El PP valenciano rechazó las propuesta de Vox en materia de inmigración que incluían otorgar "prioridad nacional" en el reparto de las ayudas públicas o evitar que los barcos de las ONG que "colaboren con el tráfico ilegal de personas" atraquen en puertos de titularidad autonómica.

Esta discrepancia cobra importancia en el actual escenario de minoría parlamentaria para Carlos Mazón, que necesitará los votos de su exsocio en el Consell para sacar adelante los presupuestos autonómicos para 2025.

Precisamente, desde el partido de Santiago Abascal condicionaron su respaldo a las políticas sobre inmigración. La línea roja para "cualquier negociación", según explicaron desde la dirección nacional y ratificó el portavoz parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, será la "lucha contra la inmigración ilegal".

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La diputada del grupo popular Lucía Peral explicó el voto en contra a esta propuesta de resolución al entender que no se puede abandonar y no ayudar a estas personas. Durante su intervención, cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de no tener una política migratoria pese a que las competencias son estatales.

Al respecto, defendió que "nadie podrá acusar a la Comunitat Valenciana de no ser solidaria". "Hablamos de personas, de menores de edad, de los cuales nos tenemos que hacer cargo", añadió.

El hemiciclo de las Cortes Valencianas sin los diputados de la izquierda este viernes. EE

Peral pronunció estas palabras minutos después de que la bronca se apoderara del Parlamento autonómico. La bancada socialista decidió abandonar el hemiciclo para protestar porque se esté intentando silenciar a la oposición, según el síndic del grupo, José Muñoz.

Denunciaron que el PP usara los turnos en contra a las intervenciones de Vox para atacar al PSOE o a Pedro Sánchez. Los diputados de Compromís siguieron su ejemplo y también abandonaron el debate, durante diez minutos.

¿Qué pedía Vox?

En las propuestas resolución registradas tras el debate de Política General, Vox recoge 10 exigencias al Consell de Carlos Mazón y 15 al de Pedro Sánchez en materia de inmigración.

Además de pedir que en la concesión de ayudas públicas "se establezca la prioridad nacional", reclama medidas para "evitar que los barcos de aquellas oenegés que colaboren con el tráfico ilegal de personas atraquen en puertos de titularidad autonómica" y eliminar las subvenciones a estas asociaciones.

También propone que "las personas que hayan entrado ilegalmente" puedan acceder a "las ayudas para la transición a la vida independiente y emancipación recogida en la Ley de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia".

En esta línea, aboga por que se "suprima todo beneficio o ayuda social a los inmigrantes ilegales".

El portavoz del PP, Juanfran Pérez Llorca, en las Cortes Valencianas este viernes José Cuéllar/Corts Valencianes

El grupo parlamentario liderado por José María Llanos pide que se "realicen pruebas forenses y periciales más exhaustivas y por defecto a todos los inmigrantes ilegales que lleguen a la Comunidad Valenciana, con el fin de determinar fielmente su edad".

Derogar la estrategia valenciana de migraciones que impulsó el Ejecutivo de Ximo Puig y la Ley de Integración de personas migrantes son otras de sus exigencias.

Por otra parte, el grupo recoge las propuestas de Santiago Abascal de "consultar al pueblo español un referéndum sobre el modelo de defensa de fronteras que quieren para España".

También piden "destinar el importe de las partidas que financien el acogimiento e integración a trasladar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen o a la ciudad belga de Bruselas, donde se encuentran las élites europeas que alientan y promueven su llegada".

Este desacuerdo entre PP y Vox se produce dos días después de que Mazón y Llanos se prometieran empezar lo que denominaron "la nueva fase de su relación" con voluntad "constructiva".