"Si yo fuera un verdadero socialista no gastaría ni un solo penique en educación superior, lo gastaría en educación infantil". Esta cita, del que fuera ministro laborista de Educación del Reino Unido, Charles Clarke, encabeza el trabajo que María Jesús Mancebón, Domingo P. Ximénez-de-Embún y Adriano Villar-Aldonza hicieron para la Universidad de Zaragoza sobre la Evaluación del efecto de la escolarización temprana sobre las habilidades cognitivas y no cognitivas de los niños de cinco/seis años.
Su estudio vino a demostrar que las inversiones públicas en educación infantil "constituyen un elemento que puede ser decisivo en la mejora del sistema educativo en su conjunto". Es decir, los pequeños que pasan por la etapa preescolar acceden en mejores condiciones a la enseñanza primaria y obtienen mejores resultados en las siguientes etapas. A todas luces, parece que la de educación infantil tendría que ser una de las profesiones más valoradas, pero en nuestro país un gran porcentaje de educadoras son pobres y algunas acaban renunciando a su profesión por ello.
El pasado mes de mayo, estas profesionales -hablamos en femenino porque un 95 % son mujeres- salieron a la calle para protestar por sus condiciones laborales en plena negociación de su nuevo convenio. Sus movilizaciones no sirvieron para mucho: verán aumentado su salario solamente en un 5 % tras siete años congelado. Un poco de dinero más que fija sus sueldos en 830 euros si trabajan en un centro privado y 900 euros si se trata de un centro público externalizado.
“Condenadas a la precariedad”
A estos números le ha puesto rostro la periodista Vanesa de Lucio, contando en Twitter la triste realidad que vive la profesora de su hija. Su hilo, con más de 10.800 retuits, ha servido para visibilizar la precariedad que están sufriendo estas profesionales:
Aunque la escuela de su hija está en Madrid, De Lucio prefiere no dar más datos “porque no se trata de personalizarlo en nadie. Es una situación que afecta a todas las escuelas infantiles públicas de gestión privada, como por desgracia está sucediendo con tanta privatización de lo público”, explica a EL ESPAÑOL.
La periodista sí sabía de la precariedad de sus salarios “porque a lo largo del curso han hecho huelga cuando se negociaba el convenio y mi hija mayor también fue a la misma escuela”; pero desconoce si el resto de las familias saben lo que está sucediendo a pesar de haber salido en algunos medios. Eso sí, exculpa por completo a la dirección de los centros: “Son una parte más del sistema y de una gestión negociada a nivel estatal que compete a los políticos y dirigentes. La dirección no decide salarios ni condiciones”, observa.
Desde que se aprobó el nuevo salario mínimo interprofesional el pasado diciembre, los educadores infantiles de las privadas perciben un pequeño complemento para llegar a esos 12.600 euros anuales y, aunque las Administraciones pagan mejor a sus trabajadoras, según Comisiones Obreras “el 90 % de las trabajadoras pueden ser consideradas como pobres por la Carta Social Europea. Su retribución apenas supera el salario mínimo y no alcanza el 60 % del salario medio nacional”.
Un trabajo fundamental que no se valora
Vanesa de Lucio quiere dejar claro que con su hilo no ha pretendido “menospreciar al trabajador de un supermercado, a un ayudante de mecánico o a cualquier otra profesión. Me parece perfecto que cobren lo que cobran. Es más, deberían percibir más. Lo que pongo en valor es la miseria que cobran ellas, sobre todo, si tenemos en cuenta la responsabilidad de su trabajo”.
Está convencida de que “no se valora en absoluto la labor que realizan estas profesionales, fundamentales en una etapa esencial”. Recuerda, además, que “tienen una cargas increíbles, no son meras cuidadoras. Se les piden unidades programáticas, imparten inglés, fomentan la curiosidad y el desarrollo de los niños, educan, apoyan, cuidan, alimentan… y reciben un sueldo mísero que las condena a la precariedad y, en muchos casos, como este, a dejar la profesión para la que se formaron porque no pueden vivir de ello”.
Asegura que estos días se ha dado cuenta de la “ola de solidaridad y afecto que reciben las educadoras”, pero también cree que “si todos los padres supieran lo que cobran las profesoras de sus hijos se quedarían de piedra”. Para ella es “inconcebible” que paguemos mejor a “quien nos cuida el coche o quien nos hace la comida que a quien cuida de lo más valioso que tenemos: nuestros hijos”.
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