Recientemente, asistí a un encuentro profesional sobre movilidad donde uno de los participantes, en tono de broma, se refirió a sus competidores empresariales como "enemigos", lo que provocó risas entre el público.

Esto me llevó a reflexionar sobre cómo las diferencias en el ámbito político son percibidas de manera muy distinta. Si un representante político hubiera hecho un comentario similar, probablemente no se habría tomado como una broma, sino como una verdad incómoda.

Creo que las diferencias en política no solo son legítimas, sino que también son esenciales, necesarias, sanas y signo de una democracia madura. Sin estas diferencias, estaríamos condenados a una única versión de la realidad, una sociedad monolítica, sin espacio para el debate y la diversidad, en definitiva, a una realidad en blanco y negro.

Hay un libro infantil, Un Mundo en blanco y negro (escrito por dos valencianos, por cierto), que invita a los niños a valorar el pensamiento crítico, a tener un punto de rebeldía contra un dibujante que borra los colores y a desafiar algunas de las normas irracionales o preestablecidas. Para mí, este espíritu de cuestionamiento y propuesta de cambios positivos es, en esencia, lo que debería representar la política.

Y aunque, como decía, defiendo que las diferencias son legítimas, también rechazo firmemente aquellas que nos empobrecen colectivamente. Rechazo aquellas diferencias ideológicas que nutren el racismo, la desigualdad o simplemente la crueldad, como ha sido, por ejemplo, la postura de Vox en el caso de los menores migrantes, o la que mantiene abiertamente en materia de violencia de género. En definitiva, rechazo aquellas ideologías que, maquilladas de “diferencia”, atentan contra los derechos y la convivencia.

Y en este sentido, creo que a una parte importante de la sociedad le cuesta entender por qué no ha sido el Partido Popular el que ha expulsado a la extrema derecha del Consell por negarse a acoger a 23 menores no acompañados y etiquetarlos como delincuentes, a niños que solo huye de la miseria y la violencia. De hecho, en aquellas instituciones donde Vox no se ha ido, siguen formando parte del Gobierno.

Valencia es hoy la administración más grande de España gobernada junto a la extrema derecha, y su impronta se manifiesta en muchas de sus políticas municipales.

A pesar de esta sombra, todo esto también abre un nuevo marco político. El pasado no se puede cambiar: el PP permitió a Vox entrar en nuestras instituciones municipales y autonómicas y eso es imborrable, pero el presente y el futuro sí.

María José Catalá, como alcaldesa, tiene la oportunidad de decidir de nuevo si quiere seguir gobernando con un partido que distingue, por el color de la piel de los niños, si merecen o no ser acogidos en este país.

Catalá y el partido popular tienen la oportunidad de no aceptar que su ciudad, y también la nuestra y la de todos los que piensan diferente, pero comparten que el racismo nunca puede ser la vía en democracia, tenga la etiqueta de ser aquella que mantiene a un partido de ultraderecha en el poder.

Y para ello, el partido socialista también le ha tendido la mano. Con una premisa: que Vox y también las políticas y posicionamientos ultras salgan de la agenda de esta ciudad. Si el partido popular cierra la puerta a que esta ciudad defina su futuro de la mano de un gobierno enemigo de los consensos básicos, encontrará una oposición constructiva. Una oposición que no está dispuesta a dejar de ser alternativa y oposición, pero sí a pactar políticas concretas que beneficien a la ciudad.

El pasado viernes, el nuevo portavoz Borja Sanjuan le remitió una carta a la alcaldesa para proponerle llegar a acuerdos concretos de ciudad que nos permitan recuperar el tiempo perdido en este último año de políticas de retrocesos y avanzar en la senda de pilares básicos de convivencia.

Estos acuerdos deben responder a los principales retos de esta ciudad, como el modelo de capitalidad verde, las grandes transformaciones urbanas, la vivienda, las políticas feministas, la defensa de las libertades y el respeto a la diversidad, y deben sobrevivir al cambio de gobiernos.

Estoy segura de que esa misma ciudad, que podría ver a los representantes políticos como enemigos, preferiría considerar que fueran sencillamente adversarios. De este modo, la política volvería al terreno de la diferencia de proyectos y modelos, en lugar de perpetuar el ataque institucionalizado a quienes piensan diferente y, en esta deriva, a los más vulnerables.

María Pérez es concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia