El comité de Vitrasa, concesionaria del bus urbano de Vigo, ha anunciado que estudiará la última propuesta trasladada por la empresa en relación a la actualización salarial.

Durante la reunión mantenida el pasado martes, para negociar el nuevo convenio, la empresa puso de manifiesto que no ofrecerá a sus trabajadores una actualización de sueldos de los años 2021, 2022 y 2023. Desde el comité apuntan que esto supone una pérdida de poder adquisitivo de más de un 14% para la plantilla de trabajadores.

Desde los representantes de los trabajadores reclamaron que Vitrasa realizó una oferta para los años sucesivos, 2024, 2025, 2026 y 2027 que en teoría supera la previsión de los IPC´s futuros pero sin ninguna cláusula que permitiera su revisión en caso de superarse esas previsiones.

Además, el comité recordó que Vitrasa se ha beneficiado de 18 millones de euros otorgados por el Ayuntamiento en compensaciones por la pandemia de Covid y en concepto de reequilibrio económico de la concesión, y pese a ello no ofrece actualización de sueldos para los años 2021 al 2023.

Por otra parte, han advertido de que las mejoras en el ámbito social "son prácticamente inexistentes" y, en algunos casos, "empeoran las condiciones actuales", por lo que el comité ha rechazado inicialmente la propuesta. Sin embargo, desde el comité ven "un pequeño avance" y realizarán una "revisión a fondo" de la propuesta y se enviarán una respuesta a la empresa.

El PP insta a Cabllero a actuar

El Partido Popular de Vigo ha mostrado su "preocupación" por las diferencias existentes
en la negociación, ya que la ciudad "no puede permitirse volver a sufrir en sus calles" un mal funcionamiento del autobús urbano. La formación ha recordado que los vigueses ya han padecido este año una huelga de más de cien días, además de múltiples paros parciales.

Así, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vigo, Miguel Martín, ha instado al
alcalde de Vigo a "ejercer de una vez por todas sus competencias como titular del servicio". En este sentido, el concejal popular ha remarcado que el Gobierno local "no solo tiene la obligación de pagar sino también la de exigir a cambio a la concesionaria para un correcto funcionamiento del autobús urbano, acorde con las necesidades de la ciudad".