Los sindicatos reclaman más agentes de seguridad para la Ciudad de la Justicia de Vigo

Sindicatos policiales y representantes de la UGT del sector de la seguridad han alzado la voz contra el recorte de personal de vigilancia de las nuevas instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Vigo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pronunció ayer sobre el asunto en su visita a la guardería ubicada en dichas instalaciones, aclarando que se trataba de "una reorganización y nada más" al unificar todas las sedes judiciales en un único edificio.

Rueda indicaba este martes que desde la Xunta son "los primeros interesados en mantener la seguridad del gran edificio judicial" y transmitió "absoluta tranquilidad" a la población. Con todo, tanto FeSMC-UGT como la Confederación Española de Policía (CEP) mantienen su negativa a esta nueva situación en el servicio de vigilancia.

José Javier Martínez, secretario de Comunicación de CEP Galicia, considera que "los efectivos de seguridad a día de hoy ya eran insuficientes" y que los nuevos cambios dejan "tanto a los policías nacionales como a los vigilantes de seguridad que trabajan en el complejo judicial al pie de los caballos".

Comparte esta postura Agustín Vigo, secretario regional de Galicia de la CEP, quien tacha de "inaceptable" e "irracional" la situación. "Nos encontramos en nivel 4 antiterrorista, en un momento que las agresiones y delitos graves suben, y donde los servicios de seguridad son un objetivo prioritario de los violentos, y ¿ahora pretenden dejar desprotegida la casa donde se hace justicia?", subraya.

Así, el sindicato policial no duda en pedir el "cese inmediato del autor de semejante brillante idea". Desde la UGT también censuran la decisión, que tildan como "la constatación del interés manifestado por la Consellería de Xustiza de proporcionar los medios mínimos e imprescindibles de seguridad a la Ciudad de la Justicia de Vigo".

La organización sindical pide a los responsables de la Consellería "recapacitar" la situación para cumplir con la "sensación de protección frente a riesgos y amenazas que la sociedad reclama y solicita a las administraciones públicas".