Así consta en el informe definitivo de la investigación abierta a partir de una denuncia anónima que alertaba de las supuestas irregularidades. El documento, consultado por EL ESPAÑOL, rechaza las alegaciones presentadas e insta al actual presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, a exigir "responsabilidades entre su personal".

Antifraude ha concluido que "se ha estado utilizando el contrato menor para satisfacer una necesidad recurrente, periódica y previsible y no una necesidad puntual y esporádica tal y como se deduce del artículo 118 LCSP".

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De los contratos analizados desde el año 2018, tres años después de la primera legislatura de Puig como presidente, se ha podido comprobar que "las necesidades que se pretenden satisfacer con cada uno de los ellos son las mismas todos los años, lo que implica que se han eludido las normas en materia de contratación".

"Produciéndose un fraccionamiento fraudulento de los contratos en el que se ha eludido el procedimiento de adjudicación oportuno, sin realizarse con la debida publicidad y concurrencia", destaca el documento.

Según Antifraude, "adicionalmente, se han eludido los mecanismos de control previos en materia de fiscalización, ya que no han sido sometidos a fiscalización previa al tramitarse como contratos menores".

El pasado mes de febrero, Ximo Puig fue designado embajador de España en la OCDE y en la actualidad reside entre París y la Comunitat Valenciana.

Durante la investigación, Antifraude pidió a Presidencia los 20 expedientes objeto de la alerta, que fueron remitidos en diciembre del año pasado, ya con Mazón en el Palau.

Los expedientes, entre abril de 2018 y septiembre de 2022, oscilaban entre 14.875 euros y 150,62 euros (sin IVA) y tenían como concepto reuniones de trabajo del entonces presidente Puig.

Por su parte, los expedientes de contratos de suministro de menaje para el comedor del Palau se adjudicaron durante tres años consecutivos (2020-2023) a la misma empresa por cantidades anuales que oscilaron entre 5.186 y 7.024 euros.

Todos tenían el mismo objeto, según la investigación: 'Suministro de varios artículos de menaje destinados al comedor del Palau, para comidas de trabajo y reuniones de Presidencia de la Generalitat'.

Advertencias

De los contratos analizados, continúa Antifraude, "se evidencia que el órgano de contratación está actuando contrario a derecho, al adjudicar estos contratos año tras año infringiendo el límite temporal de un año (artículo 29.8 LCSP) e incluso formalizando varios de ellos en un mismo período, infringiendo así también el límite cuantitativo de los 15.000 euros (artículo 118.1LCSP)".

"Esta circunstancia era conocida y no se corrigió por parte del órgano de contratación", confirma Antifraude.

Al parecer, la "Intervención Delegada dejó constancia expresa en sus informes que el hecho de suscribir cada año contratos menores con el mismo objeto, independientemente de que el importe de adjudicación sea inferior al límite del artículo 118.1 LCSP".

Además, "no constan otros presupuestos ni estudios previos de mercado, ni justificación de la inexistencia de los mismos, ni tampoco se ha motivado la no presentación de los mismos".

Esta circunstancia también conocida y no se corrigió por parte del órgano de contratación, ya que la Intervención Delegada volvió a dejar "constancia expresa, recomendando motivar y justificar adecuadamente mediante la presentación de 3 presupuestos o justificar la no presentación de los mismos.

Según la investigación, se ha infringido "tanto el límite cuantitativo y temporal".

En este sentido, destaca que "se aprecia una falta de planificación presupuestaria del gasto público, pues se consideran líneas abiertas de crédito con distintos proveedores que suponen un compromiso de gasto ante necesidades continuadas y recurrentes que tienen un procedimiento legalmente establecido en el sistema de contratación pública".

Responsabilidades

Por ello, insta a Presidencia de la Generalitat "a iniciar el procedimiento de revisión de oficio regulado en el artículo 106 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los contratos menores investigados de servicios de restauración y de suministro de menaje por fraccionamiento indebido, realizados durante los períodos 2018 a 2023, al haberse incurrido en causa de nulidad de pleno derecho".

Carlos Mazón a Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat, tras el pleno de su toma de posesión. EFE / BIEL ALIÑO

Asimismo, considera que "se deberá acreditar el coste efectivo de mercado de los servicios y suministros prestados de los actos incursos en causa de nulidad de pleno derecho, en el seno del expediente de revisión, reclamando en su caso a los proveedores los excesos que se hayan podido producir en su caso". 

Así, Antifraude no acepta las alegaciones emitidas el mes pasado por Presidencia, ya que insiste en que "no hay objetos ni necesidades distintas en las contrataciones".

Además, advierte que "el límite cuantitativo en el período investigado 2018-2023 supera de manera exagerada el límite legal" de la Ley de Contratos del Sector Público".