"Me niego a que con mis impuestos se le pague el sueldo a todos estos guapitos de cara que tienen talento cero”. Échenle imaginación a este comentario de un lector, leído en un diario español, combínese de las maneras que se quiera -las palabras “bodrio” y “pestiño” suelen repetirse- y tendrán un análisis del estado de ánimo que ha generado en la opinión pública el escándalo de los fraudes de las subvenciones al cine.

Pero, ¿ha sido una sorpresa? Adolfo Blanco, fundador y presidente de A Contracorriente Films, una de las principales distribuidoras, es rotundo: "El nuevo es mejor. Estoy convencido de que los Gobiernos sabían de sobra lo que pasaba y lo han aceptado. Y todos los ICAA [el Instituto de Cinematografía dependiente de Cultura] de los últimos 20 años". Y añade: "¿A qué viene sacar esto ahora, justo cuando has conseguido por fin cambiar el sistema?". Se refiere al cambio en ciernes del modelo de ayudas.

Estamos ante un caso que afecta a 12 películas españolas de 2012 cuya implicación en el fraude ha llegado a cuatro juzgados madrileños. Los sospechosos aumentan hasta 42 si se incluyen los 23 títulos a los que Cultura ha exigido la devolución de la subvención de 2013 o 2014 y otros 9 del año en curso. Y hasta 43, si incluimos Rosa y negro. La cinta por la que Enrique González-Macho acaba de ser imputado.

¿Se puede hablar de un fraude generalizado o son manzanas podridas que no representan al conjunto? “Se trata de casos puntuales que no pueden extrapolarse a toda nuestra industria”, tienen claro desde FAPAE, la federación de productores, que matiza: “El sistema de Ayudas a la Amortización debe revisarse con carácter urgente”.

Pequeñas productoras

Los productores añaden: “Desde la presidencia de FAPAE se le ha comunicado al Ministerio de Cultura la necesidad de aumentar la seguridad jurídica de las negociaciones. Fruto de estas negociaciones es la nueva Ley donde desaparece el pago a posteriori”. En total, en 2014 hubo 276 empresas productoras. Una gran mayoría de ellas con una única película, pero unas 30 rodaron entre dos y cuatro títulos. Se produjeron 174 producciones íntegramente españoles y otras 42 coproducciones.

'Trabajamos desde hace meses con la Administración para que el sistema de ayudas al sector mejore', explican desde FAPAE

Entre 2011 y 2014, los años que están siendo objeto de investigación, 271 largometrajes recibieron ayudas a la amortización, las principales y más cuantiosas de las diversas que entrega Cultura a través del ICAA. En ese periodo, de momento, se sabe de once filmes que han acabado en un proceso judicial con productores imputados o investigados, y otros 32 a los que el Ministerio ha decidido retirarles la subvención ante la presencia de “indicios”, según señalan fuentes de la Institución, de este tipo de delito. Del resto de las 227 producciones o coproducciones españolas no hay en principio motivo de duda.

Hablamos de un 4,05% de los subvencionados que están en juzgados, y otros 11,8% de los que Cultura sospecha. “Trabajamos con la Administración desde hace meses para que el sistema de ayudas al sector audiovisual mejore, entre otros motivos, para que no paguen justos por pecadores”, explica Ramón Colom, presidente de FAPAE.

"Claro que nos preocupa, pero es absolutamente minoritario en las cifras, una cosa muy marginal de algunas distribuidoras obligadas por la forma de subvención", asegura Juan Manuel Gómez-Fabra, presidente de FECE, la principal asociación de exhibidores. "Es un tema que se sabía. Los que están preocupados son los encausados. Los que no tienen ese problema, les molesta la imagen que se da del cine y el énfasis en algunos medios. Pero la conciencia esta tranquila. Nuestra preocupación está en cambiar el IVA y en la lucha por lograr subir la taquilla", añade el representante de los exhibidores.

Y asegura sobre la oportunidad política de este escándalo: "Nosotros tenemos una reivindicación muy grande, que es el IVA, un subidón confiscatorio. No sé si una forma de escurrir el bulto ante la presión es sacar el tema a colación".

'Hay una Ley diseñada para premiar sólo a películas de éxito, y llega un momento en que es una opción comprar la taquilla', señala un distribuidor

El fraude en la taquilla, explica a EL ESPAÑOL Adolfo Blanco, “era un mal que le ocurría a las pobres películas que fracasaban". "Evidentemente el sector es otra cosa. Yo confío en que con las correcciones [de la nueva legislación], con unas reglas de juego no modulables, esto no suceda”, dice. Sin embargo, Blanco deja claro que no quiere censurar el comportamiento de los productores implicados.

“Hay una Ley que está diseñada para premiar sólo las películas de éxito y llega un momento en que es un opción comprar la taquilla. Nadie prohíbe comprar entradas”, prosigue el distribuidor de A Contracorriente. “La perversión es el sistema: no quien toma la decisión la actuar de esa manera”. Para el distribuidor, lamentablemente, es un sector que ha estado de espaldas al espectador por culpa de una ley absurda. "Para mí, ése es el gran mal. Es un problema del sistema que lo permitía y lo alimentaba”.

Blanco propone ejemplos concretos: "Yo entiendo a algunos de los productores. Hay casos y casos". Si a alguien le faltan 2.000 entradas para llegar al límite que fija la ley para acceder a la ayuda, "las compras y se las das a un colegio". No habla de él. Pero sí de casos que conoce. "¿Cuál es el límite que nos parece normal? ¿500, 600, 1.000? Hay estupendos productores y distribuidores que nunca van a estar en la lista y que en un momento dado pueden acceder por unas entradas más".

Diversidad cultural

Las distribuidoras que operaron en 2014 en España fueron 328. Muchas de ellas fueron pequeñas o medianas. Buena parte de ese conjunto está representado por Adicine. “Las informaciones que están apareciendo son muy perjudiciales para todos los sectores del cine en España, que está pasando por un momento difícil”, explica a EL ESPAÑOL el presidente de esta entidad, Miguel Morales. “Estas noticias, en caso de que se demuestren, no son representativas de la realidad y el volumen de la industria del cine en nuestro país”.

Para Morales, “las distribuidoras independientes somos necesarias para mantener la diversidad y amplitud cultural ya que atraemos a España lo mejor del cine independiente producido en todo el mundo”.

En 2014 se pudieron ver proyecciones en 710 cines, que sumaron un total de 3.700 salas. Se estrenaron 153 películas españolas. En lo que va de 2015, se han rodado o están rodando 180 producciones audiovisuales. “Para mí son casos muy puntuales y sería absurdo pensar que es generalizado. Hay titulares muy patéticos”, analiza Blanco. “Nosotros vamos a lo nuestro, a buscar buenas pelis, a ponerlas en las mejores condiciones y a tirar mucho de imaginación y de oficio para intentar atraer al público a buenos títulos”.

Que paguen

La realidad del sector español la conforman muchas pequeñas empresas que bregan cada año por sacar adelante un título o dos. Un ejemplo sería el de de Antártida Films. “Somos novatos en esto”, reconoce el productor y director Carles Porta, que atiende a EL ESPAÑOL por teléfono. Es una teoría similar a la de un conocido productor -el otro extremo de la realidad de la producción-, que prefiere no ser citado pero se muestra "entristecido" por todo este caso: "Creo que esto está donde debe estar: los fraudes, en los tribunales. Y la ley, en la mesa del Gobierno", asegura, explicando que el problema viene de lejos, ya que la legislación ha buscado fomentar el contacto del cine con el público por encima de cualquier consideración de si determinados artículos podían dar lugar a este tipo de conductas.

Habíamos conseguido un momento increíble de contacto con el espectador. Y todo esto puede echarlo a perder

Porta añade: “Está claro que esto no es nada nuevo. Si alguien lo ha hecho, debe pagar por ello. No es bueno para los ciudadanos ni para el sector. También creo que los políticos, PSOE, PP, C's quien sea, deben ponerse de acuerdo para que este tipo de cosas no sucedan. Para la financiación del cine, como para la de los partidos, la educación o el encaje de Cataluña, deben ponerse de acuerdo. Esto es un ejemplo más de que cada gobierno cambia las leyes para ayudar a sus amigos”.

El productor tiene claro que “estigmatizar a todo un sector por las trampas que puedan hacer algunos, y porque ha habido una permisividad, no es bueno”. Y rompe una lanza por el cine de nuestro país: “El sector cinematográfico español es muy bueno y tiene muchísimo nivel”. El productor que solicita nos ser mencionado está de acuerdo: "La lástima es que habíamos conseguido un momento increíble de contacto con el espectador. La gente venía a ver las películas. Y todo esto puede echarlo a perder".

Casi 9.000 empresas

El sector audiovisual español engloba, según el Anuario 2015 del Ministerio de Cultura, a 8.952 empresas (cine, televisión y vídeo). De éstas, 4.697 son pequeñas, sin asalariados, pero más de 3.100 tienen entre uno y cinco empleados. En 2013 (los últimos datos de este apartado corresponden a ese ejercicio), la producción audiovisual movió más de 1.714 millones de euros. La postproducción, casi otros 887. La distribución a su vez supuso unos mil millones y la exhibición, cerca de 770.

Las distribuidoras de mayor recaudación son las llamadas majors, que traen a España principalmente cine estadounidense: Fox (63 películas en 2014), Warner (62), Universal (72), Disney (50) y Sony (36). Aunque no se dedican exclusivamente a ese tipo de productos. El mejor ejemplo es Ocho apellidos catalanes, el gran éxito español de este año, con 7,6 millones de euros recaudados en su primer fin de semana, que ha distribuido Universal (UPI Spain).

Entre todas suman más de 66 millones de espectadores. Pero junto a ellas se cuelan en la lista de grandes de la distribución Aurum, DeA Planeta, Paramount y Tripictures. A Contracorriente es la primera de las “independientes”, seguida por Vértigo, ambas con más de un millón y medio de espectadores en sus películas.