El tono verde de la camiseta en defensa de la escuela pública de María es mucho más pálido que el del resto de manifestantes de su alrededor. Esta profesora madrileña lleva cuatro años saliendo a la calle en cada convocatoria contra la Lomce y los recortes y, claro, "los lavados" de la prenda "se notan". Ha llegado en la tarde de este miércoles de huelga en las aulas españolas puntual para que empiece la manifestación al mismo tiempo que habla Rajoy: “Tenemos que hacer más ruido que él, que el Partido Popular escuche de una vez a la comunidad educativa”. "Hacia meses o incluso años que no veía una concentración tan numerosa", dice desde la experiencia que delata su camiseta desteñida.
Junto a María, miles de personas se han echado a la calle para clamar en contra de las pruebas finales de Bachillerato y ESO que recoge la Lomce -las polémicas reválidas-, los recortes y el decreto 3+2, en lo que se convirtió en un “auténtico resurgir” -así lo tildaron los organizadores de las protestas- de la marea verde. Un movimiento que vivió su momento álgido durante la tramitación de la Ley para la mejora de la calidad educativa en el Congreso hace tres años, pero que desde que comenzó su implantación en colegios e institutos se ha venido apagando.
Pero este 26-O esa llama ha prendido de nuevo y en más de 40 ciudades españoles estudiantes, padres y docentes se han manifestado para pedir al que ya dan como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que revierta sus políticas educativas y que “por supuesto, haga dimitir al actual ministro en funciones, Íñigo Méndez de Vigo”.
Las protestas más numerosas se han llevado a cabo en la capital. Madrid ha acogido en la mañana del miércoles una marcha “contra las reválidas franquistas" convocada por el Sindicato de Estudiantes -el que aglutina a más alumnos del sistema-. Chavales, sobre todo de 3º de la ESO en adelante, han hecho un recorrido separados de otro sindicato crítico con los primeros hasta llegar a la Puerta del Sol, epicentro del movimiento indignado.
AMENZAN CON NUEVAS MOVILIZACIONES
Durante el camino la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, explicó a EL ESPAÑOL que no se cree las últimas informaciones publicadas sobre la intención del Ministerio de dejar sin efectos las reválidas. Pese a que en la orden ministerial sólo se habla del próximo curso y a que Ciudadanos ya informó de que Méndez de Vigo se ha comprometido a ello.
No les vale. Quieren hechos. Y eso pasa por la eliminación de la ley educativa de pleno. Todos sus aspectos, incluidos, por su puesto, las reválidas. Por eso, han instado al futuro Gobierno a poner en marcha estas reformas desde el próximo lunes. “Si no lo hace nos volveremos a ver en la calle. Desde el lunes convocaremos nuevas acciones”, amenazó Garcia.
En esa primera convocatoria comenzó la guerra de cifras que envuelve cualquier huelga. Desde el Sindicato se informó a los medios de que habían sido 60.000 los estudiantes que recorrieron la calle Atocha hasta Sol. La Delegación del Gobierno habló de 1.600 alumnos y fuentes policiales aseguraron a este medio que “seguro” eran más e 15.000.
Casi a la vez, se informó del seguimiento de la huelga. La jornada en la que padres y alumnos habían llamado a “vaciar las aulas” se saldó, según los convocantes, con un 90% de seguimiento. Una cifra, siempre según sus datos, que subía “notablemente” en la Comunidad de Madrid, donde la huelga educativa era general: alumnos y profesores.
Unas cifras que distan mucho de las que manejó el Ministerio dirigido en funciones por Méndez de Vigo. Según este departamento, el seguimiento fue de tan sólo el 12% en el caso de los docentes y de entre un 30% y 40% para los alumnos.
LOS PADRES DAN CUATRO MESES AL GOBIERNO
La tarde madrileña estuvo reservada para familias y docentes, pese a que también asistieron estudiantes. La capital volvió a ver una gran marea verde que subía desde Cibeles hasta Sol -pasando por el Ministerio de Educación, que fue objeto de pitadas continuas-. De ella se desprendían gritos y cánticos ya conocidos como Sí, se puede, sí se pude y Puta Lomce oe, puta Lomce oe.
“Hay que poner de una vez orden en este puto caos educativo”, explicaba a este medio un grupo de profesores de un instituto de Madrid, que trabajan “con incertidumbre” desde que comenzó el curso académico en septiembre: “Un mes de trabajo y todavía no sabemos de qué se tienen que examinar nuestros chavales de segundo de Bachillerato”. “Ni los de 4º de ESO”, añade otro docente presente.
Para dotar de ese orden al sistema, el presidente del la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), José Luis Pazos, dio al futuro ministro “no en funciones” un plazo de cuatro meses.
En febrero, “habrá nueva huelga general”, si no se han derogado por completo las pruebas finales de Bachillerato. No les basta con que pierda sus efectos de reválida. En segundo lugar, también exigen que el Ejecutivo se comprometa mediante acuerdo escrito a revertir los recortes y por último, crear una subcomisión en el Congreso de los Diputados para trabajar en una nueva ley educativa que sustituya “con urgencia” a la Lomce.