Bruselas reabre el expediente a España por la prórroga de la concesión de la AP-9 en Galicia

• Bruselas expedienta a España por la extensión de la concesión de la AP-9 en Galicia

Tirón de orejas al Gobierno de España (y por segunda vez) por parte de la Comisión Europea (CE) en relación a la prórroga de la concesión de la AP-9. Desde Bruselas se ha anunciado este miércoles la apertura de sendos expedientes de infracción por incumplimiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública y de la normativa sobre la concesión de autopistas.

En este segundo punto, la Comisión envía una segunda carta de emplazamiento en respuesta a la denuncia realizada por la agrupación ciudadana En-Colectivo. Los Estados miembro debían incorporar a su legislación nacional las normas que regulan los contratos públicos y los contratos de concesión antes del 18 de abril de 2016, con el objetivo de abrir los mercados públicos a una competencia auténtica entre empresas de toda la EU para garantizar una mejor relación calidad-precio en las licitaciones públicas. Dicho plazo fue incumplido por España, Bulgaria y Rumanía.

Así, la CE señala que la legislación española no respeta, en particular, el ámbito de aplicación de la directiva en lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores, contratos y modificaciones que deben cubrirse. Por otro lado, España afronta también un segundo expediente de infracción por prorrogar la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE, como es el caso de la AP-9 en Galicia.

Según recoge Europa Press, el Gobierno dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Cada día más cerca del fin del cobro de los peajes"

La asociación En-Colectivo se ha hecho eco de la decisión de la Comisión Europea, motivada por la denuncia que presentaron el 9 de julio de 2019. En ella se indicaba que los Reales Decretos 1809/1994 y 173/2000, que conceden sendas prórrogas a Audasa para la explotación de la autopista hasta el 2023 y el 2048, respectivamente, incumplían diferentes Directivas de la Unión Europea.

Desde la Asociación se solicitó a la Comisión Europea que estudiase la legalidad de ambos reales decretos para determinar si se adaptan al derecho comunitario y que, en caso de incumplimiento, se instase al Gobierno de España a dar solución a esta situación y lograr finalmente la anulación de las prórrogas y la supresión de los peajes en la AP-9.

De este modo, en septiembre de 2021 se envió al Gobierno de España una carta de emplazamiento desde Bruselas por considerar que al modificar y prorrogar el contrato de concesión de la autopista AP-9, sin publicar un anuncio de licitación y sin que haya tenido lugar procedimiento alguno de adjudicación del contrato así modificado, se había infringido la normativa europea.

El presidente de En Colectivo, Diego Maraña, ha valorado la apertura de este nuevo procedimiento que viene a demostrar, subraya, que "conforme pasa el tiempo, la situación de esta concesión está más en entredicho".

"Se trata de un gran avance en este asunto y supone una gran noticia para todos los gallegos", ha recalcado, "Con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades autónomas".