La reapertura del caso contra Mónica Oltra y otras 15 personas por la desatención administrativa que sufrió la víctima de abusos sexuales de su exmarido solo tiene un final posible: el juicio oral. Así lo advierte el propio auto de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, que avanza que "debe ser el acto del juicio oral donde se dilucide".

Tras esta resolución, el único escenario que libraría a la exvicepresidenta valenciana de sentarse en el banquillo sería la retirada de todas las acusaciones, y la representación de la víctima de los abusos sexuales ya ha confirmado a este periódico que mantendrá su acusación.

Ante el pronunciamiento de la Audiencia de Valencia, el juez Vicente Ríos, según explican a EL ESPAÑOL las fuentes judiciales consultadas, tiene poca maniobra y "por imperativo legal", deberá de continuar el procedimiento y dictar auto de procesamiento.

Por ello, Mónica Oltra solo podría librarse del juicio si todas las acusaciones se retiraran. Pero la víctima seguirá adelante, y las otras dos acusaciones populares son la agitadora de extrema derecha y fundadora de Vox, Cristina Seguí, y la propia formación de Santiago Abascal.

La Audiencia ha estimado parcialmente los recursos de las tres acusaciones porque entiende que no puede "descartarse claramente" la existencia de infracción penal y que, en consecuencia, concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.

La decisión de reabrir el caso se produce contra el criterio de la Fiscalía, que apoyó la decisión del juez Ríos de archivar la causa abierta contra la líder de Compromís por el supuesto ocultamiento del caso de abusos sexuales a la menor por parte de Luis Eduardo Ramírez Icardi, que cumple 5 años de prisión por estos hechos.

El pasado mes de mayo, la Fiscalía rectificó su criterio inicial y rechazó los recursos presentados por las acusaciones contra el cierre del caso acordado por el juzgado. El posicionamiento de la Fiscalía y del juez apuntaba a un posible archivo definitivo, por el que Oltra dimitió de todos sus cargos en junio de 2022, y Compromís planteó su retorno a la primera línea.

El presidente del tribunal que ha tomado la decisión es Pedro Castellano, expresidente de la Audiencia de Valencia y un veterano jurista valenciano vinculado al sector conservador. Actualmente es el presidente la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia.

Recientemente, fue el presidente del tribunal que juzgó al expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana por supuesta corrupción.

Además, fue el magistrado que apoyó el archivo de la causa abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales contra medio centenar de cargos del PP de Rita Barberá. La decisión generó un gran malestar en la Fiscalía Anticorrupción, que intento reabrir el caso con un recurso previsto para casos excepcionales que finalmente no prosperó.

Las acusaciones

Los abusos sexuales a la menor se cometieron cuando la líder de Compromís era la máxima responsable de Igualdad, la conselleria responsable de los menores tutelados. La niña acusó a Oltra de ocultar su caso después de que el líder de la formación de ultraderecha España 2000, José Luis Roberto, se ofreciera a defenderla.

La Fiscalía pidió en 2022 la impuestación de Oltra por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de socorro. Pero en el último informe aportado al juzgado a principios de mayo, el Ministerio Público no observó indicios de criminalidad en ninguno de los investigados.

El juez Ríos, quien en 2022 también solicitó la imputación de Oltra al considerar inevitable su interrogatorio en sede judicial por estos hechos, acordó el pasado 2 de abril el sobreseimiento provisional del caso.

Pero la Audiencia ha empujado al juez a iniciar el proceso que finalmente llevará a juicio a Oltra pese a su oposición.

Se trata de una situación más o menos habitual en los juzgados y que también se ha dado en otros procedimientos con un enorme impacto mediático.

Es el caso de la tragedia del metro de Valencia, en la que 43 personas murieron y otras 47 resultaron heridas.

La juez Nieves Molina archivó el caso y, contra su criterio, la Audiencia de Valencia ordenó su reapertura y llevarlo a juicio.