¿Cuál fue el papel de Arabia Saudí en el 11-S? Miles de familias buscan respuesta 23 años después

El grupo 9/11 Justice, creado en 2022 en representación de las familias de las víctimas, y que ha presionado a Washington para que desclasifique los documentos de la investigación del atentado que todavía no han sido publicados, escribió cartas tanto a Donald Trump como a Kamala Harris invitándoles a reunirse con ellos en la Zona Cero —monumento conmemorativo en Nueva York para las víctimas— con motivo del aniversario, que cae un día antes de que ambos candidatos se enfrenten en el debate presidencial. 

La implicación del gobierno saudí en los atentados de Al Qaeda, después de dos décadas, aún no se ha definido del todo; en especial porque, de los 19 terroristas de Al Qaeda implicados, 15 eran de nacionalidad saudí. Poco después del atentado, el embajador saudí en Estados Unidos durante 22 años, el príncipe Bandar bin Sultan, y su esposa fueron deportados, tras comprobarse que habían suministrado dinero al cónyuge de un estudiante saudí sospechoso de estar en contacto con dos de los secuestradores que vivían en California, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar. 

Posteriormente al atentado, en diciembre de 2002, un comité conjunto del Senado y la Cámara de Representantes publicó sus conclusiones sobre el 11-S, que incluían pruebas sobre posibles vínculos entre Arabia Saudí y 15 saudíes implicados en los atentados del Pentágono y las Torres Gemelas. Por razones de seguridad nacional, las ‘28 páginas’ en las que se detalla información sensible acerca de la evidencia de que los secuestradores estuvieron en contacto y recibieron apoyo de personas probablemente relacionadas con el gobierno saudí, no se publicaron hasta 2016. 

De hecho, el documento en realidad contiene 29 páginas de material, además de una carta del entonces director de la CIA, George Tenet. La carta afirmaba que algunos de los secuestradores estaban "en contacto con personas que podrían estar relacionadas con el Gobierno saudí y recibieron apoyo o ayuda de ellas". Además de añadir en el documento que podría haber "posibles vínculos del Gobierno saudí con terroristas y grupos terroristas". 

El documento de 28 páginas reveló que Abu Zubaydah (un terrorista de Al Qaeda de alto rango capturado durante la invasión de Afganistán) tenía en su agenda telefónica "números de teléfono privados no listados de la residencia privada del embajador saudí en Estados Unidos, el príncipe Bandar, en Colorado, y de su guardaespaldas en Washington", según informó el Wilson Center.

Después de su publicación, en 2016 el entonces embajador saudí, Abdullah al-Saud, dijo que la CIA, el FBI y otras agencias pertinentes investigaron su contenido y confirmaron que ni Arabia Saudí, ni ningún alto cargo, ni ninguna persona que actuara en nombre de Riad brindó apoyo alguno a los atentados. 

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Su declaración hizo referencia a la Comisión del 11-S, que en 2004 no encontró pruebas de que Riad "estuviera implicada como institución ni de que ninguno de sus altos funcionarios financiara individualmente a Al Qaeda", según el Wilson Center, razón por la cual el gobierno saudí nunca se opuso a la publicación de las ‘28 páginas’.

Sin embargo, un funcionario saudí, Fahad al-Thumairy, empleado del Ministerio de Asuntos Islámicos e imán de una mezquita construida por Arabia Saudí en Los Ángeles, siguió siendo una persona de interés, después de que el FBI no pudiera verificar que hubiera proporcionado ayuda alguna a dos secuestradores cuando fue entrevistado en Arabia Saudí tras abandonar Estados Unidos. 

En 2015 los senadores estadounidenses John Cornyn y Chuck Schumer presentaron una ley bipartidista conocida como Justice Against Sponsors of Terrorism of Act, que permite a los individuos responsabilizar ante los tribunales estadounidenses a gobiernos extranjeros por apoyar atentados terroristas en suelo estadounidense, la cual fue aprobada en 2016. Curiosamente en ocho años como presidente, esta es la única ley vetada por Barack Obama.

En 2017, tras la adopción de la Resolución 610, el Senado instó a que se divulgara toda la información posible sobre los atentados del 11-S. Ese mismo año, varias familias de víctimas demandaron a Arabia Saudí pidiendo hasta un billón de dólares de indemnización, contando con el apoyo de demócratas y republicanos en el Congreso. 

Tanto Trump como el presidente Joe Biden han impulsado un acuerdo de seguridad que normalizaría las relaciones entre Israel, Marruecos, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Sudán, a través de los Acuerdos de Abraham firmados en 2020.

Esto permitiría entre Riad y Jerusalén —aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo— una cooperación nuclear civil y garantías de defensa para contrarrestar a Irán. Sin embargo, la relación diplomática entre el reino de Arabia e Israel quedó suspendida debido al atentado del 7 de octubre. Los dirigentes saudíes han establecido como condición previa a cualquier acuerdo la aceptación por Israel de la solución de dos Estados en Palestina.

Relaciones diplomáticas

Más recientemente, en junio, un vídeo difundido por primera vez por CBS News de Omar al-Bayoumi y otra evidencia —aún clasificada— de su apartamento en Londres, obtenida por el gobierno estadounidense a través de la policía metropolitana, vincula de nuevo a Riad con los atentados. Según el FBI, al-Bayoumi era un agente de inteligencia saudí que presuntamente ayudó a los secuestradores en California en una misión de reconocimiento en 1999.

El vídeo muestra sus tomas de monumentos y edificios de Washington, enfocando entradas, salidas y controles de seguridad en el capitolio de Estados Unidos, el monumento a Washington y otros lugares. La publicación de las imágenes llevó a 9/11 Justice a indicar que "la atención debe seguir centrada en la complicidad del gobierno saudí en estos actos atroces. Por fin ha llegado el momento de que Arabia Saudí rinda cuentas".

El grupo indica que dos décadas después, el gobierno estadounidense sigue "encubriendo literalmente información relacionada con la implicación saudí" en los atentados terroristas. Consecuentemente compromete la capacidad del gobierno para "disuadir de futuros actos de terrorismo y hacer rendir cuentas a los responsables", privando en última instancia a las familias víctimas de pruebas útiles en su demanda contra Arabia Saudí. 

El director del FBI, Christopher Wray, en agosto de 2022, explicó que le preocupa que Al Qaeda "se reconstituya" y que el Estado Islámico se aproveche del "deterioro del estado de seguridad, y que los terroristas se inspiren en lo que ven allí", incrementando las inquietudes de posibles ataques en suelo estadounidense.