"Por el camino correcto". Así resumió el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, la tesis que cargos del PSOE valenciano llevan defendiendo desde que se presentó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el pasado miércoles: que se trata de unas cuentas que tienen en cuenta el peso poblacional de la Comunidad Valenciana, y que, según llegó a decir el conseller de Hacienda, Vicent Soler, "son sensibles con las necesidades de los valencianos".
¿De todos los valencianos? Según la realidad de las cifras, no. A la espera de las enmiendas, Alicante será el año que viene, el primero de la recuperación tras la pandemia, la provincia de España con menor inversión por habitante de toda España, y la única con menos de 100 euros por cada censado: 97,7 euros, casi 20 menos que la siguiente clasificada, Navarra (116,6). En Valencia la aportación será de 320,4.
El salvavidas de Puig es un fondo de 300 millones de euros, aún por suscribir, con el que supuestamente se compensará esta "menor aportación" a Alicante. Se trata de una bolsa extraordinaria, destinada a políticas innovadoras y de movilidad sostenible, con el que contarán por primera vez las comunidades autónomas.
Pero eso no elimina el problema fundamental: que la provincia "no puede depender de la solidaridad del Gobierno valenciano" para parchear los síntomas de una doble infrafinanciación que va más allá de la media nacional para instalarse directamente en el vagón de cola, según defienden fuentes empresariales consultadas por El Español. Y hablando de una provincia que, además, "es la quinta del país en población".
El discurso político se cae
El movimiento del Gobierno de España y la reacción del PSOE supone, además, una enmienda a la totalidad del relato del centralismo de Puig, al demostrar que no aplica dentro de su propio territorio los mantras que repite respecto a la capitalidad de Madrid.
Solo hay que fijarse en el reparto de inversiones dentro de la propia Comunidad. Según los PGE de 2022, los ciudadanos de la provincia de Valencia triplican en inversiones a los de Alicante, algo que también sucede con los de Castellón (335,8) por habitante). Aún así, miembros socialistas del Botánico y cargos del partido celebran el proyecto de Presupuestos Generales del Estado como si no hubiese un desequilibrio territorial notable y Alicante no aportase casi el 35% del PIB autonómico.
El factor PP
¿Existe algún motivo para esta menor aportación? Pues en primer lugar es evidente que existe una diferencia política fundamental entre las tres provincias. La Diputación de Alicante es el gran feudo del PP en la Comunidad, y su presidente, Carlos Mazón, fue elegido el pasado mes de junio líder de los populares en todo el territorio valenciano.
Desde entonces la hostilidad desde Valencia se ha acentuado, hasta el punto de que el Consell trató de dinamitar la convención que el PP celebró en Valencia a principios de octubre con una nota de prensa institucional en la que recordaba la corrupción de épocas pasadas.
De hecho, el agravio presupuestario ha servido a Mazón para tomar la iniciativa política y proponer por carta a Puig presentar juntos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, al asegurar que existe un "déficit del sistema de financiación autonómica" que afecta a la Comunidad y que las cuentas propuestas supondrán un freno para la recuperación tras la pandemia.