Piden cárcel para un secretario judicial por apropiarse de dinero del juzgado de Vigo

Un letrado de la administración de justicia será juzgado el próximo jueves en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra -con sede en Vigo- por, supuestamente, apropiarse de dinero de la cuenta del juzgado de Vigo en donde trabajaba.

Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021 cuando, "abusando de su cargo y de sus funciones", -según recoge Europa Press en base al escrito del Ministerio Público- dicho funcionario -antes denominado secretario judicial- en colaboración con otras tres personas y para llevar a cabo un "plan preconcebido", expidió de forma irregular "y sin amparo ni causa legal ni justificación alguna", diferentes mandamientos de devolución desde la cuenta bancaria del juzgado y en favor de esos tres individuos, también acusados y considerados por la Fiscalía cooperadores necesarios del delito.

Concretamente, en el mencionado escrito figura que dichos mandamientos sumaron para uno de los acusados 33.240 euros, para el segundo, 135.000 y, para un tercero, 32.000 euros. Además, se expidieron mandamientos en favor de la hermana de uno de los acusados -en este caso por valor de 32.000 euros- y de personas del entorno de los procesados, por más de 10.700 euros.

En total, la Fiscalía estima que este LAJ -Letrado de la Administración de Justicia- se apropió de casi 241.000 euros, y lo considera autor de un delito continuado de apropiación indebida en su modalidad agravada, en sus modalidades de administración desleal y apropiación de los artículos 253.1 y 252.1 2 del Código Penal. Por contra, los otros tres acusados serían autores, en concepto de cooperadores necesarios, de un delito continuado básico de apropiación indebida.

Para el LAJ, el Ministerio Público reclama cuatro años de cárcel, multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación; mientras que para cada uno de los otros tres acusados reclama la pena de 2 años y 9 meses de prisión.

Por otro lado, la Fiscalía estima que, para el secretario judicial debe aplicarse la circunstancia agravante de abuso de funciones públicas, y también varias circunstancias atenuantes: la de drogadicción -en el momento de los hechos padecía un trastorno por adicción que afectaba levemente a sus capacidades-, confesión -reconoció los hechos- y reparación del daño -devolvió ya 170.000 euros-.