Limitaron la competencia y pactaron precios. O, al menos, esa fue la conclusión a la que llegó la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), cuando en mayo decidió multar con casi 34 millones de euros a más de 30 editoriales y a la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele). Y por esta razón, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) ha presentado una demanda colectiva a las editoriales. Creen que sus prácticas han provocado el aumento del precio de los libros de texto.
FAPA, que engloba a 800 AMPAS y representa a unos 200.000 asociados en la Comunidad de Madrid, ha anunciado este lunes la presentación de una demanda colectiva contra las editoriales. Consideran que han sido las propias familias quienes han costeado los sobrecostes de los libros, que desde el año 2012 han aumentado un 32 % -según sus cálculos-. Este aumento les ha supuesto un desembolso de 214.000 millones de euros al año y un total de 1.300 millones desde que la CNMC ha supervisado los hechos.
"Llevamos años denunciando el proceso oneroso de estas editoriales, que nos cambian el texto de una página y eso nos obliga a tener que adquirir el libro otra vez. Estamos obligados a comprar libros de texto que no son necesarios. Nos están tomando el pelo", ha denunciado Camilo Jené, presidente de la FAPA, ante los medios de comunicación en rueda de prensa.
A la demanda, pueden adherirse los tutores de alumnos de todas las comunidades autónomas. Según estima FAPA, cada familia podría recuperar -según sus cálculos- un total de 839 euros, teniendo en cuenta los sobrecostes que les habrían afectado desde el mencionado año 2012.
"Es sorprendente comparar el coste de los libros de texto no universitarios con los de un uso normal", ha explicado. Para ejemplificar estos hechos, ha realizado una comparación entre los libros de texto escolares, cuyo coste es un 47 % superior al resto de libros físicos y un 80 % a los digitales.
Par emitir esta demanda colectiva, aprovechando la resolución de la CNMC, se amparan en el artículo 72 de la Ley de Defensa de la Competencia, que dice que cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia tiene derecho a reclamar a los infractores que le indemnicen por los daños ocasionados por dicha infracción.
Anele niega la acusación
Por su parte, Anele ha negado haber pactado el precio de los libros de texto y haber causado daño económico a las familias. En un comunicado, los editores, que fueron sancionados en mayo pasado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), aseguran que la resolución "ni es firme ni está debidamente fundada", por lo que la han recurrido.
"Desconocemos de dónde salen las cifras manejadas por la FAPA, ya que no responden a las recogidas en ningún informe oficial", según Anele quien recuerda que en España el precio de los libros de texto en la enseñanza obligatoria "es libre y es el detallista el que marca el precio final".
Anele asegura que, mientras los precios crecieron un 15% entre 2006-2012, tras haberse aprobado el Código Ético la subida ha sido del 1% entre 2012 y 2018 pese a la inflación y al desarrollo de nuevos proyectos editoriales a raíz de la Lomce, lo que supone "una eficiencia evidente".