Pendiente de veredicto el juicio de los expresos de Ourense acusados de matar a su compañero

OURENSE, 13 May. (EUROPA PRESS) –

Los abogados de los acusados por el crimen de un expreso de Pereiro de Aguiar al que supuestamente mataron para quedarse con más de 20.000 euros de una herencia han defendido que "no hay vestigios" para condenar a sus clientes, que se enfrentan a penas de 22 y 23 años, respectivamente.

Este viernes ha tenido lugar la última sesión del juicio por la ‘Operación Ávaro’, que ha quedado pendiente de veredicto, algo que no se conocerá hasta la próxima semana, cuando el jurado popular se reunirá el próximo miércoles para las deliberaciones una vez pasado el puente por el Día das Letras galegas.

Durante la última jornada, uno de los acusados ha reivindicado su inocencia basándose en las condiciones que la investigación atribuye al crimen. "Si yo quiero matar a alguien no lo mato en mi casa, no envío otro a la casa de mi madre a que lo haga", ha esgrimido.

Acusaciones

A los dos acusados se les acusa de asesinato; la víctima recibió "al menos cuatro golpes" con una barra de hierro que le provocaron la fractura del cráneo, todo ello para conseguir, presuntamente, el dinero de la herencia, por lo que también se les acusa de estafa. Así pues, la Fiscalía solicita penas de 22 y 23 años de prisión por estos delitos.

Ambos encausados han negado su implicación con el crimen. Uno de ellos, con antecedentes por estafa, ha reconocido las retiradas de efectivo aunque tan solo de 5.340 euros, pero ha alegado que "jamás" ha cometido "un delito de sangre".

Su letrado ha solicitado que si el jurado popular decide que sea declarado culpable se le apliquen atenuantes como el de colaboración con la justicia porque, en la propia sala de la Audiencia Provincial, la Guardia Civil reconoció que "sin su ayuda no habría encontrado el cuerpo en la vida".

Además este mismo letrado ha sostenido en su informe de conclusiones que "en el siglo XXI, con todos los medios tecnológicos y tras un registro impecable, no hay ni un solo vestigio que incrimine" a su cliente. "Ni uno, es para pensárselo", ha remarcado.

Así, ha recordado a la sala que un impacto tal como el que han descrito los forenses en sesiones previas tendría que haber provocado "una gran cantidad de restos biológicos de los que no hubo prueba".

El letrado solicita seis meses de prisión por el delito de estafa y defiende que su patrocinado es "incapaz de cometer un delito de sangre", por lo que ha apelado al jurado, "si tienen la menor duda no pueden condenar".

Otro acusado

En cuanto al otro acusado, su abogada ha compartido las mismas conclusiones, "no hay vestigios". Además, ha reiterado en varias ocasiones que los posicionamientos de los móviles de los acusados no se pueden comprobar con exactitud, solo bajo qué antenas se conectaron.

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que los acusados acabaron con la vida de la víctima para apropiarse de la herencia que había recibido. "Tenía 22.490 euros y lo mataron por ellos, para ellos era lo que valía su vida", ha zanjado la fiscal para la que los posicionamientos de los teléfonos móviles de los acusados son claros.

Ha apuntado que las señales indican que "se desplazaron" el mediodía de la fecha en la que se cometió el crimen hasta la finca donde se encontró el cuerpo, un lugar en el que la representante no encuentra otra explicación para estar "a mediodía, a pleno sol en un monte donde no hay absolutamente nada", que la de deshacerse del cadáver.

Sobre las retiradas del dinero, para la fiscal los acusados "tenían un plan para quedarse con el dinero", porque la víctima era una persona que "no gastaba nada", ya que esperaba ahorrar para jubilarse y vivir con su hermano. "Prefería estar en una habitación en una granja deplorable que pagarse una pensión", ha recordado manifestando palabras de uno de los testigos de vistas anteriores.

Para la Fiscalía, "ambos son coautores y responsables de los dos delitos" porque los actos fueron cometidos por los dos que "trazaron cortadas y se apropiaron del dinero".

Además, no considera válidos los atenuantes pedidos por una de las defensas porque, aunque el acusado reconoció la estafa, "lo hizo ya con las pruebas" y aunque llevó hasta la finca donde se encontraba el cadáver "no hubo confesión, ni se inculpó ni señaló a quién lo hizo".

Última palabra

Uno de los acusados no ha hecho uso de su derecho a la última palabra, pero el otro sí. Ha sido el propietario de la granja en la que la víctima dormía y trabajaba y donde la Guardia Civil sospecha que se cometió el crimen.

"Si yo mato a alguien no lo mato en mi casa", ha dicho el acusado, para, a continuación, apostillar que "tampoco mandaría a otra persona a casa de mi madre para que lo haga", en referencia a un incidente anterior en el que el otro acusado agredió con una barra de hierro a la víctima.

"Si lo mato en la granja no lo llevo a 20 kilómetros de mi casa y lo entierro en una finca de mi familia que me inculpa", ha manifestado recordando que el fallecido estaba en la cárcel por haber matado a su mujer y a sus dos hijos y "nadie lo quería llevar para su casa". "El único que lo ayudo fui yo, le di una habitación y dinero", ha reclamado.