Una reflexión sobre la conveniencia del término "madre de todas las bombas" ha convertido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en objetivo de virulentos insultos e incluso de la amenaza de ser "violada" por parte de un usuario de Twitter. El mensaje injurioso fue amplificado por seguidores de la primera edil para ilustrar un argumento político: mientras se procede de oficio en casos polémicos como el juicio por chistes sobre Carrero Blanco, se desproteje a las víctimas de esta clase de amenazas por "ser de izquierdas". Agradeciendo el mensaje, Colau anunciaba que denunciaría ya que no sabía "si la Fiscalía iba a actuar".

El historial judicial de denuncias por injurias en las redes sociales es errático. Se procede de oficio en el caso de delitos de humillación a las víctimas del terrorismo, caso en el que cayó el proceso por los tuits sobre Carrero. Para los insultos y amenazas personales en las redes, la periodista Ana Pastor fue una pionera en 2014 poniendo una denuncia que, según su testimonio, jamás dio fruto. Sin embargo, a golpe de casos, penetración de las redes sociales y sensibilización sobre los delitos de odio y apología de la violencia machista, la Justicia pierde su apatía. 

Insultar en las redes ya no sale gratis, como demuestran el caso de Adrián, el niño enfermo de cáncer tristemente fallecido hace unos días al que su afición taurina llevó a ser injuriado en redes, o el arresto de cuatro tuiteros ultraderechistas que simularon la subasta del presidente de SOS Racismo Madrid, Moha Gerehou. Pero estas actuaciones policiales tienen algo en común, y es que ocurrieron en España. Fuera de nuestro territorio rigen leyes mucho más laxas que amparan a quienes amenazan e insultan por diversión. Y tan importante como denunciar es el identificar esta tipología de perfil para no premiarle con lo que anda buscando, escándalo y repercusión.

Así, aunque la cuenta agresora haya desaparecido, ha dejado su firma. Un nombre de usuario que reaparece en las miríadas de cuentas que crea, de usar y tirar, para ir utilizando a medida que se las cierran. Introduce pequeñas variaciones pero mantiene lo esencial para ser reconocido: es la forma de presumir de su gesta, ver su nick reproducido en medios y agencias como ha ocurrido a raíz del caso de Colau. EL ESPAÑOL tomó la decisión editorial de dejar de reproducir tanto los nombres de esos trolls como el contenido sus tuits.

El modus operandi consiste en actuar en masa. Las personalidades públicas españolas son un objetivo predilecto, especialmente si tienen un discurso sobre Igualdad e Integración. La comunidad de trolls mexicanos a la que pertenece el agresor de Colau es especialmente virulenta. Copian y pegan los mensajes denigrantes, las fotografías de armas y cuerpos masacrados por el narco, y añaden algún toque personalizado: el nombre del objetivo escrito en un papel junto a una bala, o referencias geográficas cercanas a su víctima sacadas de una búsqueda simple.

Iñigo Errejón fue víctima del mismo troll que ha atacado a Colau hace unos meses. En su caso, adjuntó la foto de un encapuchado armado junto a la advertencia de que le mataría "cuando fuera por Leganés". Pero pinchó en hueso: el secretario político de Podemos no se dejó impresionar. "Menos mal que no has hecho ningún chiste ni canción, que si no verías la que te caía...". El emoticono de un fantasmita ponía la guinda, y el depredador se fue aquella noche sin presa a la cama.

Pero otros ha sido objetivos de este personaje y sus imitadores. La diputada socialista por Madrid Carla Antonelli, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso Juan Carlos Girauta, Jesús Tomillero, el primer árbitro en salir del armario, o el propio Moha Gerehou. Además, los trolls mexicanos son una presencia recurrente y reconocible, pero la Policía Nacional revelaba a EL ESPAÑOL que los casos de abuso en redes sociales de los que recibían denuncia se originaban con frecuencia desde Latinoamérica. Internautas de varios países se coordinan para llevar a cabo macabras acciones en masas, como la de convertir en Trending topic en España una repugnante apología de la violencia machista.

Operan amparados en el vacío legal de la legislación vigente en sus propios países. "Si el delito no está tipificado de la misma manera que en España, los trámites son complicados y lentos" - lamentaba una fuente jurídica especializada en derecho de la Información consultada por EL ESPAÑOL. Además, Twitter les pone las cosas fáciles. Crean multitud de cuentas con información falsa e IPs distintas; cuando la red social las da de baja al recibir los avisos de abusos, pasan a otra. Para cuando las autoridades solicitan sus datos, todo rastro ha desparecido. Ese, por inverosímil que parezca, es el motivo que ha llevado a la investigación por los insultos homófobos que recibió Miguel Bosé tras la muerte de su sobrina Bimba a un punto muerto.

¿Qué hay que hacer entonces? ¿Ignorarles como hizo Errejón? No: "Hay que denunciar siempre. Es la manera en la que tenemos constancia del delito" - pide la Policía Nacional. Cuantificar la magnitud de este problema es la manera en la que se pueden impulsar los cambios necesarios para perseguir con mayor eficacia estos delitos, así como a forzar a las redes a mejorar sus mecanismos de control. Al aventar y amplificar estos mensajes y a sus autores, sin embargo, se consigue el efecto contrario al de denunciar: alimentar sus apetito por seguir presumiendo de escandalizar a los gachupines. 

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