Desde que Amazon se instaló en O Porriño (Pontevedra) en 2019 han sido varias las denuncias planteadas por el sector del transporte de UGT Vigo, sindicato que ha defendido que la empresa "incumple de forma manifiesta la legislación laboral vigente en nuestro país".

La multinacional del envío a domicilio había creado este novedoso sistema por el cual ofrecía a los particulares la posibilidad de aumentar sus ingresos mediante el reparto de sus paquetes empleando sus vehículos particulares. Desde UGT denunciaron que esa idea no se ajustaba a la legalidad y que la relación entre estas personas y Amazon era "una clara relación laboral".

A raíz de la denuncia de UGT Vigo, la empresa paralizó el sistema Amazon Flex y ahora la Inspección de Trabajo de Vigo resuelve que esos "particulares" eran efectivamente trabajadores y, por consecuencia, Amazon debe abonar las cotizaciones de los mismos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Un total de 80 afectados y 32 entrevistados concluyen, según las diligencias realizadas por la inspección de trabajo, que no hay duda en que "la relación era laboral y no mercantil". A día de hoy ya se ha ordenado desde el organismo de inspección que se curse el alta retroactiva de los trabajadores en el régimen general de la seguridad social.