La pandemia del Covid-19 trajo con ella algunos cambios en la sociedad actual, entre ellos, la flexibilidad laboral con el teletrabajo, una opción que han implementado, en parte de la jornada laboral o en su totalidad, muchas empresas del país.

La medida se introdujo también en ayuntamientos de Galicia. Algunos de ellos, incluso, permiten desde la emergencia sanitaria la participación a distancia en los plenos. En el caso del Consistorio ourensano se aprobó una ordenanza en el 2021 para permitir el teletrabajo, sin embargo, el regidor local, Gonzalo Pérez Jácome, decidió suspenderla recientemente y tal y como lo anunció él mismo a través de sus perfiles públicos: "Se anulará de forma inminente y modificará posteriormente en pleno", anunció la semana pasada.

Jácome fundamentó lo anterior en las "necesidades imperiosas" de reorganización por el nuevo mandato 2023/2027, "donde se requiere presencia física constante los primeros meses y, al mismo tiempo, urge solucionar el retardo de expedientes". Además, se mostró crítico con la forma de actuar de algunos de los trabajadores públicos: "Por desgracia, muchos han confundido derechos con privilegios, como la la gran mayoría que, de los 5 días laborables de la semana, solicitaron teletrabajo todos los lunes y viernes, para tener así ‘Súper-Fines de Semana’ durante todo el año".

Por último, el regidor ourensano esgrimió que "la tendencia" en organismos públicos gallegos y empresas "punteras" de Estados Unidos es "reducir el trabajo en remoto". Además, reconoció como "su mayor error" la implantación de esta ordenanza, pero, añadió, "nunca es tarde para rectificar".

Actualmente los trabajadores que se acogieron a dicha modalidad de trabajo están en plazo para presentar alegaciones.

La postura de Jácome llegó a algún portal de noticias internacional, como Ruetir.

Los sindicatos no aceptan la suspensión

Manuel Pérez, responsable de Comisiones Obreras en el Concello de Ourense, fue uno de los asistentes a la mesa de negociación celebrada este jueves en el Consistorio. En este sentido, aseguró que la posición de los representantes sindicales es contraria a una suspensión de la medida del teletrabajo: "Eso no lo aceptamos, porque es un derecho que vino para quedarse, no un privilegio", manifestó.

Sin embargo, Pérez garantizó que la postura del Gobierno pasa, en todo caso, por "modificar" el punto cuatro de la ordenanza, algo para lo que sí tendría, inicialmente, el visto bueno de los sindicatos. El objetivo será determinar qué servicios y qué personal podrá adherirse a esta modalidad, ya que en algunas cuestiones se considera necesaria la presencialidad de los trabajadores.

Habrá una nueva reunión el próximo martes para abordar esta cuestión.