El Gobierno valenciano revisará el modelo de gestión de menores de la etapa de Mónica Oltra. Así lo ha asegurado este miércoles la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, que ha anunciado una auditoria y un protocolo común para garantizar entornos seguros. 

"Los menores tutelados requieren un lugar seguro donde vivir sin violencia, sin agresiones y no vamos a tolerar que nuestros menores sufran la dejadez y la desidia del anterior Consell", ha subrayado Camarero, quien ha expresado su "preocupación" por la gestión del gobierno anterior, del PSPV y Compromís. 

Por ello, según ha relatado durante su comparecencia parlamentaria, ha recogido el guante del Síndic de Greuges, que alertó en un informe de las carencias del sistema, y se ha comprometido a elaborar un protocolo de detección, valoración e intervención para la atención de menores en situaciones vulnerables, protocolo inexistente hasta la fecha.   

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Asimismo, ha prometido mejorar las infraestructuras de estos centros, aumentar las plazas y poner en marcha un itinerario de formación para más de 250 profesionales del sistema. 

Por otra parte, ha anunciado una actualización del Pacto valenciano contra la violencia de género y nuevas leyes de vivienda, familia, cooperación y tercer sector. También, ha asegurado que la Conselleria se personará de oficio en los casos de delitos de odio. 

La vicepresidenta, que ha iniciado su intervención con un "recuerdo especial" a las mujeres asesinadas por la violencia de género, ha afirmado que cree en la igualdad "sin banderas, sin exclusiones". 

"Las pancartas no salvan vidas, la unidad sí", ha destacado Camarero, quien ha asegurado que su partido "no se ha movido" de la lucha contra la violencia de género y ha acusado a la oposición de buscar el "rédito político y electoral".

En relación con la gestión del sistema de dependencia, la consellera ha explicado que ha sido necesario realizar una ampliación del crédito de 39,5 millones de euros para permitir que "11.451 personas que habían sido reconocidas como dependientes pudieran cobrar sus prestaciones". 

Lo mismo ocurrió, según ha señalado, con la Renta Valenciana de Inclusión, que ha requerido también de una ampliación de crédito de 36,4 millones de euros para beneficiar a más de 23.700 personas.

En materia de vivienda, ha señalado que se va a impulsar la construcción de 10.000 viviendas, la regeneración del parque público, la recuperación de más de 1.600 viviendas ocupadas que son propiedad de la Generalitat y una nueva ley de Vivienda.

La oposición le ha instado a no "esconder" la violencia machista y no "blanquear" a sus socios de gobierno y ha pedido que no se vuelva al "" en los servicios sociales ni se hagan recortes en esta área.

Alivio fiscal

Por su parte, la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha fijado como una de sus prioridades impulsar medidas de alivio fiscal. El objetivo, según ha destacado, es que la Comunidad Valenciana deje de ser "una de las regiones con mayor carga impositiva" para pasar a ser una de las regiones "fiscalmente más atractivas".

Ruth Merino durante su intervención en el pleno de Les Corts. EE

Al respecto, ha puesto en valor la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones aprobada el pasado 28 de mayo. "Esto es solo el principio de un camino que acabamos de empezar a recorrer, en el que, progresivamente y de forma responsable, se irá dando cumplimiento a los compromisos de este gobierno y que redundarán en un alivio fiscal para todos", ha explicado Merino.

Sobre el Presupuesto de la Generalitat para 2024 en el que ya trabaja su departamento, ha afirmado que corregirá las deficiencias presupuestarias, adoptando medidas "correctivas y efectivas" desde la "responsabilidad fiscal", pero "siempre con el objetivo prioritario de asegurar los derechos de los ciudadanos y garantizar unos servicios públicos de calidad".

"Serán unos presupuestos reales, y no ficticios. Unos presupuestos basados en el rigor y la responsabilidad", ha insitido la consellera, quien ha abogado por un "uso exquisito" de los recursos públicos y por la eliminación de duplicidades y "gastos superfluos". 

Respecto al sistema de financiación, ha explicado su modelo: "Una financiación autonómica justa y la compensación de una deuda generada en buena parte como consecuencia de años de infrafinanciación".