En este mes de octubre se suceden los eventos en el mundo startup por toda España: encuentros de la comunidad startup, del sector TIC, aceleradoras o asociaciones de empresarios. Se trata de una ocasión única para que startups e inversores se conozcan y puedan valorarse mutuamente como candidatos.

Cuando se trata de buscar inversor, las startups saben que deben vender un equipo sólido, un proyecto atractivo con mercado y escalable. A su vez los inversores hacen pedagogía a menudo sobre los riesgos que valoran para decidirse a invertir, que van de la mano de la viabilidad y éxito posibles.

 Y sin embargo, cuando se trata de atraer inversión desde la startup existe una métrica determinante que en ocasiones se olvida: el cumplimiento normativo.

La startup como cualquier otra empresa ha de cumplir muchas y muy variadas obligaciones legales bajo riesgo de sanciones, pleitos y consecuencias económicas graves. En fases iniciales, el foco en desarrollo de producto y de negocio puede llevar a olvidar el cumplimiento normativo, no obstante cumplir con los requisitos legales es clave para atraer inversión.

El control de riesgos derivados de incumplimientos legales es un parámetro fijo en una ronda de inversión. Los requisitos legales de la startup se analizan en todas la rondas de financiación, durante la fase de Due Diligence. Una vez se han pactado las condiciones principales de la inversión, la startup debe pasar por este proceso, cuyo resultado puede condicionar la valoración, el importe de la inversión, o incluso determinar que ésta se frustre.

Digamos que la Due Diligence es a la inversión en la startup el equivalente al examen médico del futbolista fichaje estrella: si durante la misma el inversor descubre que la empresa no está legalmente sana, puede acabar decidiendo no invertir.

Aunque la Due Diligence examina también la salud financiera de la startup, gran parte de su contenido tiene carácter legal: se analiza la legalidad o cumplimiento normativo de la empresa en diferentes ámbitos para asegurar que los riesgos legales están neutralizados.

El incumplimiento normativo supone riesgo de sanciones de la Administraciones Públicas y también de posibles conflictos con los demás operadores, que pueden comprometer a la empresa. Por eso para captar inversión debemos asegurar que estos riesgos están bajo control, y que las obligaciones legales y de documentación están cubiertas.

Los requisitos legales concretos dependerán del sector de actividad de la startup, su tamaño y otros factores. Además, el cumplimiento normativo se analiza en consideración de muchos factores internos de la compañía: la Due Diligence es multidisciplinar y todos los ámbitos se analizan de forma interconectada.

Aunque cada startup sea diferente, hay unos requisitos legales básicos y comunes que toda startup debe tener a punto a la hora de buscar inversión:

Fiscal

Aunque parezca obvio, la startup debe estar al día de sus obligaciones tributarias y tener un control de los posibles riesgos, como por ejemplo la posibilidad de que se derive una Inspección.

Para asegurar que todo está en orden, lo recomendable es contar con asesoramiento fiscal desde que se inicia la actividad.

Mercantil

En este apartado se examina el andamiaje legal de la empresa. Para ello se analizan la escritura de constitución y sus datos registrales, y los estatutos sociales para comprobar que aspectos como el capital social, el domicilio y objeto de la empresa o el régimen de gestión y administración de la misma son correctos.

Si hay pacto de socios, habrá que estudiar su contenido, su coherencia con los estatutos sociales, las obligaciones y derechos que se derivan para los socios o si prevé la posibilidad de aprobar un plan de Phantom Shares o Stock Options.

También se comprueba que los libros mercantiles estén legalizados o que las Actas de las Juntas Generales reflejen los acuerdos necesarios. Se analizan también los principales contratos mercantiles con colaboradores, clientes y proveedores, así como los apoderamientos.

En caso de no haber contado con asesoramiento legal en la fase de constitución, es recomendable realizar una revisión con abogados especialistas en startups antes de cerrar un acuerdo de inversión, para asegurarnos de que todo está correcto.

Laboral

El ámbito laboral es fuente habitual de conflictos y por eso se analiza detalladamente el cumplimiento normativo de los contratos de trabajo, su encuadramiento y ajuste al convenio colectivo de aplicación. Antes de materializar la inversión, se revisa en detalle si las categorías profesionales y remuneración de los trabajadores son las correctas.

En caso de teletrabajo se examina si existen y están correctamente comunicados los acuerdos de teletrabajo, o el protocolo de uso de medios informáticos. Se analiza -en función del tamaño de la empresa- la obligatoriedad del Plan de Igualdad y registro retributivo, o la implantación del canal de denuncias.

También se analiza si existe representación de los trabajadores, o si debiera haberla.

Propiedad intelectual e industrial

En este ámbito se valora si los activos intangibles de la empresa están oportunamente protegidos. Se trata de un área principal cuando hablamos de una startup de producto.

Para comprobar si existe una protección adecuada, se comprueba si se han registrado las marcas y la titularidad de los dominios, así como las patentes y la protección de secretos industriales o know-how.

En caso de software se analizan los contratos de desarrollo con empresas externas y las licencias de las integraciones. En el caso de páginas web se revisa la regulación de los derechos de autor relacionados con la creación de la web.

Se analizan las cláusulas de propiedad intelectual e industrial en contratos. Por ejemplo en proyectos compartidos o en concurrencia, y también las cláusulas de confidencialidad y mecanismos de penalización en caso de incumplimiento. 

Protección de datos

El cumplimiento normativo en esta área consiste en la implantación del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).

Se comprueba la implantación del mismo, la existencia de un Registro de Actividades de Tratamiento, de contratos y cláusulas con proveedores, colaboradores y trabajadores. Se valora la necesidad de contar con un Delegado de Protección de datos.

En empresas de software la auditoría de protección de datos puede extenderse al producto, que debe haberse desarrollado bajo el principio de privacidad desde el diseño que impone el RGPD.

Procedimientos judiciales

Por último, se hace un estudio de los procedimientos judiciales actuales o potenciales (reclamaciones sin resolver con clientes, trabajadores, Inspección de Trabajo o de la AEAT, entre otros).

Además de esta legalidad básica, dependiendo del tamaño y actividad de la empresa pueden analizarse otros requisitos legales por el inversor, que serán determinantes para una ronda de financiación. Por ello es aconsejable que antes de buscar inversores hagamos un chequeo previo de cumplimiento normativo que nos permita tener controlados y cuantificados los riesgos legales, y evitar con ellos sorpresas.