“Inviable”. Es una de las palabras que más suelen aparecer cuando se habla del SDDR, y no necesariamente sobre cómo se tiene que pronunciar. Las siglas hacen referencia al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases, un tipo de iniciativa de reciclaje centrada en, a grandes rasgos, pagar más por un producto envasado y, después de consumirlo, devolver a una máquina el envase vacío a cambio del precio extra. Sobre el papel suena, de entrada, engorroso para el usuario, pero son sobre todo los comerciantes y supermercados los que han alzado la voz en su contra.
En realidad, el sistema todavía no ha tenido demasiado calado en España, pero son varias las iniciativas ecológicas -entre ellas, las capitaneadas por Greenpeace, Retorna y Podemos- que presionan por imponerla desde las instituciones. También a las máquinas necesarias para el proceso, fabricadas por una multinacional noruega que, como ya adelantó EL ESPAÑOL, financia a diferentes lobbies ecologistas. Ambas imposiciones se han encontrado con el rechazo de los empresarios, las marcas y los supermercados, que ya bloquearon su implantación en Valencia por, precisamente, ahogar a las empresas sin mejorar necesariamente el reciclaje. Ahora, cuando las ideas de legislación se ciernen a todo el país, han vuelto a la carga.
En concreto, Podemos ha estado presentando mociones e iniciativas en ayuntamientos y parlamentos regionales para implantar estas máquinas de reciclaje, fabricadas por la multinacional Tomra, y promover su modelo de ecologismo. Ha llegado incluso al Congreso de los Diputados, a través de proposiciones no de ley, y algunas han prosperado para estudiar la puesta en marcha de sistemas alternativos al reciclaje tradicional de los contenedores, siempre en contra de la visión de los comercios.
Entre estos, destaca el SDDR, cuya implantación en España costaría 13 veces más que el actual sistema de residuos municipales y una inversión inicial de 1.397,7 millones de euros, según un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La UNESCO, por su parte, va más allá, y sube el coste hasta los 1.784 millones, según un estudio de 2017.
Supermercados contra el SDDR
El SDDR prevé que los consumidores paguen en el momento de la compra una cantidad más por cada botella de agua, zumo, cerveza y refrescos en formatos de vidrio, pet (plástico), latas y tetrabrik, un sobreprecio que recuperarían al momento de devolver el envase en perfecto estado. Esto genera dos problemas: el primero, y más evidente, que el consumidor pague más por cada producto; el segundo, que los comercios tendrán que costearse sus propias máquinas de recogida de envases, que serían obligatorias según la idea de Podemos. Se trata de una especie de muro de Trump versión medioambiental. Como diciendo que sí, que eso, que encima paguen los mexicanos (o comerciantes) por él.
Imagen de un sistema SDDR de recogida y reciclaje de envases
Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), indica a EL ESPAÑOL que “siempre” se ha opuesto al sistema que quiere implantar el Gobierno. La razón, a sus ojos, es que “los costes económicos son desproporcionados para los resultados obtenidos y que provoca grandes distorsiones e ineficacias en empresas de distribución y consumidores”, explica. Pero el problema, explica, es más profundo.
“También generaría el incremento de costes para la distribución, pérdida de metros cuadrados en tienda y un posible descenso del reciclaje, ya que muchos consumidores dejarían de reciclar [...] por ejemplo la gente mayor”, explica el representante de ACES, que agrupa a más de 3.300 supermercados y franquicias a lo largo de España, además de las firmas Auchan Retail, Grupo Carrefour, Grupo Eroski, Lidl y SuperCor.
En su línea está también la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que integra a compañías de la distribución minorista. En la memoria del análisis de impacto del anteproyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados, promovido por el Ministerio de Transición Ecológica en junio de 2020, el conglomerado se pronunció “contra la inclusión del SDDR obligatorio”.
El pequeño comercio
Pero el sector, no hay que olvidar, está formado mayoritariamente por microempresas, lo que supone negocios más pequeños y menos personal. A unos, a los trabajadores, les supondría un aumento de tareas diarias traducidas en recepción, valoración, pagos y almacenaje de los envases. A los otros, a los negocios, les obligaría a disponer de más espacio -a veces limitado- para alojar los almacenes de desechos y las máquinas, que además tendrían que pagar de su bolsillo.
Es la visión que comparten también desde la Confederación Española del Comercio (CEC), que representa a pequeños y grandes comerciantes, autónomos y empresarios del comercio. Su presidente, Pedro Campo, señala a este diario que la clave de este sistema recae especialmente en el consumidor, sobre el cual recae gran parte del peso de la gestión de los residuos de envases.
“Le supone un sobrecoste en su cesta de la compra y le obliga a cambiar sus hábitos de separar, ya que obliga a tener un contenedor adicional en los hogares”, precisa. Incluso con esas, la responsabilidad sería doble, ya que también sería perjudicial para los pequeños comercios, “que tendrían que adelantar a sus cliente los depósitos entregados, disponer de un espacio en tienda debidamente aislado para garantizar la higiene y una serie de procesos que encarecerían su gestión”. Dicho de otro modo: el SDDR afectaría tanto al que compra como al que vende.
“Como alternativa”, sugiere Campo, “actualmente se está probando un sistema innovador que complementa al sistema de recogida selectiva actual, que es el Sistema de Devolución y Recompensa (SDR), que se basa en que los ciudadanos que realizan correctamente el acto de separar para reciclar se ven beneficiados por una serie de incentivos”. Es, a sus ojos, el modelo contrario al SDDR, que se centraría en “perjudicar al que lo hace mal” en lugar de premiar al que lo hace bien.
El pasado mes de octubre de 2020, Greenpeace publicó un informe en contra del sistema actual de reciclaje y a favor del SDDR. Desde entonces, Podemos y diferentes asociaciones ecologistas han estado haciéndose eco del mismo, pidiendo su instauración y actuando para imponerla. Contra ellos están los comerciantes, pequeños y grandes, que consideran demasiado ineficiente un sistema que perjudica a unos y otros y que, además, sólo admite unas máquinas de una multinacional noruega. Casualmente, las mismas que financian a los ecologistas.