La rebelión de las familias con hijos en la concertada: los 1.000 millones que tendrían que devolver

Miguel ha llevado (y llevará) a todos sus hijos a colegios concertados. Ha pagado (y pagará) regularmente las donaciones oportunas que desee. No está obligado, pero lo hace voluntariamente. Y, después, lo desgrava. “Otros padres me dijeron que lo podía hacer. No sabía que era ilegal”, comenta, sorprendido, en conversación con EL ESPAÑOL. Sin embargo, el anuncio del Gobierno, que abre la puerta a que la Agencia Tributaria revise con lupa esas cuotas que los padres abonan para la escolarización de sus hijos, le tiene preocupado. A él y a muchos otros. En total, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha cifrado en 1.000 millones la cantidad que tendrían que devolver los padres.  

La ley establece que las donaciones voluntarias son legales cuando están destinadas a becas para material, formación del profesorado o proyectos solidarios –jamás para sufragar actividades ordinarias–. En ese caso pueden ser desgravadas. El problema es, según el Ejecutivo, que muchas de esas aportaciones van disfrazadas de cuotas para conseguir deducciones fiscales. Desde Hacienda insisten en que “no existe una campaña generalizada de inspección”, pero aclaran que se “vienen realizando controles puntuales desde hace tiempo en distintos puntos del territorio”. 

En concreto, la Agencia Tributaria revisaría todos los ejercicios desde 2015, los que todavía no han prescrito. Las familias, que pueden deducirse un 75% en los primeros 150 euros y entre un 30% y 35% en resto, tendrían que pagar, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, 2.400 euros como máximo. En total, se verían afectadas las familias de los dos millones de alumnos (representan el 28% de la oferta educativa) que cursan estudios en los colegios concertados (privados y sostenidos por la Administración con fondos públicos). 

Miguel podría ser uno de los afectados. Su primera hija fue a un colegio concertado, al Inmaculada Concepción. “Yo pagué la cuota hasta los 16 años, cuando dejó la enseñanza obligatoria. Pero no me lo exigían. De hecho, mi expareja, una vez se enfadó y decidió no dar los 13 ó 14 euros que abonábamos. Y no pasó nada”, cuenta en conversación con este periódico. 

Su primera experiencia fue satisfactoria y decidió repetir. Tuvo otra hija, ahora con ocho años, y la volvió a inscribir en un colegio concertado. Paga 14’50 euros todos los meses en otro centro, el Santo Ángel. En septiembre, también irá al colegio su tercer hijo. “Entonces, serán 22 por los dos”, avanza. Nunca lo han obligado a abonarlo. “De hecho, hay mucha gente que no lo hace”, incide. 

Él lo hace porque piensa que es bueno para sus hijos, pero no para desgravarse dinero. “La cantidad no es significativa. Me enteré por otros padres que podía hacerlo y lo hice”, cuenta. “Si estuviera haciendo algo ilegal, supongo que me lo hubieran dicho en el colegio”, continúa. Sin entender por qué el Gobierno abre la puerta a sancionarlos. “Me parece injusto, van contra la educación concertada. Yo sólo pido que nos respeten por elegir este sistema. ¿Por qué este ataque ahora? Si le estamos costando menos al Estado”, sentencia. 

Su caso no es el único. De hecho, Miguel devolvería bastante menos dinero que otros muchos padres. Nuria, por ejemplo, tiene dos hijos. Los dos son mellizos, tienen siete años y acuden al mismo centro educativo. “Pago 50 euros mensuales por cada uno de ellos”, cuenta a EL ESPAÑOL. Cada mes, su colegio emite un certificado en el que sale reflejada dicha cantidad –además de clases extraescolares y otras muchas actividades–. 

Nuria también se ha indignado al enterarse de las intenciones del Gobierno. “Es que si me van a reclamar tres años… ¡Es mucho dinero! La política de izquierdas es promocionar la pública y atacar a la concertada”, sentencia. Ella, como muchos padres, paga la cuota voluntaria, pero nadie le dijo que fuese ilegal. Lo hacía y ya está. Nunca se lo cuestionó. El anuncio del Ejecutivo, sin embargo, le puede salir caro. A ella y a muchos otros.