Publicada

¿Qué son 225 muertos y 41 desparecidos? Si lo piensan bien las cifras de la DANA son pírricas, mínimas. Compárenlas con los más de 43.000 fallecidos en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra o, si prefieren, con los 600.000 soldados que Rusia ha perdido desde el día que decidió invadir Ucrania. Lo importante de los fallecidos en Paiporta, Utiel, Requena, Sedaví, Algemesí y en otras tantas localidades de Valencia es que son víctimas de una catástrofe natural. Y a diferencia de los diluvios bíblicos, en este caso sabíamos que podía pasar, que podíamos haber hecho más por evitarlo y que por respeto a esos 225 muertos y 41 desaparecidos tenemos la obligación de preguntarnos qué debemos hacer ahora y cómo debemos actuar para evitar que se repita. Por ellos, porque ellos importan y, sobre todo, porque se lo debemos a ellos.

Decía el general Javier Marcos, jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que "España cuenta con un marco normativo que funciona perfectamente", aunque como reconocía José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, "es inaceptable que esto ocurra en 2024".

La morgue y los cementerios demuestran que no podemos, que no debemos permitir que esta catástrofe pase en balde. Tenemos la obligación de crear una 'cultura de la DANA' y por extensión de cualquier catástrofe similar, en previsión y proporciones, que impida en la medida de lo posible las muertes evitables. Previsión y anticipación. Y para ello, estudio, análisis y acción en tres pilares clave: infraestructuras, protocolo y pedagogía.

Qué falló

Nunca nadie jamás pudo evitar una Depresión Aislada en Niveles Altos, lo que ahora se conoce como DANA y que en España siempre hemos llamado Gota Fría. Nadie puede impedir que el cielo descargue 500 litros de agua por metro cuadrado en ocho horas, ni que este agua sature rápidamente el suelo, ni que genere crecidas súbitas en torrentes, cauces y ramblas. Lo que sí podemos evitar o, al menos tratar de controlar, son sus consecuencias.

Urbanismo

Las imágenes vistas este sábado en Valencia y Madrid culpando unos a Carlos Mazón y otros a Pedro Sánchez de lo sucedido en Valencia tienen un punto de razón, pero lo cierto es que la catástrofe comenzó a cocinarse hace mucho tiempo, décadas incluso. Nos referimos al crecimiento de la densidad urbanística de la zona a partir de los años 60 hasta 2015, cuando la Ley del Suelo obligó a los Ayuntamientos a declarar como no urbanizables los terrenos inundables. 

De hecho, la Generalitat ya puso en marcha en 2003 -y actualizó en 2015- el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana o Patricova para establecer directrices y normativas para la ordenación del territorio, considerando la peligrosidad y vulnerabilidad frente a inundaciones. Sin embargo, a nivel nacional el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que regula las zonas asociadas al cauce de los ríos y establece limitaciones a los usos del suelo en dichas áreas y que fue actualizado en 2023, aún permite la construcción de viviendas en zonas inundables.

Por concretar, el experto José María Bodoque señala en The Conversation que "en relación con estos eventos, el principal factor amplificador de pérdidas de vidas humanas y de daños económicos es la urbanización de los espacios fluviales de cauces y ramblas, circunstancia que también se ha dado en la mayoría de los núcleos urbanos afectados por la DANA".

Infraestructuras y mantenimiento

Más allá de que entre un tercio y la mitad de los afectados por la DANA resida en zonas inundables, hay que analizar las actuales medidas de prevención, tanto en la creación como en el mantenimiento de las infraestructuras.

Según explica Federico Bonet, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, "llevamos muchos años que la inversión en obras hidráulicas no ha existido". "Hay muchas actuaciones por hacer, pero llevamos 15 o 20 años sin invertir prácticamente en obras de defensa contra inundaciones", aseguró a RTVE.es. Además, tal y como denunció el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchís (PP), en directo en el programa de Cuatro Todo es Mentira, su consistorio había enviado sendos escritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar en agosto de 2023 y en julio de 2024 alertando del "estado lamentable del río Magro que compromete la seguridad".

Además, tal y como publicó EL ESPAÑOL, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación hidrográfica del Júcar 2022-2027 publicado en enero de 2023 admite que el "encauzamiento, la adecuación y el drenaje" del barranco del Poyo es una de las "medidas estructurales" que "no se han realizado o aprobado los estudios de viabilidad ambiental, de la viabilidad económica y social".

Protocolo

Las alertas de la AEMET; los avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar; el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat; el Centro de Coordinación Operativo Integral (CECOPI), integrado por el propio Carlos Mazón, la subdelegada del Gobierno, la consellera de Medio Ambiente, el subdirector de Emergencias, el presidente de la Diputación de Valencia y representantes de la UME, Protección Civil y Policía; la llamada del secretario de Estado y la participación de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y responsable de la AEMET y la Confederación Hidrológica; los SMS que envió la Generalitat a las 20.00 y a las 20.12 horas; y, por supuesto, la actuación de Pedro Sánchez y del Gobierno central

Felipe VI cogiendo la mano de una vecina de Paiporta afectada por la DANA.

Felipe VI cogiendo la mano de una vecina de Paiporta afectada por la DANA. Gtres

Es decir, al menos siete organismos y otros tantos cargos públicos y políticos de relevancia tomaron parte en el proceso de toma de decisión y en todos ellos se repite una constante en el momento de la rendición de cuentas: 'Nosotros lo hicimos bien, la culpa es de los otros'. Así llevamos 13 días ya, con el penoso espectáculo de Paiporta durante la visita del presidente del Gobierno que sólo salvó el saber estar y la sangre fría de Felipe VI y la Reina Letizia.

Qué hacer ahora

Infraestructuras, urbanismo y obra hidráulica

El profesor de investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Fernando Valladares, cuenta a este periódico que, "con otro ordenamiento de la llanura de inundación, el número de daños hubiera sido significativamente menor".

La solución, expone, no pasa únicamente por nuevos encauzamientos como el Plan Sur, que desvió el Turia a su paso por Valencia. En su opinión, hay que combinar nuevos diseños de ingeniería con una renaturalización de los cauces, pues la vegetación de la ribera absorbe parte del impacto del agua, y con una progresiva desocupación de las zonas más vulnerables.

"Tiene que haber unas medidas de restauración de la vegetación, del cauce, de los meandros, de la naturalidad de la zona en la medida en que se pueda", sostiene. Para él, no es momento para hablar de derribar casas, pero sí de "empezar a movilizar a las personas hacia lugares más seguros".

Por ejemplo, construyendo edificios públicos como polideportivos, centros comerciales o parques, "más alejados de las zonas de riesgo", y facilitar el transporte público. Y recuerda que esto no es "una labor que se haga en un mes, o dos, o tres", sino "de aquí a unos años", logrando "un rediseño en armonía con la naturaleza".

VÍDEO | Paiporta desde el aire: así se ve el municipio valenciano arrasado por la DANA desde un helicóptero de la Guardia Civil

Por su parte, Fernando Prieto, doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid, indica que las actuaciones que hay que promover "desde hoy mismo" son la revisión del sistema de alertas tempranas meteorológicas e hidrológicas, con protocolos estrictos de aviso y de actuaciones para la población, empresas, Administraciones públicas, centros educativos, universidades y otras instituciones.

"Esto tendrá que conllevar indicaciones concretas, señalización de líneas de evacuación, refugios climáticos para inundaciones, etc.", especifica.

Además, ve necesario realizar un etiquetado de los edificios según los diferentes riesgos que presenten. "Esa etiqueta será mucho más útil que la de eficiencia energética de la nevera o de la casa", avisa.

También hay que llevar a cabo una revisión de las infraestructuras, "especialmente las más críticas como sistemas de abastecimiento de agua, depuración, electricidad, etc. que deben adaptarse a las nuevas condiciones climáticas". Y, por supuesto, "fijarse en las poblaciones más vulnerables, que son las que padecen las inundaciones".

Esto, a corto plazo. A medio plazo, Prieto, que forma parte de la red de científicos activistas por el medioambiente Rebelión Científica, indica que es necesaria "una retirada estratégica y retranqueo de ciudades y pueblos en las condiciones que presentan más riesgo, aunque implique un cambio de barrios enteros".

También lo será utilizar sistemas de drenaje sostenible, "eliminando zonas de cemento y asfalto", y renaturalizar y ampliar los cauces de los ríos, "además de determinadas actuaciones puntuales como presas, muros de contención, etc."

Por último, el experto apunta que deben volver a delimitarse las líneas de recurrencia de inundaciones y hacerlas más frecuentes, adaptándose a los nuevos periodos impuestos por el cambio climático. "En la DANA de 2024 se ha visto que más de 16.000 hectáreas fueron inundadas por fuera de la línea de recurrencia de 500 años", recuerda.

El río Magro, el martes 29 de octubre, desbordado por la DANA.

Los planes de protección contra el cambio climático que ha puesto en marcha la Comisión Europea contemplan ya algunas medidas de prevención. Existe una directiva europea que obliga a desarrollar mapas de inundación que sirven para gestionar los riesgos. Una cartografía que se revisa cada seis años.

Se trata de un proceso "no exento de complejidad e incertidumbre que es necesario tratar adecuadamente para su aplicación en la gestión", explica Íñigo Losada, miembro del Comité Técnico de Agua, Energía y Cambio Climático del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

El problema es que en muchas de esas zonas, y en esta DANA se ha visto, están ocupadas por edificaciones. Un proceso que empezó en la Comunidad Valenciana (y en el resto de España) en la década de los 60 y que no se frenó hasta el año 2015, cuando la Ley del Suelo obligó a los Ayuntamientos a declararlos como no urbanizables. 

¿Significa eso que no pueda construirse en ellos? No. Significa que en ellas deberían construirse elementos a los que una riada prácticamente no afectara. Por ejemplo, zonas verdes o zonas deportivas. 

Para el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, lo más importante es que se empiece a gestionar el agua en nuestro país. Para ello "se necesita una gran inversión hídrica ya que 3 millones de personas en España viven en zonas con un grave riesgo de inundación". 

"Tenemos la información para construir las infraestructuras que se requieran" y evitar así desastres como los vividos durante la pasada semana.

Losada, además, recuerda que "buena parte de las infraestructuras existentes fueron diseñadas para unas condiciones climáticas basadas en información histórica relativa a hace décadas". Por tanto, no se corresponden con las que existen en este momento. Unos cambios "que conducen a una reducción de su vida útil y a una pérdida de resiliencia frente a eventos extremos", sentencia. 

Protocolo

1.- Cómo es posible que Valencia cuente sus muertos por centenares si la AEMET lanzó diversas alertas desde varios días antes y la Confederación Hidrográfica del Júcar advirtió del riesgo de desborde de la presa de Forata.

2.- Cómo es posible que las alertas de la AEMET fuesen rojas por la mañana y se previese que pasaran a naranja desde las 18.00 horas de ese fatídico 29 de octubre tal y como narró Carlos Mazón.

3.- Cómo es posible que la Confederación activase y desactivase la alerta por desbordamiento hasta en tres ocasiones.

4.- Cómo es posible que la consejera responsable de emergencias de la Generalitat desconociera que tenía a su alcance el sistema ES-Alert para lanzar un SMS de aviso a la población.

5.- Cómo es posible que ese mensaje no llegara antes de las 20.00 horas, cuando muchos ciudadanos ya tenían el agua mucho más arriba de su cintura.

6.- Cómo es posible que el Ejército tardase días en desplegarse pese a la evidente magnitud de la catástrofe y la incapacidad de los servicios de emergencia de la Comunidad Valenciana y la UME para hacer frente a tanta devastación y muerte.

7.- Cómo es posible que el Gobierno de Pedro Sánchez no tomase el mando único y decretase el estado nacional de emergencia ante la envergadura de la situación.

8.- Cómo es posible que, en resumen, un país como España evidencie tantas carencias de gestión al mismo tiempo y por parte de varias administraciones del Estado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Centro de Emergencias de la Generalitat valenciana.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Centro de Emergencias de la Generalitat valenciana. EFE

Más allá de las verdades absolutas, cada cual tendrá sus teorías y sus culpables favoritos, pero lo cierto es que el protocolo de emergencias actual ha fracasado estrepitosamente por mucho que cada uno de sus eslabones afirme haber funcionado correctamente y señale a otro en el momento de dar la cara. El protocolo de actuación ha sido lento, complejo y, sobre todo, ineficaz, lo que obliga a replantearse si es el protocolo correcto.

Cuando la Unión Europea solicitó a los estados miembros, entre ellos España, dotarse del sistema de envío de Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA) lo hizo para que se dotasen de un Sistema Nacional de Alerta Pública a imagen y semejanza del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, un organismo nacional al servicio de múltiples autoridades, tanto las centrales como las locales e incluso supranacionales extendiéndose a varios países del Caribe.

Desde su primer mensaje lanzado allá por 2012, Estados Unidos presume de haber lanzado más de 70.000 alertas -desde los avisos por huracanes o tornados a las llamadas 'amber alert' por niños perdidos.

La gran diferencia reside en que la Europa de los 27 puso un sistema nacional en manos de las entidades locales y en España el responsable final de lanzar estos mensajes -no son SMS propiamente dichos sino mensajes de radio- son los servicios de Protección Civil de las comunidades autónomas sometidas a sus administradores, es decir, a los presidentes autonómicos y sus consejeros. En resumen, políticos con asesoramiento técnico, con inputs de diversas agencias estatales controladas por otras administraciones y que no son responsables finales de la decisión.

En este sentido, quien mejor ha verbalizado la posible solución ha sido Emiliano García Page, quien ha pedido la creación de una autoridad independiente ajena a la política para ponerse al frente de la gestión de las catástrofes naturales en España.

Según el presidente de Castilla-La Mancha es necesario poner en marcha esa autoridad u organismo independiente para liderar la gestión de los grandes desastres naturales de una forma completamente ajena a la confrontación partidista. Esa figura de autoridad debería tener el objetivo de conseguir una "interferencia política cero" a la hora de tomar las decisiones y actuar de forma independiente con diligencia y eficacia, lo que eliminaría el choque entre administraciones municipales, autonómicas y centrales y evitaría el penoso reparto de culpas vivido tras la DANA de Valencia.

Todas las agencias estatales y autonómicas, ya fueran meteorológicas, hidrológicas, vulcanológicas o, solo por seguir con la enumeración, de gestión de residuos nucleares, informarían a esa autoridad independiente integrada por especialistas y tecnócratas que tomarían la decisión que considerasen oportuna independientemente de la movilización de recursos de las administraciones que eso implicara.

Pedagogía

El gran marco detrás de catástrofes como la DANA de Valencia es el cambio climático. Entre otras cosas, el aumento de la temperatura superficial del Mediterráneo a lo largo de los años es gasolina para la gota fría: a más calor, más vapor de agua en el aire que, al chocar con las corrientes frías que vienen del norte de Europa, descargan en poco tiempo una cantidad de agua cada vez mayor. Y este pasado mes de octubre, explicaba el meteorólogo Samuel Biener a EL ESPAÑOL, "la temperatura del Mediterráneo estaba en torno a 2 y 2,5 ºC por encima de lo habitual en esta época del año, con lo que tenemos gasolina de primera".

Los primeros estudios han vinculado esta DANA intensificada con el aumento global de emisiones contaminantes. Un trabajo publicado por Climameter muestra que los eventos climáticos de este tipo descargan un 15% más de agua (7 mm por día) en la costa levantina al comparar las últimas dos décadas del siglo XX con las dos primeras del siglo XXI.

Un escenario climático aterrador y en crescendo que obliga aún más a saber que las DANAS forman parte de la cotidianidad en la Comunidad Valenciana y que cada año estarán más presentes, por lo que los ciudadanos no podemos comportarnos como lo hacíamos hasta ahora.

La inmensa mayoría de ellas no tienen consecuencias y las peores generan pequeñas inundaciones que no llegan a lo dramático. Un aviso por DANA en la costa mediterránea sólo provoca una leve alteración de las costumbres. Los vecinos sacan los coches de los garajes en previsión de que estos puedan inundarse y los horarios de escuelas y comercios se alteran levemente. Pero la devastación causada en Valencia obliga a la creación de una 'cultura de la DANA'.

Si más vale prevenir que curar, los avisos por dana deben ser gestionados por los ciudadanos como si todas ellas fueran tan destructivas como la del pasado día 29. La Comunidad Valenciana debe generar una 'cultura de la DANA' similar a la cultura de los huracanes de Florida. Porque el coste económico y en vidas humanas de exagerar la importancia de un aviso será siempre mucho menor que la de infravalorarlo.