El ADN confirma que las dos niñas de La Rioja fueron intercambiadas al nacer en 2002 por un error

El Juzgado de Familia de Logroño ha confirmado este lunes que dos bebés fueron intercambiadas en el antiguo Hospital San Millán de Logroño en 2002, una vez que se ha recibido el resultado de la prueba de ADN de uno de los progenitores, según han informado fuentes judiciales y como ha adelantado el diario La Rioja.

Las dos niñas nacieron en este desaparecido centro hospitalario de la capital riojana el mismo día, con cinco horas de diferencia; las dos necesitaron estar en la incubadora y, al parecer, al pasar al área de cunas fueron intercambiadas y entregadas a los padres equivocados.

La prueba de ADN corresponde al padre biológico de la niña que, en 2017, junto a su abuela, que la había criado, interpuso una demanda de alimentos contra el que pensaba que era su padre, aunque este afirmaba que no era su hija.

La jueza de Familia ordenó, en esa fecha, una prueba de paternidad al demandado, que confirmó que no era su padre biológico. Después, se desveló que la que creía que era la madre biológica de esta menor tampoco lo era, de acuerdo con una prueba de ADN que se le realizó no relacionada con este caso.

Esta niña, que entonces tenía 15 años, reclamó la averiguación de su identificación con arreglo al principio de veracidad biológica. La Consejería de Salud abrió una investigación y atribuyó a un error humano este intercambio de bebés, según afirmó, el pasado 7 de septiembre, su titular, Sara Alba.

El diario La Rioja informó este lunes que el pasado 14 de octubre se celebró en el Palacio de Justicia de La Rioja, a puerta cerrada, la vista por el procedimiento de filiación impulsado por esta joven para ser legalmente reconocida como hija de sus padres biológicos (la madre falleció en 2018).

También añade que la sentencia implica que en el Registro Civil, desde este lunes, la joven figura como hija de sus verdaderos padres. Esta joven reclamó a la Consejería de Salud tres millones de euros por daños morales y la administración autonómica ofrecía 215.000 euros.