El club de las 18 desamparadas de Kichi, el alcalde de Podemos que da menos que Teófila

Milagros espera que la vida le dé una sorpresa que haga honor a su nombre antes del próximo sábado. El minúsculo piso en el que vive junto con sus dos hijos y un nieto de apenas un año es una caos de cajas de cartón apiladas y bolsas repletas de ropa. “Esto lo venderé o lo regalaré, porque a dónde me voy a llevar yo todo esto, si me quedo en la calle”, masculla con desánimo. Milagros sabe que el sábado cerrará por fuera —por dentro ya lo hace cada noche por miedo a su ex marido— las puertas del que ha sido su hogar, entregará las llaves al casero y se marchará a no sabe dónde. “A un cajero o a la puerta del Ayuntamiento”, especula. Quiere que Kichi, el alcalde que le aseguró que no se vería en la calle, sepa por las penurias que atraviesa. Pero, entretanto, Milagros espera el milagro.

“No tengo dinero, avalista ni fianza, ¿quién me va a alquilar?”, se pregunta Milagros, una de las 18 mujeres que forman Las Desamparadas. Detrás de ese nombre se esconden historias de malos tratos, de escasez de recursos y exclusión social. “Yo he tenido tres relaciones y los tres me han maltratado”, confiesa Milagros Casado, de 38 años y vecina de Cádiz.

Conoció a su primera pareja con 16 años. Apenas cinco meses después se quedó embarazada y ahí arrancó su calvario. “Con la barriga empezaron los celos; si veía o saludaba a alguien, él me daba un guantazo”, recuerda. “Pero, claro, yo tenía 17 años y creía que eran cosas de juventud, no le daba importancia —explica—; hasta que intentó abusar de mí en la Caleta, yo me negué pero él me tiró a la arena, menos mal que unos pescadores oyeron los gritos y llamaron a la Policía”.

Poco después de dejarlo conoció a su segundo novio. Y Milagros se quedó en estado. “Tuve que abortar por las presiones de la familia de él”, recuerda amargamente. “Ahora tendría 16 años mi chico”, puntualiza. Según cuenta, el psicólogo que la trató le recomendó volver a buscar un hijo y así fue. También le recetó Alprazolam, para la ansiedad, y Zolpidem, un sedante, medicamentos que toma desde entonces. Pero los litigios entre las familias fueron a más después del parto. “Mi madre denunció al padre de mi hijo porque le quiso pegar, yo denuncié a la abuela de mi hijo”, apostilla. Y puso fin a la relación.

Su última pareja, alcohólico, según comenta Milagros, no solo le pegaba al vidrio. “Un día me dio un manotazo en la cara, mi hijo lo vio y se enzarzó en una pelea en la que no pude ni mediar”, cuenta casi impasible, como adormecida por una vida plagada de zancadillas. “Vamos, un numerito”, apostilla. “En el día a día me decía puta, que le ponía los cuernos y me acostaba con cualquiera”, relata. “Y eso es maltrato psicológico”, zanja.

La situación empeoró hace un año, cuando falleció su madre. “Mi único apoyo”, comenta entre lágrimas. Y con su historial acudió al Ayuntamiento, gobernado por José María González Santos, Kichi, de Podemos. “Ellos quedaron en ayudarme con el alquiler, dos meses los pagarían ellos y los otros dos, yo”, relata Milagros.

Todo fue encajando gracias a que ella trabajaba en un aparcamiento gestionado por personas necesitadas, pero cuando regresó a la fila del paro se dispararon sus problemas. “Junio y julio lo pagaron ellos, pero no pude pagar los meses de agosto y septiembre; luego, en Asuntos Sociales, me dijeron que habían traspapelado mis documentos y desde entonces no pago el alquiler”, detalla Milagros. “Y, claro, entiendo que el dueño del piso me pida que me vaya”, confiesa. Y el sábado dirá adiós a su último piso. 

Cambio de gobierno y cambio de criterio

Es el final de algo que el colectivo de mujeres víctimas de violencia de género venía barruntando desde hace meses, cuando se hizo público el anuncio de la rebaja de la ayuda que percibían de manos de la Fundación de la Mujer. El Gobierno de González Santos, según acusan, redujo la subvención para alquiler del que se beneficiaban del 90 al 75 por ciento. “Además, con la Teo —Teófila Martínez, la ex alcaldesa ‘popular’ de Cádiz— no teníamos que tener una orden de alejamiento en vigor para que nos dieran la ayuda, bastaba con tener la condena de malos tratos”, justifica.

Esa reducción en la cuantía que percibían y los cambios en la baremación hicieron que aunaran esfuerzos para acudir a los plenos portando pancartas y lanzando acusaciones al gobierno municipal. “Decidimos llamarnos Las Desamparadas, porque así lo estamos, nadie nos escucha, solo la oposición”, concreta María, que oculta su rostro y sus apellidos porque tiene miedo a su ex pareja, que no se puede acercar a ella a menos de 500 metros.

De hecho, la posición en bloque —Partido Popular, PSOE y Ciudadanos— presentó una moción conjunta, que fue aprobada, en la que solicitaban el restablecimiento del 90 por ciento en las ayudas al alquiler en los casos de mujeres víctimas de violencia de género.

Sin embargo, el gobierno de Kichi hace una valoración diferente a la que defienden tanto el colectivo como la oposición. Con dicha moción, según defienden fuentes municipales consultadas por EL ESPAÑOL, se aprobaba una rebaja respecto a la presentada por ‘Por Cádiz sí se Puede’ y ‘Ganar Cádiz en Común’, que elevaba la cuantía al cien por cien en el caso de aquellas mujeres que estuvieran en un contexto de malos tratos o de exclusión social y, además, inscritas en el registro de demandantes de vivienda.

“Además, el criterio que aplicamos para determinar si una mujer está en situación de malos tratos no lo establece el Ayuntamiento, lo hace la Junta de Andalucía, a través de Instituto Andaluz de la Mujer”, detallan las fuentes municipales. “Ahora mismo todas aquellas que lo han acreditado están cobrando el 90 por ciento de la ayuda”, añade. Además, quien habla por el gobierno de González Santos, asegura que se están programando cursos becados, a razón de 12 euros por día de asistencia, para sostener económicamente a estas mujeres.

María del Mar Utón es una de las alumnas que participó en uno de esos cursos. Era de búsqueda activa de empleo y allí conoció a las otras Desamparadas. “Entre todas nos ayudamos mucho, nos damos mucho calor, mucho sustento emocional”, asegura. “Porque económicamente no podemos ayudarnos, pero sí escucharnos y abrazarnos”, añade la gaditana. “Sabemos lo mal que se pasa y si alguien necesita desahogarse o hay que quedarse con los niños para que alguien pueda ir a una entrevista o a entregar papeles en Asuntos Sociales…”, desvela.

Ella tiene la vivienda asegurada. Paga unos cien euros de alquiler a la Junta de Andalucía y convive felizmente casada con su actual pareja. Aunque no siempre tuvo la misma suerte. “Mi anterior pareja me maltrataba, pero nunca denuncié”, explica. Con él estuvo 19 años y fruto de esa relación tiene dos hijas. “La mayor estudia criminología, está en tercero”, cuenta orgullosa la madre. “Pero es un gasto, porque se tiene que desplazar a Jerez y muchas veces se tiene que quedar a comer allí. Y yo no puedo. Su padre no me pasa la pensión. Dice que no tiene, pero nosotros tampoco tenemos”, completa.

María del Mar forma parte del grupo de mujeres en exclusión social de las Desamparadas y se gana la vida vendiendo en la calle, siempre que la Policía se lo permite. “Vendo con o sin licencia porque es lo único que tengo”, confiesa. Pitos de caña para el carnaval, pendientes y demás bisutería con motivos carnavaleros con los que se puede sacar unos 300 euros al mes.

“A Kichi no le puedo pedir un trabajo, pero sí que me dé una licencia para vender en la calle, a mí me solucionaría mucho la papeleta”, zanja María del Mar a sus 40 años. 

Donde dije digo…

“Kichi, cuando estaba con el megáfono, solo hablaba de que había que ayudar a los necesitados, pero ahora que está en la alcaldía solo sabe pedir papeles”, comentan desde la oposición. El portavoz del Partido Popular, Ignacio Romaní, acusa a los ‘podemitas’ de desmembrar el servicio Alerta de la Fundación de la Mujer, en el que “existía un catálogo de servicios de atención jurídica y psicológica para la mujer víctima de violencia que hacía tener un conocimiento exhaustivo de cada caso”. También critica que sea necesario presentar —como comentan las Desamparadas— una orden de alejamiento, “bastaba con la aportación de una sentencia”.

En el PSOE, la concejal Mara Rodríguez, secunda la tesis de su compañero en la oposición y lamenta que Podemos use la situación de estas mujeres para hacer política. “Hay cuestiones con las que hay que tener una especial sensibilidad, entendemos que no hay dinero pero hay prioridades que el gobierno de Cádiz debe atender”, concreta la socialista.

Lejos de la tesis municipal, Rodríguez asegura que no todas las mujeres víctimas de violencia de género se están beneficiando de las ayudas del 90 por ciento al alquiler. “Algunas veces sin explicación aparente porque cumplen todos los requisitos”, recalca. “Ellas no piden por pedir, piden porque lo necesitan y lo que les corresponde”, insiste la concejala.

María es una mujer maltratada, está desempleada y cumple, según asegura, todos los criterios que le deberían dar acceso al 90 por ciento de la ayuda al alquiler. Vive con su madre, que está impedida, y con sus hijas. A duras penas puede pagar los 510 euros que le piden de arriendo con lo que se saca los domingos en un mercadillo que frecuenta a las puertas de la plaza de abastos central de Cádiz. Allí vende de forma ilegal baratijas que la gente le da o que recoge de los contenedores de basura. “Hay días que gano dos euros, otros que veinte… pero poca cosa y siempre que la Policía me deje vender, porque allí estoy de ilegal”, concreta la joven, también víctima de violencia de género.

Es la única en el grupo de 18 mujeres que tiene una orden de alejamiento en vigor. Su ex marido —un juez le dio el divorcio de forma automática— está en búsqueda y captura y ya ha quebrantado dos veces el mandato judicial. “Me llamó desde una cabina y me habló por Facebook para decirme que sabía donde vivía”, asegura.

A él, un marroquí nacionalizado español, lo conoció en Tenerife, donde trabajaba como camarera de piso en un hotel. “Al principio eran todo atenciones pero cambió al morir su padre, fue quitándome mi cultura e imponiéndome la suya. Me pidió que me tapara la cabeza, que era un gesto de respeto ante él y su familia, que era bueno que rezara, que entrara en las mezquitas”, enumera. Y él le era infiel. “Creía que yo era la culpable por no darle lo que me pedía”, añade.

Hasta que empezaron las palizas. La última la dejó 23 días ingresada en un hospital. Los golpes fueron tan fuertes que perdió al bebé que ambos esperaban. Tres años después sigue con el tratamiento psicológico.

Ella le puso nombre a las Desamparadas. Y ella habló en el pleno del pasado 25 de noviembre, día internacional de las víctimas de violencia de género, arriesgándose a que la reconocieran. “¿Qué puedo hacer?”, se pregunta. “Dije que no nos gusta vivir de la caridad, que tenemos dos manos y que queremos ser útil”, recuerda María. “No quiero que por ser víctima de violencia de género me den dinero, quiero darle a mis hijos un plato de comida luchado por mí”, sentencia. Pero ahora no puede.

“Confiaba en que Kichi podía cambiar la ciudad a mejor —zanja—, pero nos ha defraudado”.