Se trata de la Diputación de Valencia, que dirige el popular Vicent Mompó, que incluso ha aumentado el presupuesto para el área de memoria para este ejercicio. Concretamente, para este 2024 ha presupuestado un total de 2,05 millones de euros, 103.258 euros más que en 2023. 

De esta partida, destacan los 850.000 euros para ayuntamientos y asociaciones para la recuperación del patrimonio memorialista, la exhumación de trincheras, la rehabilitación de refugios y otras actividades educativas y divulgativas.

Son ayudas de concurrencia competitiva y, según explicaron fuentes de la Corporación provincial a EL ESPAÑOL, para las asociaciones se anticipa el total de la subvención para que puedan ejecutar sus proyectos y no tengan que renunciar a ellos por falta de recursos.

A esta partida se suma otra de 210.000 euros en ayudas directas a ayuntamientos y asociaciones de familiares para la localización, exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil en fosas comunes de distintos cementerios de la provincia.

Una de las fosas de Paterna Diputación de Valencia

En total, el departamento que dirige la vicepresidenta, Natalia Enguix (del partido Ens Uneix), destina 1,06 millones en ayudas directas a ayuntamientos y asociaciones para exhumaciones y dignificación de las víctimas.

El resto del dinero se dedica a reforzar la parte didáctica y de divulgación, y es que la Diputación de Valencia cuenta con publicaciones propias y páginas webs específicas en materia de memoria y archivo, como la digitalización de testimonios de personas mayores que relatan sus vivencias y experiencias.

También desarrollan otros proyectos educativos, como la organización de unos premios de memoria para alumnos de cuarto de la ESO y de Bachillerato.

1.160 personas exhumadas

Desde la creación en 2016 de esta delegación por parte del anterior equipo de Gobierno, la corporación ha invertido más de 4 millones de euros en trabajos de localización, exhumación e identificación de restos de las víctimas, así como en infraestructuras y proyectos memorialistas de dignificación de los represaliados.

En este periodo, según datos facilitados por la Diputación de Valencia, se han exhumado los restos de 1.160 personas y se ha identificado a más de un centenar, con intervenciones en una veintena de municipios. El cementerio de Paterna, conocido como el Paredón de España, es el que más actuaciones acumula. 

"Para nosotros es tan importante contribuir a los trabajos de localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas como la tarea divulgativa de contar la historia tal y como fue, con sus crueldades y sus errores, para que esos errores no vuelvan a repetirse nunca", defiende la vicepresidenta de la Diputación.

En este sentido, Enguix critica que el Gobierno de Pedro Sánchez "no haya desarrollado y aplicado la Ley de Memoria Democrática, que incluye entre otros aspectos un registro de las personas fusiladas durante la Guerra y la Posguerra y facilitar los trámites para obtener la condición de víctima del franquismo". 

"Nada de esto se ha llevado a cabo, como tampoco las ayudas anunciadas de medio millón de euros para proyectos de memoria en la provincia", añade.

Mompó y Enguix en la exposición sobre el franquismo Diputación de Valencia

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha señalado que continuarán trabajando para que "todos los valencianos y valencianas se sientan representados por la institución".

Fuentes de su equipo destacan que el dirigente popular ha afrontado el tema de la memoria histórica "con gran naturalidad" acudiendo a los actos organizados por la delegación, como la doble exposición sobre las fosas del franquismo en la Beneficencia.

Además, subrayan que el presidente "sabe compaginar en todo momento su moderación con la continuidad" de estas políticas y con "la necesidad de una Ley de Concordia".

En este sentido, el propio Mompó defiende que "este país no necesita señalar a nadie", sino que "necesita reconciliarse y pasar página". 

Al respecto, señala que la nueva ley autonómica que deroga la ley de memoria democrática de Ximo Puig y sobre la que sobrevuela un recurso de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo central, "amplía algunos marcos, sobre todo temporales, con el objetivo de ampliar la pluralidad con la que se mira la historia y que, cuando se habla de víctimas, se reconozca que existían en ambos bandos".

En opinión de Mompó, la Ley de la Concordia "no choca con lo que se viene haciendo en la Diputación porque se trabaja con rigor y con el compromiso de buscar la verdad, pese a quien pese".

"La concordia implica precisamente reconocer, proteger y garantizar los derechos de todas las víctimas de violencia política. Es una ley que no suprime nada del anterior texto sobre la Memoria Histórica", añade.

Imagen de las labores en una fosa Diputación de Valencia

En esta línea, no considera contradictorio el trabajo que la Diputación realiza en esta materia con la defensa de una Ley de Concordia que "pretende dignificar a todas las víctimas, sin distinciones ni ideologías".

"Sin ir más lejos, en la Comunitat Valenciana hay once víctimas de ETA con crímenes no resueltos", concluye. 

"Reconocer a todas las víctimas"

Precisamente, el objetivo de la nueva normativa aprobada por las Cortes Valencianas es, según fuentes de Presidencia, "recoger a todas las víctimas de la violencia política y social de nuestro país y, por primera vez, a las víctimas del terrorismo, a las que reconoce nuevos derechos".

La norma se enfrenta a un recurso de inconstitucionalidad que ya ha anunciado el Ejecutivo central, sin embargo, la Generalitat Valenciana está dispuesta a "mejorar" la ley, según confirman estas fuentes a EL ESPAÑOL. 

Se trata de un texto impulsado por Vox en todas las autonomías donde formaba parte del Gobierno. Mazón la hizo suya, y subrayó desde el principio que extendía la protección más allá de las víctimas del franquismo, la cual se mantenía intacta.

En cambio, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, aprovechó la marcha de Vox de los gobiernos autonómicos para considerar que el texto ya no era "una prioridad". En la Comunitat se dio la circunstancia de que la Ley fue votada y aprobada en las Cortes Valencianas justo el jueves en que, ya por la noche, Santiago Abascal anunció su ruptura con el PP.

Presupuesto

En cualquier caso, la Generalitat Valenciana presupuestó para 2024 un total de 1,7 millones de euros para ayudas en materia de memoria democrática. Esto supone aproximadamente un millón menos que en 2023, cuando se presupuestaron un total de 2,76 millones.

Destaca la partida de 600.000 euros para Fisabio para la apertura de fosas y exhumaciones y la de medio millón de euros para la puesta en valor de los lugares de la Memoria y la retirada de los vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura.

También dedicará 300.000 euros para ayuntamientos y asociaciones para localización y exhumaciones, 200.000 para la Universidad de Valencia para la investigación y 150.000 para actividades de promoción y difusión, entre otras. 

Barrera y Mazón el día de la aprobación de la ley el pasado julio José Cuéllar/Corts Valencianes

Fuentes de la Generalitat Valenciana destacan que la Ley de Concordia reconoce el derecho a las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas, lo que supondrá el desarrollo y profundización en políticas que ya desarrolla la Generalitat Valenciana como las exhumaciones en los principales cementerios valencianos y el mantenimiento del convenio con FISABIO.

También destacan que garantiza el acceso a toda la documentación existente sobre las víctimas y establece nuevas garantías para la protección de los lugares objeto de violencia política y social.

"La nueva ley de Concordia establece un marco jurídico estable y suficiente para desarrollar políticas de concordia democrática a través de la vía reglamentaria", añaden dichas fuentes.

En este sentido, subrayan que el trato igual a las víctimas de la violencia social y política de la Comunitat Valenciana "es una obligación internacional conforme a lo dispuesto en la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, que exige un trato igual a las víctimas de vulneraciones de normas de derechos humanos y un acceso igual a la justicia". Citan también que es una exigencia constitucional derivada del artículo 14.