriles que sólo baja a la calle para ir al hospital.

Sus achaques son comparables a los del inmueble en el que reside. Le falla la estructura, debilitada por los años, y necesita de puntales para sostenerse en pie. “Se ha estropeado el ascensor”, bromea entre risas cada vez que sube alguien por las estrechas y empinadas escaleras. Esto es Cádiz y rara vez se reprime el chascarrillo por dura que sea la adversidad.

Fuera de bromas, se estima que, como ellos, más de 1.200 gaditanos viven en infraviviendas, un problema singular de la ciudad. La mayoría, como la suya, se concentra en la Cádiz de intramuros, la más antigua.

En todos los casos se dan los mismos condicionantes: tienen problemas estructurales, no están convenientemente dotadas de instalaciones y en ellas se da el hacinamiento de personas. Para sus inquilinos la única solución pasa por la lista de demandantes de vivienda social, subvencionada por el Ayuntamiento. Y Carmen aguarda la suya desde hace diez años en el puesto catorce.

“Lo único que quiero es que me den una casita adaptada a las necesidades de mi marido y que podamos pagar”, demanda Carmen Benavides a sus 69 años, que maneja los 888,99 euros de pensión de Florencio, camarero de profesión. “Ahora que me quedo en la calle, digo yo que tendré más puntos y adelantaré en la bolsa [de demandantes]”, razona mostrando un tocho de papeles al presidente de la asociación de vecinos del Pópulo, José María Alonso Orta, que intercede por ella ante el Consistorio gaditano.

La urgencia de Carmen hace su caso especial dentro de las tantas situaciones difíciles que atienden de la oficina de Procasa, la empresa pública de vivienda de Cádiz, donde hay 4.662 inscritos en el registro de demandantes de vivienda protegida. La cifra, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en la capital gaditana, alcanza a los 6.452, si se suman los que optan por el alquiler y la compra.

Paradójicamente, en la ciudad de las 6.000 familias sin techo hay el mismo número de viviendas vacías. Un total de 6.875, según el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 4.100 de ellas en el casco histórico y 2.656 en extramuros. Muchas de ellas de las propias administraciones, lo que solivianta a los demandantes, que en la mayoría de los casos se encuentran en situación de exclusión residencial.

Según APDHA, el 45% de los demandantes son jóvenes de entre 20 y 35 años, con ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532,51 euros mensuales. Aunque también se registra, en un cinco por ciento, a personas mayores de 65 años por debajo del citado nivel de ingresos.

La insularidad de la ciudad y la escasez de suelo ha disparado el precio de la vivienda, ya sea de alquiler o de propiedad. Esta circunstancia, unida a la alta tasa de desempleo de la población –29,82% en agosto de 2016– hace que exista un buen número de gaditanos que dependan de las ayudas municipales para poder acceder a una casa.

“Hay un sector de población que está fuera del mercado”, sostiene el portavoz de la sección de Marginación y Vivienda de APDHA en Cádiz, Eladio García Castro, aparejador y antiguo director de la oficina de rehabilitación de centro histórico de Cádiz. “Vivienda hay, pero no es accesible”, insiste al tiempo que señala a las administraciones como origen del problema. “Han abandonado la política de vivienda, no han construido y –critica– ha desatendido a muchos a su suerte”.

Sin embargo, según sostiene este colectivo, en Cádiz hay más de 1.800 viviendas de titularidad pública repartida entre la Junta de Andalucía y el Consistorio gaditano. “No es de recibo que haya solares vacíos y el Ayuntamiento no los ponga en uso”, lamenta. “Es su obligación –recuerda– y no sólo como administración, sino como propietarios”.

La situación de desesperación es tal que ha llevado a varios miembros del colectivo a señalar con carteles los inmuebles de titularidad pública que están en desuso. Lo llamaron La ruta del abandono y con ella ya han sonrojado a la administraciones marcando varias fincas en el barrio de Santa María.

“Pedimos que las viviendas en Cádiz no estén vacías”, reclama García Castro, quien adelanta varias medidas que podrían ayudar a conseguir el objetivo. Por una parte, sancionar a los propietarios que no ocupan sus inmuebles, algo similar al decreto ley –y posterior ley– de la función social de la vivienda que impulsó la Junta de Andalucía y que tumbó el Gobierno de Rajoy en el Tribunal Constitucional.

Por otra, también para la vivienda privada, impulsar planes de rehabilitación con el compromiso de que posteriormente se pongan en alquiler los pisos para personas de la lista de demandantes. Pero, como sostienen, “el problema de la vivienda no está en la agenda de los políticos”.

Una vida en el trastero

Israel sufre en sus carnes la “inacción” de las administraciones. “El casado, casa quiere”, repite hasta la saciedad. Pero él sólo puede permitirse pagar un trastero, de apenas cinco metros cuadrados, por el que paga 55 euros al mes. En varias cajas conserva aletargada su vida como emancipado mientras que vive con su mujer y sus dos hijos en casa de sus padres, una jubilada con apenas 200 euros de pensión y un vendedor de latas en la playa.

Las cosas no le fueron bien, arrendó una cafetería para no perder su puesto de trabajo y su apuesta se torció generándole más deuda. Tuvo que salir de su piso de alquiler, vender los muebles para pagar lo que debía y volver a su casa, al cuarto en el que creció. “Llegamos a coincidir hasta 11 personas en el piso”, confiesa. “Mi padre y mi madre; mi hermana, su marido y su niña; y mi mujer conmigo y mis dos hijos”, enumera. Una convivencia difícil que genera fricciones, desgasta y tensa.

“Estoy muy quemado, muy desilusionado”, cuenta a sus 30 años quien se ha lanzado al activismo para reclamar la atención de las administraciones. En la carpeta que lleva, perdido en un sinfín de papeles, sobresale un plano donde tiene señalados los inmuebles vacíos en Cádiz. Cada vez que se entera de uno nuevo, lo apunta. Él, con otros miembros del Movimiento Por una Vivienda Digna, fue uno de los promotores de la ruta del abandono. Y ya preparan la siguiente, aunque sin ilusión porque la situación se revierta.

Ocupa el puesto 833 en el registro de demandantes de vivienda. Un número alto, teniendo en cuenta que apenas se mueve una veintena al año. “El Ayuntamiento siempre dice lo mismo, que no hay dinero y no puede construir. Tampoco rehabilitar”, narra. “La única solución que nos da para poder acceder a una vivienda es que se muera alguna persona mayor o algún inquilino se vaya de Cádiz”.

• - ¿Y se plantea irse?
• - Lo he pensado, pero mis hijos tienen aquí su rutina, su colegio, sus amigos y pienso que irme de Cádiz sería cambiarle la vida. Además, yo ayudo a mis padres y mi mujer a los suyos. Si nos vamos, se les va un pilar importante en su economía. Estamos atados a Cádiz.

 A Israel sólo le queda esperar.

El desafío de Kichi

Pero las llaves de su nueva vivienda pueden estar más cerca si, como pide la mesa tripartita de la vivienda de Cádiz –formada por colectivos sociales, Junta de Andalucía y Ayuntamiento–, el Gobierno andaluz se une al programa de alquiler justo impulsado por el Consistorio gaditano.

Con esta iniciativa, el gobierno local de José María González Santos, Kichi, –de Por Cádiz Sí Se Puede– pretende poner en arriendo los pisos desocupados al tiempo que se garantice a los propietarios el cobro de las rentas y la conservación de la vivienda.

Del lado de los inquilinos, el Ayuntamiento ofrece ayudas que varían entre el 20 y el 80% en función de los ingresos; y, por parte del propietario, se establece un anticipo de 6.000 euros –que se devolverá sin intereses en recibos de alquiler– para la adecuación de la vivienda si esta necesitase reforma, además de subvencionar el pago de un seguro y la expedición gratuita del certificado energético.

La medida, aunque bien aplaudida por los colectivos sociales que forman la mesa de la vivienda, solo dispone de 500.000 euros de presupuesto anual. Una cifra insuficiente, a juicio de los afectados, quienes estiman que solo se podría atender a unas setenta personas al año. “Pedimos es que la Junta de Andalucía que se sume a este programa, que el presupuesto que vaya a destinar a la vivienda en Cádiz sea a través de esta iniciativa municipal”, reclama García Castro, de APDHA, quien se lo expuso personalmente al representante del Gobierno Andaluz en el último encuentro a tres bandas –también con el Ayuntamiento– en Cádiz.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la delegación de Asuntos Sociales, destina parte de su presupuesto para responder a situaciones de primera necesidad. Eso se traduce en unas ayudas a personas en situación de especial vulnerabilidad entre las que se incluyen víctimas de violencia de género, residentes en infraviviendas o aquellos que se han visto desahuciados de sus hogares. La respuesta municipal concreta ayudas de hasta el 90% del alquiler durante nueve meses.

“Pero, ¿qué ocurre con los tres restantes?”, se pregunta Ana Belén Fernández, una madre gaditana de 34 años. Tanto ella como su pareja están desempleados. Ella de vez en cuando limpia una cocina, una casa o unas escaleras; él, ex trabajador de Dragados, sobrevive haciendo “chapucitos” [pequeños arreglos]. De aquí y de allá sacan para pagar los 560 euros del alquiler.

“Desde junio, cuando supe que se me acababa la ayuda, he intentado dar la lata para que no se olvidaran de mí”, explica. Lleva una semana apostada a las puertas del Ayuntamiento, tratando de hablar con el alcalde y con la delegada de Vivienda. “Es que, como yo, hay muchísima gente –añade– y si ella me dice que me llamará y se le olvida, para ella es un olvido más, pero para mí es un malestar increíble”.

Gracias a su insistencia ha conseguido su propósito. “Me han dado la razón, han reconocido que lo necesito y me lo van a pagar”, afirma. “Vamos, lo mismo que pido una vivienda, pido un trabajo con el que pueda salir para adelante con mis hijas”, sostiene.

“Lo que quiero es poder mantener este piso, que me ha costado muchas lágrimas conseguirlo”, esgrime. “La asistenta social me ha llegado a decir que me vaya de Cádiz, que ellos me pagan el viaje, y muchos conocidos se han ido así. O eso o que me meta de ocupa”.

• - ¿Y se plantea esa opción?
• - Pues sí. Si no hubiese tenido la vivienda me hubiese metido en cualquier vivienda, en la calle no se puede vivir con dos niñas. No me hubiese gustado que mis hijas lo hubiesen vivido.

En los últimos 17 años, desde que se emancipó, ha deambulado por una docena de viviendas. “Había años que me mudaba dos veces”.

• - ¿Y por qué tanto cambio de casa?
• - Pues porque no podía pagarlo y me echaban.
• - ¿Y era sencillo buscar vivienda?
• - Para nada, esta última me ha costado muchas lágrimas. Porque no tengo avalista, tampoco nómina… Y por eso intento luchar más por esta casa, porque la casa está a nombre de mi suegra. Por eso, en el momento de que me desahucien o me denuncien, todos los problemas van para ella y es una mujer muy mayor para meterla en un juicio. De avalista me sirvió mi padre.
• - ¿Por qué no a su nombre?
• - Porque no me alquilan. Los impagos me han buscado muchos juicios de faltas, de peleas en la calle… Yo los entiendo [a los propietarios] porque ellos exigen lo suyo; me ven por la calle y, aunque ya hayan denunciado, me dicen que les pague. Lo veo normal, pero tampoco puedo dejar que me digan nada, me tengo que defender. Pero se pasa muy malamente (sic).
• - ¿Cuántos alquileres debe?
• - En el juzgado puedo tener tres o cuatro denuncias.
• - ¿Y en importe?
• - No lo sé, porque empieza a subir. Hay veces que he dejado a deber 600 euros y cuando me ha llegado la notificación del juzgado me reclaman 1.600. Ahí meten lo que ellos ven. Ahora mismo, mi tranquilidad es que tengo una casa en la que no debo. Lo demás me da igual.