El Concello de Vigo pide a la Xunta que ponga en marcha el Área Metropolitana

El Grupo Socialista aprobó en el Pleno de este miércoles la moción en la que solicita a la Xunta de Galicia derogar el artículo de la Ley del área Metropolitana de Vigo que condiciona su constitución a la integración en un Plan de Transporte Metropolitano de Galicia "que no existe", según manifestó el portavoz, Carlos López Font. Además del voto favorable del PSOE vigués, el grupo Mixto y el concejal no adscrito se abstuvieron y el PP votó en contra.

Font replica que así lo dicen la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo que señala que "es fundamental subrayar que el Plan de Transporte Metropolitano de Galicia no existe, ni como disposición administrativa ni como acto administrativo general".

Para los socialistas a decisión está en manos del gobierno de Alfonso Rueda ya que "es una decisión política" y defienden "que favorece a 500.000 personas del área Metropolitana de Vigo". Critican también que "no defenderla es atacar el desarrollo económico de la cuarta parte de Galicia".

"PP y PSOE dinamitan el Área Metropolitana por intereses partidistas"

El Bloque Nacionalista Galego acusa a PSOE y PP de dinamitar el área Metropolitana de Vigo por intereses partidistas. El BNG ha reclamado en el Pleno municipal que el Gobierno local y la Xunta de Galicia acuerden las actuaciones necesarias para dotar de eficacia este organismo así como una fórmula para incorporar a la ciudad en la red de transporte de su propio área.

"Es el mayor ejemplo de ese permanente lío en el que PSOE y PP secuestran la ciudad únicamente en favor de sus particulares intereses electorales", denunció durante la sesión plenaria el concejal del BNG en Vigo, Xabier P. Iglesias. El concejal no adscrito censuró que la única preocupación de ambas fuerzas políticas sobre esta cuestión sea quién encabeza el organismo.

El edil nacionalista defendió que el área Metropolitana tiene ser "una realidad útil, con competencias claras y con un calendario de transferencias por parte del Gobierno español, de la Xunta y de la Diputación de Pontevedra".